José Félix Tezanos [1]
La Constitución española de 1978 tiene previsto un mecanismo para hacer frente a situaciones de crisis como las que se acaban de vivir. Este mecanismo es la moción de censura constructiva, que posibilita sustituir a un Presidente de Gobierno, que no tiene o que ha perdido el apoyo social y político mayoritario, por otro candidato o candidata que tenga el respaldo de la mayoría absoluta (mitad más uno) del Parlamento español.
Se trata de un procedimiento que no puede ser más democrático, más garantista y más fiable para resolver de manera concreta problemas políticos concretos.
Tal mecanismo se ha aplicado varias veces durante los cuarenta años de democracia por candidatos alternativos y por partidos que entendían que era precisa su aplicación. Sin embargo, esta es la primera vez que ha tenido éxito, debido a razones bien específicas. Por mucho que algunos medios de comunicación social y algunos partidos políticos no estén contentos con el resultado que se ha producido. Algo que ha dado lugar a unas coincidencias, cuanto menos sorprendentes y que nadie podría haber augurado hace unos años.
Las sobreactuaciones y las reacciones airadas de determinados líderes de la derecha, empezando por el propio concernido (el expresidente Mariano Rajoy), revelan problemas serios que no procede analizar aquí en este momento, y que denotan una insuficiente consistencia y madurez democrática.
La cuestión de fondo, que afecta a la gobernabilidad de España, es la fragmentación política existente, que obedece a diversas causas sociales y políticas y que da lugar a una notable dificultad para que las urnas arrojen el resultado de una mayoría absoluta inequívoca a la que se atribuya automáticamente la función de gobierno, como ocurría en el pasado. Esto es lo que ha sucedido exactamente en las dos últimas elecciones que se han celebrado en España en 2015 y 2016 respectivamente.
Tales circunstancias impidieron formar gobierno en el año 2015, obligando a una repetición de las elecciones, e impidieron en 2016 una formación automática de gobierno mayoritario. De hecho, el último gobierno de Mariano Rajoy se ha sustentado en una minoría del 33 % de los votos, es decir, solo un tercio; con dos tercios del electorado que no apoyó al PP en 2016. Minoría de respaldo que muy verosímilmente ha ido acentuándose durante los últimos meses del gobierno del Partido Popular, hasta llegar a contar en estos momentos con un apoyo social efectivo inferior al 25 % de la población española.
El gobierno saliente de Mariano Rajoy es cierto que en la sesión de investidura contó también con el apoyo de Ciudadanos y de Coalición Canaria, lo cual totalizaba poco más del 46 % de los votos. Es decir, también una minoría, aunque importante, de la opinión pública. Por eso, no deja de ser sorprendente que algunos cuestionen ahora que Pedro Sánchez y el PSOE no tengan el respaldo directo de la mayoría de la población, aunque en el Congreso la opción de Pedro Sánchez haya recibido el respaldo de una mayoría cumplida de diputados (180 respecto a 170 que tuvo Rajoy en su momento), que representa a más de doce millones de votantes. Lo que nadie debiera considerar despreciable. Sobre todo, nadie que tenga un mínimo sentido democrático.
La falta de sensibilidad social del gobierno del PP, y otros problemas de gestión y de falta de sintonía con la calle, también habían conducido antes de la moción de censura a una pérdida muy notable de respaldo efectivo del gobierno del PP. Falta de respaldo que podía identificar cualquiera que tuviera una mínima capacidad de observación, sin necesidad de recurrir a encuestas y otros instrumentos de medida más o menos sofisticados y precisos.
A esta crisis de pérdida de apoyos sociales, e incluso de dificultades para poder elaborar un presupuesto de gobierno propio, se ha ido añadiendo progresivamente el poso de la explicitación y publicitación de distintos casos de corrupción interna –incluso orgánica− según afloraban un cúmulo importante de informaciones y causas judiciales. Lo cual multiplicaba los motivos de desafección y pérdida de apoyo del gobierno del Partido Popular.
A esta situación, sin duda inquietante y problemática, se unió recientemente una ola de indignación y de desprestigio adicional con motivo de la primera sentencia del caso Gürtel –solo una de las primeras de esta macro causa−, que sancionaba un proceder irregular y delictivo por parte del PP y su estructura de financiación.
La solución a la que se ha llegado con la moción de censura no puede negarse que es una solución razonable y necesaria a partir del contexto que se está viviendo en España. Una solución y una salida que fue perfectamente prevista por los constituyentes y que ahora ha demostrado su buena funcionalidad. Lo que sería motivo más que razonable para que todos estuviéramos satisfechos con nuestro sistema democrático y con su capacidad para encontrar soluciones cuando estas son necesarias. Esto implica un triunfo de la democracia y un respeto a la opinión pública.
Y, sobre todo, se trata de una solución que representa un sentir muy mayoritario de nuestro Parlamento y, por lo tanto, de la mayoría sociológica de España, que es netamente de izquierdas y de centro-izquierda; pareciendo lo más lógico y concordante democráticamente que un país con mayoría sociológica de izquierdas tenga también un gobierno de esta orientación. ¿Se puede pedir más democracia?
- José Félix Tezanos es director de la Fundación Sistema
