Greenpeace ha presentado el informe “Las trampas del carbón”, en España, en el que denuncia que las ayudas al carbón le han costado a los ciudadanos más de 32 mil millones de euros y en el que destaca las facilidades legales que se dan en el país para alargar la vida contaminante de las centrales térmicas de carbón.
Las centrales tienen hasta el 1 de octubre de 2015 para optar a una de las dos excepciones, ya sea al Plan Nacional Transitorio o a la Excepción por Vida Útil Limitada (EVUL). De las 19 grandes instalaciones de combustión que utilizan carbón en España, 17 han decidido acogerse a alguna excepción para el cumplimiento de las emisiones contaminantes. Un total de 6 centrales se han sumado a las dos excepciones, pese a que según la decisión de Ejecución de la Comisión Europea, por la que se establecen las normas relativas a los planes nacionales transitorios, sólo se pueden acoger a una. Con estas excepciones pueden ser más contaminantes y postergar la incorporación de medidas para el cumplimiento ambiental.
«Las centrales térmicas españolas siempre se han ido acogiendo a las excepciones previstas por la normativa europea, retrasando así la reducción de emisiones de contaminantes que tantos perjuicios provocan a la salud y al medio ambiente» ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace.
Daño económico y a la salud pública
La quema de carbón además de ser es el combustible fósil más contaminante y responsable de aproximadamente el 70% de las emisiones de CO2 de todo el sector de producción de electricidad, es responsable de unos 3.700 millones de euros anuales en costes de la salud en España, que pueden alcanzar entre 4.337 millones de Euros a 11.884 millones si llega a aplicarse el Plan Nacional Transitorio español que iría de 2016 a 2020.
Tanto las centrales que queman carbón autóctono como las que queman carbón de importación se han beneficiado de numerosas ayudas y subvenciones que, junto con los ingresos que recibieron debido al normal funcionamiento del mercado eléctrico, supusieron un importe de más de 10.600 millones de euros. En concreto, el carbón autóctono, sólo durante el periodo 2011-2014, se ha beneficiado de 1.300 millones de euros por el mecanismo de Restricción por Garantía de Suministro (RGS) que tenía como finalidad incentivar el uso del carbón autóctono en la generación de electricidad. A esto hay que sumar las ayudas a la extracción de mineral que desde el año 1992 han alcanzado los 22 mil millones de euros. A día de hoy, estos subsidios le han costado a los ciudadanos más de 32 mil millones de euros.
“Al final, todos estos costes repercuten en todos los ciudadanos, ya que mientras que las ayudas a la extracción han ido con cargo a los Presupuesto Generales del Estado, es decir los pagamos con nuestros impuestos, las ayudas a la quema de carbón las hemos pagado los consumidores a través tanto de la tarifa eléctrica como de nuestra salud”, ha declarado Nuño.
Un gasto innecesario
En el año 2014, la producción de energía eléctrica con carbón en el sistema peninsular ascendió un 13% con respecto a la producción en 2013, siendo el único combustible fósil que aumentó su producción. De hecho, durante 2014 España fue el único país de la UE que aumentó su producción de energía con carbón. Datos recientes de REE muestran cómo la producción de energía con carbón, durante el período de enero a julio de 2015, aumentó en un 42% con respecto al mismo período del año anterior.
El informe presentado hoy por Greenpeace analiza la situación de las centrales térmicas de carbón en España y demuestra que no son necesarias para garantizar la seguridad de suministro del sistema eléctrico español. Actualmente en España hay un exceso de capacidad eléctrica instalada de unos 12.000 MW, las centrales térmicas de carbón tienen una potencia instalada de 11.482 MW, por lo que aún prescindiendo absolutamente del carbón para producir electricidad no se vería afectada la seguridad de suministro.
Greenpeace pide al Gobierno y a los principales partidos que se presentan en las próximas elecciones generales que trabajen seriamente en un plan justo con fecha de cierre para todo el carbón en España, por ser una fuente de energía inviable económicamente, innecesaria, perjudicial para la salud e incompatible con la lucha contra el cambio climático.
«El uso del carbón choca frontalmente con los objetivos que han de conseguirse en la Cumbre climática de París (COP 21) el próximo diciembre para asegurar que nos mantenemos lo más alejado posible de un aumento de temperaturas de 2ºC, o incluso 1,5ºC. El gobierno de España tiene que aprobar nuevas políticas climáticas y energéticas que garanticen el abandono del carbón y nos sitúen a la cabeza de Europa en la lucha contra el cambio climático» ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio climático de Greenpeace.
Greenpeace demanda al gobierno de España:
Concretar un plan con fecha de cierre progresivo para el año 2025 de las térmicas de carbón en España que incluya el descenso paulatino del uso del carbón y la transformación justa para todos los trabajadores del sector.
Garantizar que todas las centrales térmicas cumplan estrictamente los límites de emisión según la normativa europea aplicable en cada fecha y que las que no los vayan a cumplir sean obligadas a cerrar antes de 2023.
Eliminar todas las subvenciones a las energías sucias e ineficientes, incluyendo los incentivos procedentes de fondos públicos a la inversión medioambiental, por ser un mecanismo supeditado a la continuidad de uso de combustible fósil, y establecer un calendario de abandono progresivo de las mismas.
Apoyar en la cumbre del clima de París en diciembre de 2015 un compromiso de emisiones cero y un sistema energético 100% basado en energías renovables para el año 2050.
