Amnistía Internacional ha hecho pública una nueva investigación en el 12º aniversario de la retirada de las tropas españolas de Irak en la que sostiene que la investigación militar sobre esos hechos no ha sido exhaustiva, y en consecuencia lanza una campaña dirigida a la Fiscalía General para que la causa se transfiera a la justicia ordinaria y continúe la búsqueda de la verdad.
Después de tener acceso a parte del expediente, incluidos los autos, de las supuestas torturas cometidas por soldados españoles contra dos prisioneros en una celda de “Base España” en Diwaniya (Irak) en 2004, Amnistía Internacional señala las irregularidades producidas en la investigación llevada a cabo por la justicia militar, a pesar de haberse reconocido las torturas en sede judicial.
La organización publica un nuevo informe titulado “Torturas cometidas por soldados españoles en Irak: 12 años sin justicia” que revela una sucesión de irregularidades en la investigación militar sobre un caso llevado a sede judicial de torturas presuntamente cometidas por soldados españoles durante una operación militar en el extranjero y cuya consecuencia ha sido contribuir a crear un clima de impunidad.
A tenor de la documentación analizada por Amnistía Internacional, la investigación no ha cumplido con las exigencias de exhaustividad contempladas en los estándares internacionales. Por ejemplo, en opinión de la organización, se ha descartado sin motivo razonable el testimonio de una persona que vio la grabación original sin pixelar, lo que le permitió reconocer a algunos de los presuntos autores. Además, se han descartado injustificadamente otros elementos de prueba que podrían haber llevado a la identificación de los responsables y no se ha hecho todo los posible por identificar a las víctimas. Estas irregularidades llevaron a que la investigación militar resolviera en septiembre de 2015 sobreseer el caso de forma provisional, sin cumplir con el deber de exhaustividad de conformidad con los estándares internacionales.
“Esta es una mancha en el historial del Ejército español. No se han hecho todos los esfuerzos para identificar a víctimas y responsables de los abusos. Si no se hace justicia, estos actos de tortura planearán sobre la actuación de las tropas españolas”, declara Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
El periódico El País publicó en 2013 un vídeo donde se ve a cinco soldados españoles propinar patadas e infligir malos tratos a dos prisioneros que estaban bajo su custodia en el Centro de Detención que mantenían en Irak, en 2004. Los rostros de los soldados españoles aparecen pixelados en dicho vídeo.
Amnistía Internacional se reunió en febrero pasado con la Fiscal General del Estado y la Fiscalía Togada y solicitó que la investigación pasara a la jurisdicción ordinaria. En caso de que esta solicitud fuera rechazada, la organización insistió a la Fiscalía en que debe asegurar que la investigación no se cierra, que los hechos son investigados de forma imparcial e independiente y, llegado el caso, que los responsables son procesados.
La Fiscal tomó en consideración las preocupaciones de Amnistía Internacional y, pasados unos días, remitió un detallado informe sobre el caso en el que daba validez y avalaba la investigación militar y el sobreseimiento provisional del caso, algo con lo que Amnistía Internacional está en desacuerdo, a pesar de valorar el interés de las autoridades.
En opinión de la organización, las irregularidades detectadas confirman una preocupación más general de Amnistía Internacional que indica que este tipo de investigaciones no deben llevarse a cabo en la justicia militar. La justicia ordinaria es la más indicada para resolver este proceso. La organización lanza una campaña dirigida a la Fiscal General para que transfiera la causa a la justicia ordinaria y anima a la ciudadanía a sumarse a través de su centro de activismo on line.
Esta petición se sustenta en estándares internacionales. Tanto el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas como el Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas han señalado que las personas acusadas de tortura no deben ser juzgadas por tribunales militares.
En la misma línea, el Comité de Derechos Humanos de la misma organización recomienda que se enmiende la ley para limitar la jurisdicción de los tribunales militares al enjuiciamiento de personal militar solamente acusado de delitos de carácter exclusivamente militar.
“Solo así se impediría que se mantenga un clima de impunidad que dura ya más de diez años en relación a crímenes de derecho internacional como son la tortura u otros malos tratos, que entre otras características, no prescriben nunca. Las víctimas tienen derecho a recibir una reparación adecuada por parte del Estado y los responsables, si se confirma su culpabilidad, deben cumplir con la sanción que les corresponda”, asegura Esteban Beltrán.
