La primera reunión del presidente del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy con los sindicatos y los empresarios sorprendió a muchos por la rapidez de su convocatoria y, en no menor medida, por los escasos resultados obtenidos, al margen de la voluntad y de la declaración solemne de las partes de seguir apostando por el diálogo social, escribe Antón Saracíbar[1] en sistema Digital.
Todo indicaba que el Gobierno, sin mayoría en el Parlamento, estaba dispuesto a hacer algunas concesiones a los sindicatos ante la fuerte presión que ejercía la oposición, en asuntos relacionados con la legislación laboral y, en todo caso, en asuntos que no tuvieran gran repercusión en el gasto fiscal, en su afán por secundar los planteamientos y exigencias de Bruselas relacionados con el déficit público, al amparo recurrente del techo de gasto y el recurso al Tribunal Constitucional.
Ante semejante fracaso, los sindicatos reaccionaron con prontitud y contundencia denunciando la continuidad de la política económica y social y, más en concreto, la posición regresiva del Gobierno en torno a la reforma laboral, el SMI y la protección social (pensiones, dependencia y seguro de desempleo). La única concesión de Rajoy fue su disposición a asumir y llevar a la práctica un hipotético acuerdo entre los sindicatos y la CEOE sobre materias que, precisamente, fueron aprobadas unilateralmente por su anterior Gobierno. Rajoy sabe que será difícil que la CEOE pacte con la UGT y con CCOO eliminar los puntos más controvertidos de la reforma laboral, el aumento de las pensiones y de la protección por desempleo y, mucho menos, la referencia salarial reivindicada por los sindicatos (1,8 % al 3 %) para el año 2017.
Como respuesta a la actitud de Rajoy, los sindicatos convocaron concentraciones en las capitales de provincia para el próximo día 15 de diciembre y una gran manifestación para el día 18 en Madrid, en coherencia con la defensa de un sindicalismo de base, pegado a la realidad de las empresas y al sentir mayoritario de los trabajadores (“las peleas con los empresarios no se ganan pisando moquetas ni tampoco en los despachos…”). Sin embargo, estas movilizaciones no están exentas de riesgos, sobre todo después de la experiencia del movimiento sindical francés (en el verano pasado) en contra de su reforma laboral (ley El Khomri): “las huelgas y las grandes movilizaciones generales tienen un gran efecto mediático pero escasa influencia real en el adversario…” Lo que está obligando a los sindicatos a preparar a conciencia la protesta del 18-D, con el propósito de que las movilizaciones sean ampliamente secundadas por los trabajadores y conseguir así sus justas reivindicaciones.
Para ello los sindicatos cuentan con el apoyo explícito del PSOE y de Podemos, que han prometido participar en las movilizaciones programadas. Por lo tanto, estamos ante la primera experiencia de unidad de la izquierda y de los sindicatos en la etapa moderna -en su oposición a la política económica y social del Gobierno- y en la primera protesta conjunta del PSOE con Podemos y los sindicatos. En todo caso, el reto de los sindicatos tiene relación directa con la acción sindical en torno a una negociación colectiva muy maltratada por la reforma laboral. Por eso, y al margen de las dificultades, es fundamental fortalecer la negociación colectiva en todos los ámbitos sectoriales y territoriales, articulando para ello los convenios a todos los niveles (de arriba hacia abajo). Además, los sindicatos deben trabajar a fondo para dotar de un mayor contenido a la negociación colectiva (superando su secular empobrecimiento y el destacado protagonismo que tienen los salarios en la actualidad), además de mejorar la cobertura de la negociación colectiva para que todos los trabajadores estén amparados por un convenio.
Por eso, se debe hacer hincapié en apoyar el convenio nacional de sector y mantener la ultra actividad, con el fin de evitar la fragmentación del mercado de trabajo; abordar el mantenimiento del empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo; revisar los sistemas de contratación para reducir la precariedad de nuestro mercado de trabajo (temporalidad y trabajo a tiempo parcial); y, finalmente, apoyar la salud laboral, la cualificación profesional, la solución de conflictos y la participación de los trabajadores en la toma de decisiones en las empresas (democracia económica), entre otras materias. En definitiva, los sindicatos tienen que apostar con firmeza por la consolidación de un modelo de relaciones laborales basado en la autonomía colectiva de las partes y en los convenios nacionales de sector, única manera de superar la relación individual defendida por los empresarios (relegar al sindicato a los centros de trabajo) y evitar la indefensión de los trabajadores; puesto que, dada la debilidad y la relación de fuerzas del movimiento sindical en España, sería ilusorio pretender desarrollar acuerdos equilibrados para los trabajadores en las empresas…
No será nada fácil que se acepten las reivindicaciones sindicales; simplemente porque los enemigos de los sindicatos son muchos y poderosos. Al margen de la actitud beligerante del Gobierno, las reivindicaciones sindicales no serán asumidas por la UE, tampoco por Ciudadanos, los poderes fácticos y, sobre todo, por los empresarios en general. La CEOE, amparándose en la actual legislación laboral, se opondrá a cualquier propuesta de modificación, que pretenda reducir sus privilegios en materia de negociación colectiva; se opondrá también al incremento salarial propuesto por la UGT y CCOO; al SMI aprobado por la mayoría de la oposición parlamentaria; a eliminar las bonificaciones a la Seguridad Social y las desgravaciones fiscales que disfrutan los empresarios; así como a colaborar activamente para erradicar el fraude fiscal y la economía sumergida.
