Amnistía Internacional ha hecho publicas las conclusiones de un informe que indica que en Francia se ha abusado reiteradamente de los poderes concebidos para combatir el terrorismo con el fin de restringir manifestaciones pacíficas.
A right not a threat: Disproportionate restrictions on demonstrations under the State of Emergency in France revela que se han dictado cientos de medidas injustificadas que limitan la libertad de circulación y el derecho de reunión pacífica con el pretexto de la lucha contra el terrorismo.
“La leyes del estado de excepción destinadas a proteger al pueblo francés de la amenaza del terrorismo se están utilizando en cambio para restringir sus derechos a manifestarse de manera pacífica”, afirmó Marco Perolini, investigador de Amnistía Internacional sobre Francia:
“Con el pretexto del estado de excepción se está eliminando el derecho a la protesta y se ha prohibido injustificadamente participar en manifestaciones a cientos de activistas y defensores y defensoras del medio ambiente y de los derechos laborales.”
Tras los atroces atentados de París del 13 de noviembre de 2015, el estado de excepción en Francia —introducido un día después— se ha renovado cinco veces, normalizando una serie de medidas invasivas como los poderes para prohibir manifestaciones por motivos imprecisos y para impedir la participación en manifestaciones. La semana pasada, el presidente Macron indicó que pediría al Parlamento prorrogar el estado de excepción por sexta vez.
El estado de excepción permite a los prefectos prohibir cualquier concentración como medida cautelar alegando motivos amplios e imprecisos de “amenaza para el orden público”. Estos poderes para limitar el derecho a la libertad de reunión pacífica se han utilizado con frecuencia de manera desproporcionada.
Entre noviembre de 2015 y mayo de 2017, las autoridades utilizaron los poderes de excepción para dictar 155 decretos que prohibían reuniones públicas, además de proscribir decenas de manifestaciones utilizando la legislación ordinaria francesa. También impusieron 639 medidas para evitar que personas concretas participaran en reuniones públicas, 574 de las cuales iban dirigidas a personas que protestaban contra las reformas propuestas a la legislación laboral. Además, según información publicada en los medios, las autoridades impusieron decenas de medidas parecidas para impedir que las personas participaran en manifestaciones tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de mayo.
Una persona que se manifestaba a favor de los derechos laborales dijo a Amnistía Internacional: “Da la impresión de que utilizan todos los medios a su alcance para atacar a quiénes son más activos en el movimiento”.
A Charles, un joven estudiante que vive en París, le prohibieron participar en dos manifestaciones contra la reforma laboral alegando que había sido arrestado previamente durante una manifestación, aunque no se presentaron cargos contra él. Charles dijo a Amnistía Internacional: “Me acusaron de ser uno de los manifestantes violentos… Siento que me han tratado como a un terrorista, como a alguien peligroso”.
Estas restricciones infringen la presunción establecida en el derecho internacional de que debe asumirse que una manifestación es pacífica a menos que las autoridades puedan demostrar lo contrario. Las manifestaciones se perciben como una amenaza en potencia en lugar de como un derecho fundamental.
Muchas personas han continuado manifestándose, desafiando las restricciones bajo el estado de excepción, pero quienes se han enfrentado a las restricciones se han encontrado a menudo con un uso excesivo o innecesario de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Se han utilizado porras, balas de goma y gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos que no parecían amenazar el orden público.
Si bien algunas personas que participaron en estas reuniones públicas cometieron actos violentos, centenares de manifestantes —si no miles— sufrieron heridas a manos de la policía. Street Medics, movimiento informal de personas que prestan primeros auxilios, calculó que, sólo en París, unos 1000 manifestantes sufrieron heridas a manos de la policía durante las manifestaciones contra la reforma laboral. Amnistía Internacional ha visto imágenes de vídeo que muestran como cuatro policías propinan patadas y golpes con porras a Paco, estudiante de 16 años, antes de arrestarlo. Dos testigos dijeron a Amnistía Internacional que Paco no estaba participando en actos violentos cuando le atacó la policía.
Jean-François, estudiante de 20 años que perdió el ojo izquierdo al recibir un disparo de la policía con una bala de goma, dijo a Amnistía Internacional: “Estoy muy enfadado. Antes yo confiaba en la policía”.
“Al bajar drásticamente el listón para restringir el derecho a la libertad de reunión pacífica, el estado de excepción francés ha dado lugar a un flagrante uso indebido de lo que se había planteado como medidas excepcionales para combatir el terrorismo. Personas que ejercen pacíficamente su derecho de reunión se han visto atrapadas en una burda red antiterrorista”, dijo Marco Perolini.
“Durante la campaña electoral, Emmanuel Macron prometió proteger el derecho a la libertad de manifestación en Francia. Ahora que ha asumido la presidencia, debe pasar de las palabras a los hechos. El nuevo presidente y los sindicatos ya han marcado las líneas del frente sobre la reforma laboral, y ahora Emmanuel Macron debe dejar de utilizar de forma indebida los poderes antiterroristas para limitar las protestas pacíficas y acabar con la peligrosa y vertiginosa espiral de Francia hacia un estado de excepción permanente.”
Información complementaria
El estado de excepción en Francia permite a los prefectos prohibir cualquier concentración como medida cautelar alegando motivos amplios e imprecisos de “amenaza para el orden público”. Estos poderes para limitar el derecho a la libertad de reunión pacífica se han utilizado con frecuencia de manera desproporcionada.
Las autoridades también han justificado las prohibiciones a las concentraciones públicas alegando que carecen de suficientes recursos policiales para mantener el orden público. Según las autoridades, sus recursos deben emplearse de forma prioritaria en contrarrestar la amenaza de ataques violentos contra el público. El uso por la policía de estrategias que exigen importantes recursos para contener a manifestantes pacíficos pone en duda esta explicación.
Los observadores de Amnistía Internacional participaron en una manifestación pacífica el 5 de julio de 2016 en París en la que la policía acorraló a centenares de personas en el puente de la Concordia durante varias horas, una táctica que requiere recursos policiales considerables.