Irregularidades en la investigación militar
La Fiscalía Militar asegura que no hay testigos válidos que afirmen que se produjeron los malos tratos y las torturas. Centra su argumento en la falta de testigos directos. La información extraída por la organización contradice este punto. De hecho, además de contar con el testimonio del soldado que grabó el vídeo de las torturas (aunque luego se desdijo), existe el de otro militar que lo visionó y que pudo identificar a varios de los responsables y cuyo testimonio se ha desestimado.
Según la documentación en poder de la organización, estos dos testigos podrían haber sufrido amenazas para retirar su testimonio y no contar lo que sabían. Las amenazas a uno de los testigos no fueron investigadas por haber prescrito y las amenazas al otro testigo, en opinión de la organización no han sido investigadas exhaustivamente (la fiscalía militar ni siquiera estuvo presente cuando se le tomó declaración por estos hechos).
Además de estos testimonios, se cuenta con la identificación de la celda donde se cometieron las agresiones, la acreditación documental de detenidos iraquíes en el período en que sucedieron los hechos e intervenciones telefónicas de personas implicadas en el caso y sus familiares al respecto de las supuestas torturas. Indicios que no parecen haber sido investigados adecuadamente al declararse el sobreseimiento del caso.
Por si fuera poco, ha desaparecido el libro de registro de detenidos en Irak, lo que hubiera facilitado la identificación de los detenidos, otro de los principales argumentos esgrimidos por la justicia militar para sobreseer el caso.
Según la información que tiene Amnistía Internacional, ni la Fiscalía militar ni el juez han procurado aclarar cómo o por qué se produjo su pérdida y en consecuencia, no se han depurado responsabilidades que se derivarían de la misma, tal y como establece la normativa internacional.
En el Informe remitido a Amnistía Internacional, la Fiscalía asegura que la información que pudiese contener el libro de registro de detenidos estaría cubierta por otra proporcionada por el Estado Mayor del Ejército de Tierra. Si así es, Amnistía Internacional cuestiona por qué no se ha empleado esta información para llevar a cabo diligencias que permitieran identificar a las víctimas.
Como conclusión, Amnistía Internacional recuerda que, tanto en España como en cualquier otro lugar del mundo, los tribunales militares no reúnen las condiciones de independencia e imparcialidad que son requeridos para la investigación de crímenes de derecho internacional e insiste en su petición de llevar este caso a la justicia ordinaria.
En caso de que esta remisión se deniegue, debería asegurarse una investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente sobre los actos de tortura cometidos en Irak por soldados españoles considerando todas las pruebas e indicios sobre la comisión de estos graves delitos.
Información de contexto
El repliegue de las tropas españolas de Irak, prometido por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras ganar las Elecciones de 2004, se inició el 26 de abril y culminó en julio de aquel año.
En 2014 el Ministerio de Defensa anunció el despliegue de 300 militares españoles en Irak, en Bagdad y Besmayah, que trabajan actualmente en el marco de la coalición internacional para contener el avance del autodenominado Estado Islámico (EI) impartiendo formación en materia de operaciones especiales, contraterrorismo, desactivación de explosivos y zapadores a las tropas y fuerzas de seguridad iraquíes.
En 2013, Amnistía Internacional se dirigió al ministro de Defensa Pedro Morenés para pedirle una investigación en jurisdícción ordinaria sobre los posibles crímenes de derecho internacional cometidos en Irak por tropas españolas, en cuanto al trato dispensado a los detenidos; y en particular a raíz de la publicación del vídeo de El País. La respuesta del ministro fue apoyar la investigación de la justicia militar.
Entre 2004 y 2006, Amnistía Internacional se dirigió a los anteriores ministros de Defensa, José Bono y José Antonio Alonso, requiriendo información sobre la actuación de las tropas españolas con relación a las personas detenidas en Irak durante el conflicto armado, aludiendo a las denuncias de torturas y malos tratos contra detenidos iraquíes, incluido el caso del traductor Flayeh al Mayali, publicadas en diversos medios de comunicación. Ambos ministros negaron que se hubieran producido.
En concreto en el año 2006, fuentes del Ministerio de Defensa informaron a Amnistía Internacional que en el caso de los enfrentamientos entre fuerzas españolas y elementos hostiles, no se había realizado ninguna investigación posterior a los hechos por no haberse apreciado ninguna actuación incorrecta, ni vulneración de las Reglas de Enfrentamiento que regulaban la operación.
Amnistía Internacional sigue esperando que las autoridades informen sobre el destino y paradero de las 111 personas detenidas en Irak por las fuerzas españolas, de las cuales 78 habrían sido entregadas a la policía iraquí y 33 al Centro de Confinamiento de la Coalición en Bagdad.
