El comité español de representantes de personas con discapacidad, (CERMI), ha reclamado a los grupos políticos con representación parlamentaria, que no asocien en las propuestas legislativas los términos, discapacidad y edad avanzada con la regulación de la eutanasia.
«Estas decisiones voluntarias acerca de la opción de finalizar con la vida, son circunstancias personales que no han de tener especial relevancia en el régimen jurídico que se otorgue a este asunto», añaden. La vida de las personas con discapacidad y también de las personas mayores, es igualmente valiosa que la del resto de los seres humanos y la respuesta normativa se ha de dar en función de las mayorías sociales y políticas. Nunca deben estar basadas ni orientadas sobre aspectos como la edad o la discapacidad dado que ello sería constitutivo de discriminación y de prejuicios sociales propios de otros tiempos, personas que aún perciben las vidas de las personas con discapacidad o de edad avanzada como de menor valor que las del resto.
Ante las distintas iniciativas legislativas que se están produciendo en la últimas semanas en relación con el estatuto legal de la eutanasia en nuestro país, el movimiento social de la discapacidad exige que no se incurra en el simplismo sesgado de vincular las situaciones de discapacidad o edad avanzada con las decisiones personales sobre el final de la vida, como si se tratara de una regulación particularmente pensada para estos grupos sociales», indica el Cermi en una nota.
Consideran pues que un futuro régimen legal en materia de decisión voluntaria sobre el final de la vida sería considerado contrario e incompatible con los derechos humanos y se vulneraría la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad vigente actualmente en España.
Hay que garantizar la voluntad de las personas eso sí, plenamente informadas, y que libre, madura y conscientemente opten sin presiones por realizar esta práctica si ese fuera su deseo. En este supuesto, es necesario que las personas con discapacidad y mayores, tengan siempre medidas de accesibilidad así como apoyos, medios y recursos de forma que puedan hacer la elección con todos los datos necesarios. De ser así, estarían en su completo derecho como una persona más joven o sin discapacidad.
