La ministra de Justicia de Italia anunció el inicio de una investigación sobre las escuchas telefónicas de los fiscales sicilianos al menos a quince periodistas que informaban sobre la migración en la región del Mediterráneo central, informa la Federación Internacional de Periodistas (FIP-EFJ)
La FIP se une a su afiliada italiana, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) para condenar esta grave violación de los derechos profesionales fundamentales de los periodistas y apoya la próxima investigación.
El 2 de abril 2021, el periódico italiano Domani reveló que los fiscales de la ciudad sureña de Trapani, Sicilia, intervinieron cientos de conversaciones telefónicas entre reporteros y voluntarios mientras investigaban la posible participación de oenegés en el tráfico de personas.
Los fiscales escucharon en secreto cientos de conversaciones telefónicas entre periodistas y sus fuentes, en una clara violación de su derecho a la confidencialidad profesional y la protección de las fuentes.
Tras los informes de los medios de comunicación, la ministra de justicia italiana, Marta Cartabia, inició formalmente una investigación y envió inspectores a investigar las presuntas violaciones graves de los derechos de los periodistas.
A la periodista independiente Nancy Porsia le pincharon el teléfono durante varios días, lo que provocó que se recopilaran los datos personales y los nombres de sus fuentes, al tiempo que se hacía un seguimiento de sus movimientos mediante la función de geolocalización de su teléfono móvil.
La FNSI, junto con organizaciones por la libertad de los medios, dirigieron una carta al gobierno italiano y funcionarios de la Unión Europea instando a una «investigación rápida y sistemática» para ayudar a «reconstruir la confianza y garantizar que todos los periodistas, fuentes y profesionales del derecho en Italia estén protegidos».
El caso también fue denunciado a la Plataforma del Consejo de Europa para la Protección del Periodismo.
La secretaria general de la FNSI, Raffaelle Lorusso, agradeció a la ministra Marta Cartabia el enviar inspectores a la Fiscalía de Trapani: «es necesario arrojar luz sobre un asunto perturbador e inaceptable. No basta con decir que las interceptaciones serán destruidas, es necesario aclarar y explicar por qué varios periodistas no investigados por ningún delito han sido sometidos a interceptación, pisoteando el artículo 21 de la Constitución y el derecho a la protección de las fuentes».
El secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, ha declarado que «el derecho de los periodistas al secreto de las fuentes está reconocido como merecedor de protección por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y nadie puede simplemente ignorarlo por ningún motivo. Nos solidarizamos con los periodistas afectados e instar a las autoridades italianas a garantizar que esto no vuelva a suceder. La protección de las fuentes es la piedra angular de la libertad de prensa».
