La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) informa de que el 27 de diciembre de 2019, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) estimó una denuncia por el caso de una ciudadana cordobesa que sufrió rotura de los huesos nasales durante una detención en comisaría.
Cuando fue detenida, la denunciante no presentaba lesión alguna, pero sí a la salida de la comisaría, donde fue recogida por una ambulancia tras llamar la afectada a los servicios sanitarios, ante la negativa de la propia Policía a hacerlo, según la denuncia planteada por la entidad andaluza
Ni el Juzgado de Instrucción sobre el que recayó el caso, ni la Audiencia Provincial ni el Tribunal Constitucional reconocieron vulneraciones de derechos. Frente a ello, el Comité contra la Tortura ha considerado que «el Estado parte (España) no proporcionó información suficiente que permita concluir que las lesiones no fueron causadas durante la detención». Esta consideración hace presumir que se causaron durante su detención.
De igual forma, el CAT aprecia en su resolución contra España, como ya hizo en anteriores ocasiones, las «dificultades para recibir atención médica durante la detención policial y las deficiencias en la calidad y precisión de las evaluaciones forenses», por lo que en este supuesto, también se incumple la obligación del Estado de asegurar la asistencia médica.
Tal y como señalan desde la Asociación, “la práctica de torturas y malos tratos no es algo esporádico o incidental en España. En el año 2014 el Estado reconoció al CAT que entre 2009 y 2012 se habían abierto 4211 procedimientos penales a funcionarios por torturas, de los que solo veintinueve fueron condenados».
Es la cuarta condena que el CAT hace a España por casos individuales, en todos ellos por investigaciones inadecuadas; en dos de ellos tras alegaciones de tortura en detenciones incomunicadas y en el tercero, por pinchar un bote salvavidas de inmigrantes causando la muerte de uno de ellos.
En este cuarto supuesto, como confirman desde el área de cárceles de la Asociación, “la condena no es por falta de investigación, sino por la existencia de tratos crueles y por falta de atención médica”.
Como afirman desde la entidad, “la actual condena a España considera que el sistema no ha dado respuesta adecuada a la denuncia planteada y, por ello, tras declarar violados diferentes artículos de la Convención contra la Tortura, insta al Estado a que proporcione a la denunciante una reparación plena y adecuada por los sufrimientos que le han causado, incluidas medidas de indemnización por los daños materiales y morales causados, y medidas de rehabilitación”.
Además, solicita al Estado español que “tome las medidas necesarias, incluyendo adoptar medidas administrativas contra los responsables, e impartir instrucciones precisas a agentes de policía en las comisarías, para evitar que se cometan infracciones semejantes en el futuro».
