Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas han expresado consternación por la decisión del Tribunal Constitucional de Perú de restablecer un indulto presidencial que pone en libertad al expresidente Alberto Fujimori, informa IPS desde Ginebra.
«Las víctimas de las violaciones de los derechos humanos han esperado durante mucho tiempo que se haga justicia, y esta decisión representa un doloroso retroceso para ellas», dijeron los expertos, que actúan bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en esta ciudad suiza.
Previamente habían condenado la medida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones internacionales defensoras de esos derechos, como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW).
Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, fue condenado a veinticinco años de prisión en 2009 por crímenes de lesa humanidad bajo el derecho internacional, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas y secuestros.
Su condena, «tras un proceso judicial que cumplió con las normas nacionales e internacionales de un juicio justo, ha sido elogiada internacionalmente y considerada un importante logro en la lucha contra la impunidad», recordaron los expertos de la ONU en una declaración.
Se prevé que el expresidente, quien también tiene condenas por corrupción durante su mandato, salga de prisión este jueves 24 de marzo 2022, después de cumplirse trámites administrativos.
En 2017, el entonces presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski indultó a Fujimori invocando razones humanitarias debido a la avanzada edad del exgobernante, y la CIDH expresó «serias preocupaciones» sobre el cumplimiento de los requisitos legales en la concesión del indulto presidencial.
En 2018, la Corte Suprema de Perú revocó el indulto, lo que provocó el regreso a prisión de Fujimori, quien presentó en 2021 un recurso de habeas corpus para anular esa revocatoria.
El pasado 17 de marzo el Tribunal Constitucional aceptó el habeas corpus, con una decisión de tres magistrados a favor y tres en contra –un séptimo miembro falleció recientemente-, desempatada con el voto del presidente del cuerpo colegiado, Augusto Ferrero.
Los expertos de la ONU sostienen que «a menos que se justifique por razones claramente aceptables según el derecho interno e internacional, la anulación de los efectos de la sentencia representaría un grave golpe a la justicia y al estado de derecho, y una violación del derecho a la justicia de las víctimas y sus familias».
La decisión del Constitucional «parece ser inconsistente con los estándares internacionales de derechos humanos que restringen el uso del indulto en casos que involucran crímenes de lesa humanidad», dijeron los especialistas.
«Solo las enfermedades terminales de resolución inminente pueden dar lugar a la concesión de indultos; sin embargo, tales beneficios no pueden otorgarse en respuesta al mero paso del tiempo, la edad de la persona, o la situación general física o mental propias de la edad», señalaron.
En esos casos, «los Estados deben garantizar el derecho a la salud a través de prestaciones médicas ofrecidas en las prisiones, o facilitando el traslado a centros médicos especializados, y el señor Fujimori disfruta de unas condiciones de detención adecuadas en la prisión de Barbadillo (Lima)», agregaron.
Restringir el uso de beneficios procesales a responsables de graves violaciones a los derechos humanos es necesario, según los expertos, «para que no tenga el efecto de hacer ilusoria la justicia penal y minar la confianza de las víctimas y de la sociedad en el estado de derecho y en las instituciones de gobierno».
Finalmente, dijeron que no está claro cómo afectará la decisión del Constitucional a las acusaciones y juicios pendientes contra Fuimori, incluidos los relativos a la matanza de Pativilca de 1992 y a las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres, en su mayoría indígenas, ejecutadas como una política de su gobierno.
La condena que cumplía Fujimori se le dictó por la masacre de quince personas en Barrios Altos y la desaparición forzada y ejecución de diez estudiantes universitarios en La Cantuta, ambos hechos en el área de Lima durante su gobierno, así como por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.
Suscribieron el texto los expertos de la ONU Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Morris Tidball Binz, relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
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