En su posición sobre la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación, aprobada por 448 votos a favor, 102 en contra y 75 abstenciones este martes 3 de octubre 2023, el Parlamento Europeo quiere obligar a los Estados miembros a que garanticen el pluralismo de los medios y a que protejan su independencia frente a injerencias gubernamentales, políticas, económicas o privadas.
Además de prohibir todo tipo de injerencia en las decisiones editoriales de los medios de comunicación, los eurodiputados también quieren evitar que se ejerza presión externa sobre los periodistas, como acceder a contenido cifrado en sus dispositivos, obligarlos a revelar sus fuentes o atacarlos con programas espía.
Según los eurodiputados, el uso de programas espía solo puede ser una medida de «último recurso», caso por caso, y si una autoridad judicial independiente lo permite para investigar un delito grave (como terrorismo o trata de personas).
Transparencia sobre la propiedad
Para valorar su independencia, el Parlamento quiere obligar a todos los medios de comunicación (incluidas las microempresas) a publicar información sobre su estructura de propiedad.
Los eurodiputados también quieren que los medios de comunicación, incluidas las plataformas en línea y los motores de búsqueda, informen sobre lo que ingresan por publicidad pública y sobre cualquier apoyo financiero público, también de países que no pertenecen a la UE.
Decisiones arbitrarias de las grandes plataformas
Para garantizar que las decisiones de las plataformas en línea de muy gran tamaño sobre moderación de contenidos no afecten negativamente a la libertad de los medios de comunicación, los eurodiputados piden que se cree un mecanismo para gestionar las órdenes de retirada de contenidos.
Según los eurodiputados, las plataformas primero deben procesar las declaraciones para distinguir los medios de comunicación independientes de los no independientes. A continuación, se debe notificar al medio de comunicación la intención de la plataforma de eliminar o restringir su contenido y brindarle un plazo de veinticuatro horas para responder.
Si después de este tiempo la plataforma aún considera que el contenido no cumple con sus términos y condiciones, este podrá eliminarse, restringir el acceso al mismo o remitir el caso a las entidades reguladoras nacionales para que tomen la decisión final sin dilación.
No obstante, si el medio considera que la decisión de la plataforma no está fundamentada suficientemente y socava la libertad de prensa, podrá llevar el caso ante un organismo de resolución de disputas no judicial.
Viabilidad económica
Según los eurodiputados, los Estados miembros deben garantizar que los medios de comunicación públicos cuenten con una financiación adecuada, sostenible y previsible asignada a través de presupuestos plurianuales.
Para que los medios de comunicación no dependan de la publicidad estatal, proponen limitar la publicidad pública asignada a un único prestador de servicios de comunicación, plataforma en línea o motor de búsqueda, que no podrá rebasar el quince por ciento del presupuesto total de publicidad asignado por la autoridad en un país de la UE determinado.
Los eurodiputados quieren que los criterios para asignar fondos públicos a los medios de comunicación estén disponibles públicamente.
Control independiente de la UE sobre los medios
El Parlamento también desea que el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación —un nuevo órgano de la UE creado mediante la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación— sea jurídica y funcionalmente independiente de la Comisión.
Los eurodiputados también abogan por un «grupo de expertos» independiente que represente al sector de los medios de comunicación y a la sociedad civil para asesorar a este nuevo Comité.
Declaración de la ponente
En el debate antes de la votación, Sabine Verheyen (PPE, Alemania) declaró: «No debemos pasar por alto el preocupante estado de la libertad de prensa en todo el mundo, una tendencia que también afecta a Europa. Los medios de comunicación no son un negocio más. Más allá de su dimensión económica, contribuyen a la educación, el desarrollo cultural y la inclusión. Protegen derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información. Con su propuesta, el Parlamento logra un hito legislativo importante en defensa de la diversidad y la libertad en el panorama mediático y de los periodistas y para la protección de nuestras democracias.»
Ahora que el Parlamento ha fijado posición, ya pueden comenzar las negociaciones con el Consejo (que acordó su posición en junio de 2023) sobre la forma definitiva de la ley.
Preocupación ciudadana
Con esta posición, el Parlamento responde a las demandas de los ciudadanos presentadas en las conclusiones de la Conferencia del Futuro de Europa, en particular, en la propuesta veintisiete sobre medios de comunicación, noticias falsas, desinformación, verificación de hechos, ciberseguridad (apartado 1.2), y en la propuesta 37 sobre información a los ciudadanos, participación y juventud (apartado 4)
