La misión independiente de Naciones Unidas (ONU) sobre Birmania ha pedido este lunes 27 de agosto de 2018 que Consejo de Seguridad denuncie ante el Tribunal Penal Internacional (CPI) o, alternativamente, se cree un tribunal especial para investigar la limpieza étnica que han sufrido los rohinyás en Birmania.
Cuando se ha cumplido un año de la ofensiva del ejército contra la minoría musulmana de los rohinyás, obligada a exiliarse masivamente –al menos 700 000 hombres, mujeres y niños- en Bangladesh, la misión de Naciones Unidas sostiene que el estado mayor birmano ha querido aniquilar a los rohinyás y ofrece como prueba un terrorífico listado de la actuación de los militares birmanos, desde mayo de 2017, en los estados de Shan, Kachin y Arakan:
“civiles ejecutados, mujeres violadas, pueblos incendiados, desapariciones forzosas, torturas, esclavitud»
Según Naciones Unidas, los soldados birmanos han utilizado toda la panoplia del horror, todo lo que prohíbe el derecho internacional, para exterminar a la minoría musulmana. «Y no se trata de actos aislados, es un plan imaginado al más alto nivel y ejecutado etapa tras etapa”, escriben en la página web de la emisora Radio France Internationale (RFI).
De todo ello, la misión de la ONU, que estima que la cifra de 10 000 muertos avanzada por Médicos sin Fronteras (MSF) se queda corta, señala como responsables al jefe del ejército, el general Min Aung Hlaing, y cinco militares birmanos de alta graduación, y pide que se les juzgue por “genocidio”, “crímenes contra la humanidad” y “crímenes de guerra”.
El informe llega aún más lejos al establecer que el ejército ha contado con la complicidad del gobierno civil, y acusa de silencio culpable a Aung San Suu Kyi, la dirigente birmana Premio Nobel de la Paz 1991 que permaneció en arresto domiciliario desde 1990 –cuando la Junta Militar anuló las elecciones que había ganado el partido Liga Nacional para la Democracia (LND), del que era Secretaria General- hasta 2010, por no hacer nada para impedir la persecución de los rohinyás, a pesar de la autoridad moral que le da ser la jefe del gobierno: “Por sus actos o sus omisiones, las autoridades civiles han contribuido a la perpetración de crímenes atroces”, determina el informe aunque sus redactores son conscientes de que el gobierno birmano tiene “poco margen de maniobra” frente a la actuación del ejército” y de que “nada indica que haya participado en la planificación o ejecución de operaciones de seguridad, o que formaran parte de la estructura del mando militar”.
El informe señala también directamente a Facebook, que cuenta en Birmania con 12 millones de abonados, por haber colaborado como instrumento en “la propagación del odio”, al suprimir decenas de cuentas. En respuesta, el mismo lunes la red social anunciaba la clausura de la cuenta del general Min Aung Hlaing