La CEOE nunca ha estado interesada en el cambio de nuestro modelo productivo, en dimensionar las plantillas de las pequeñas empresas, en apoyar la investigación, la introducción de nuevas tecnologías y mucho menos en exigir la Responsabilidad Social (RS) a las empresas y esforzarse en modernizar nuestro tejido industrial para facilitar que nuestras empresas sean más competitivas en un marco globalizado. Como se viene demostrando desde hace años, la CEOE lo viene fiando todo a los bajos salarios, a la baja protección social y al alto índice de desempleo y de precariedad de nuestro mercado de trabajo (dumping social). Por eso, cuando en la actualidad se alzan voces pidiendo la adaptación y modernización de los sindicatos, estas mismas voces deberían analizar también la escasa participación de la CEOE y de muchas empresas en la modernización del tejido social de nuestro país y su exagerado y recurrente recurso a la precariedad (temporalidad) para evitar los contratos fijos y a tiempo completo.
Por eso, en la actual situación, el firme apoyo del PSOE y de Podemos a las movilizaciones es una decisión esperanzadora, sobre todo teniendo en cuenta los problemas que aquejan a un partido (el PSOE) dividido entre sus dirigentes y una aparente mayoría de sus afiliados que están en estos momentos estudiando qué hacer ante el futuro próximo. Efectivamente, las dos partes en litigio están velando sus armas de cara al próximo congreso ordinario (previsiblemente se celebrará antes del verano). Ambas partes tienen dificultades para nominar a sus candidatos porque, tanto Susana Díaz como Pedro Sánchez, han salido muy malparados del último comité federal del PSOE y deben decidir si dan definitivamente el paso al frente o buscan a otros candidatos que defiendan sus posiciones. En cualquier caso, todo indica que se presentarán cuando menos dos candidatos que confrontarán en las próximas Primarias. El secretario general elegido en Primarias deberá ser ratificado por el congreso ordinario que, a su vez, elegirá al nuevo equipo de dirección y aprobará las resoluciones en torno a la política socialdemócrata, el modelo de partido, el cambio climático y, finalmente, el debate territorial, con la esperanza de que la nueva comisión ejecutiva integre a miembros de las partes enfrentadas, lo que debería poner fin al conflicto actual y dar paso a una nueva etapa donde se trabaje por mejorar la escasa credibilidad que tiene actualmente el PSOE delante de los ciudadanos.
El Gobierno, ante la protesta organizada por los sindicatos, ha reaccionado con inusitada rapidez, acordando con el PSOE el techo de gasto de las CCAA y un incremento notable del SMI-2017 del 8% (si bien alejado de las reivindicaciones sindicales). El acuerdo menosprecia a Ciudadanos; deja en fuera de juego a Podemos; golpea la proposición de ley sobre el SMI aprobada por toda la oposición; evita que los sindicatos negocien el SMI para el año 2017; representa un considerable avance en el proceso encaminado a aprobar los PGE-2017; y, finalmente, resucita el bipartidismo duramente combatido en los últimos años, además de generar expectativas sobre la duración completa de la legislatura. Al margen de la cintura del Gobierno y del triunfo que ello representa para el PP, la actitud del PSOE ha sido confusa, cuando no contradictoria, sin que ello signifique que tenga que renunciar a hacer oposición y echarse en brazos del PP. Por eso, en estas circunstancias, el PSOE ha tenido que dar explicaciones a los sindicatos y las debe dar también al resto de la oposición, porque estos cambios de rumbo siempre producen dudas sobre el comportamiento que pueda tener en la manifestación programada para el 18-D y sobre su apuesta por futuros acuerdos que ratifiquen su compromiso con la socialdemocracia y, desde luego, con los más desfavorecidos.
No es extraño que estos acontecimientos estén abriendo nuevamente el debate sobre el comportamiento y la credibilidad del PSOE. Debemos recordar que muchos esperan con ilusión que el día 18-D confirme el necesario entendimiento en el seno de la izquierda y de ésta con los sindicatos (los sindicatos no han desaparecido como algunos afirman), lo que debería servir para que Rajoy tome nota de la desfavorable relación de fuerzas que tiene en el parlamento. En cualquier caso, el riesgo de que el PP amague, una vez más, con el miedo y con el posible adelanto de las elecciones generales, no debería de ninguna manera hacer mella en la firme voluntad de la izquierda y de los sindicatos por construir un mundo mejor, menos desigual, más justo y más solidario…
- Antón Saracibar, dirigente sindical, exsecretario de Organización de la UGT.
- Publicado inicialmente en Sistema Digital
