Ileana Alamilla[1]
Las declaraciones de las autoridades deslindando las muertes de su ejercicio como profesionales de la información y el desinterés generalizado por la situación de inseguridad en la que tenemos que vivir nos mueven a denunciar públicamente, tanto en el país como a nivel internacional, la actitud del gobierno ante su principal responsabilidad: garantizar la vida y la seguridad de las personas.
El lunes fue asesinado Carlos Alberto Orellana Chávez, locutor y periodista, director del noticiero local Noticias y Más, que se transmite en Optimo 23, un canal de televisión por cable, en el departamento de Suchitepéquez.
Los restos del colega fueron encontrados con un balazo en el cráneo, en la finca Villa Linda, en San Bernardino, y según las primeras investigaciones, la víctima había sido secuestrada. La noticia nos encuentra todavía de luto por la muerte violenta de tres profesionales de la información, dos asesinados en Jutiapa, Jaime Napoleón Jarquín y Luis Alberto Lemus Ruano; Luis Lima, ultimado en Zacapa, y hoy, Orellana Chávez. Además del grave atentado sufrido por el corresponsal de varios medios nacionales Fredy Rodas, quien afortunadamente se salvó. El supuesto sicario fue detenido en Mazatenango, pero hasta el momento no se conoce ni el móvil del delito ni quienes más están involucrados en el mismo. Es justo reconocer que se puso empeño en el esclarecimiento de dicho atentado, pero no es suficiente, tenemos que saber qué es lo que está sucediendo con estos ataques, quiénes son los responsables y cuáles son los motivos, y, lo más importante, que avancen las investigaciones y se someta a la justicia a los culpables.
Con esta muerte ya superamos este año a nuestro vecino Honduras, donde dos periodistas han sido asesinados, e incluso a México, en donde cuatro colegas perdieron la vida a manos de criminales. Este daño a nuestro gremio es ya irreversible y los mensajes que se están enviando con estas muertes, si no se aclaran, se pueden interpretar como una intención de silenciar a la prensa.
No satisfacen las declaraciones oficiales. El ministro de Gobernación no es el indicado para asegurar que los ataques son de tipo personal. El ente encargado de la investigación es el Ministerio Público, trabajo que debe llevar a cabo de forma seria, responsable y con sentido de proceso. Las hipótesis deben ser comprobadas. Desestimar a primera vista los móviles de un crimen es imprudente. Necesitamos saber de la fuente idónea y sobre la base de las averiguaciones comprobadas si efectivamente nuestros colegas están siendo víctimas del clima de inseguridad en el que vivimos y que este gobierno no ha sido capaz de controlar o son ataques dirigidos contra la prensa.
Este gobierno ya tiene el estigma de la muerte de periodistas; del 2003 a la fecha han sido asesinados 22, cuatro este año.
Hemos enviado alertas internacionales y una vez más exigimos que las autoridades cumplan con su obligación de combatir la violencia, y en nuestro caso, de impulsar un mecanismo de protección.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
