La creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas refleja el vuelco civilizatorio que Luiz Inácio Lula da Silva pretende promover en su tercer gobierno en Brasil, que comenzó este domingo 1 de enero con una llamada a la unión nacional en «un frente amplio contra la desigualdad», informa Mario Osava (IPS) desde Río de Janeiro.
«Triunfamos en las elecciones para combatir la desigualdad y esa será la marca de mi gobierno», afirmó Lula en un discurso emocionado delante de las cerca de cuarenta mil personas que pudieron asistir a los actos delante del palacio del Planalto, sede de la presidencia.
El izquierdista Lula, de 77 años, lloró al detallar la pobreza y el hambre visibles actualmente en las ciudades del país, con imágenes como un niño pidiendo ayuda con un cartel en los semáforos o mujeres buscando huesos en las carnicerías para tener alguna proteína para sus hijos.
Una gran movilización colectiva contra «todas las formas de desigualdad», desde el racismo a los contrastes económicos y la violencia contra la mujer, pidió el nuevo presidente, tras señalar que el ingreso de los cinco por ciento más ricos equivale al de los demás 95 por ciento de la población nacional y que cien ricos concentran el patrimonio de cien millones de pobres.
Además de las inequidades, la diversidad fue tema central del primer día de Lula de su tercer mandato como presidente de Brasil. Ya había tomado posesión en enero de 2003 y de 2007, sumando ocho años de un gobierno considerado exitoso en reducir la pobreza, el hambre y la deforestación amazónica.
El mismo acto en la sede de la presidencia tuvo un gesto simbólico. La banda presidencial le fue entregada por un grupo representativo de la diversidad social y de los sectores más vulnerables de la población brasileña.
Líderes indígenas con Lula
El cacique Raoni Metuktire, histórico líder del pueblo kaiapó y de la resistencia indígena, se destacó con sus adornos típicos, como el tocado y el labio agrandado por un disco, al lado de una mujer y un niño negros, otra mujer blanca y dos discapacitados.
La mujer negra, que vive de buscar material reciclable en la basura, puso la banda presidencial en Lula. Sustituyó al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien se negó a participar en el traspaso de mando. Dos días antes dejó el país y viajó a Orlando, en el sureste de Estados Unidos, donde pretende pasar por lo menos el mes de enero.
En el discurso tras asumir formalmente la presidencia, en el Congreso Nacional, ante una veintena de mandatarios extranjeros, Lula ya había mencionado el combate a las desigualdades y al hambre como una de las prioridades en sus cuatro años de gobierno.
Descartó en revanchismo, pero sostuvo que deben pagar por sus delitos los responsables del gobierno anterior por la «demolición» de políticas sociales y los desmanes que resultaron en graves daños para la sociedad, como el «negacionismo» en el combate a la pandemia de la COVID-19.
«Reconstrucción» es la consigna ante la demolición a que fueron sometidas políticas públicas, algunas iniciadas en sus dos cuatrienios anteriores en la presidencia (2003-2010), como la que sacó Brasil del «mapa del hambre» de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la que multiplicó la cantidad de universitarios.
Amenazados de etnocidio
Pero es en relación a la población indígena que su gobierno representa un salto histórico, un cambio absoluto en relación a la gestión de Bolsonaro.
De amenazados de etnocidio durante el gobierno cesante de extrema derecha, los indígenas brasileños ascienden al poder y se hacen conductores de su propio destino.
La titular de la nueva cartera es Sonia Guajarara, elegida como diputada en octubre y quien antes fue la coordinadora general de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), que amplió la acción política de los pueblos originarios, incluso con acciones propias contra la COVID-19 ante la omisión del gobierno de Bolsonaro.
Es la primera vez que una indígena asciende a ministra en Brasil. Además, la Fundación Nacional del Indio (Funai) cambiará su nombre a Fundación de los Pueblos Indígenas, y también por primera ocasión será presidida por una indígena, la diputada Joenia Wapichana, quien no logró su reelección en octubre.
La hasta ahora Funai es el órgano gubernamental que ejecuta la política indigenista oficial y tiene papel decisivo en la demarcación de territorios a que tienen derecho los pueblos originarios, de acuerdo con la Constitución, y en vedar o autorizar proyectos que pueden afectar grupos indígenas.
Pero nunca antes los gobiernos atendieron el viejo reclamo de los pueblos indígenas, de dirigir la institución que cuida de sus intereses.
Ni siquiera Lula en sus gobiernos anteriores, cuando etnias afectadas no consiguieron impedir grandes proyectos que provocaron graves daños a sus vidas, como la central hidroeléctrica de Belo Monte, la tercera más grande del mundo, en la Amazonia Oriental.
Lula reconoció, en sus dos discursos de toma de posesión, que los indígenas son los mejores «guardianes de nuestros ríos y bosques», necesitan y tienen derecho a sus territorios demarcados y compensaciones por «la deuda histórica» de la sociedad brasileña con ellos.
Bolsonaro anunció, al tomar posesión de la presidencia en enero de 2019, que no demarcaría «un centímetro siquiera» de tierras indígenas y lo cumplió. Además promovió la invasión de los territorios ya demarcados por mineros informales («garimpeiros») e ilegales en su mayor parte.
Además pretendía abrir tales territorios a otras actividades que amenazan el modo de vida indígena, como agricultura de monocultivo, de soja incluso, minería industrial y extracción maderera.
En la visión de Bolsonaro, los pueblos originarios deberían «ser como nosotros», adherir a la explotación de sus tierras como ya es tradicional para los blancos. Se trata de una antigua política de aculturación, ya sobrepasada desde los años sesenta o setenta en Brasil y que al final corresponde al etnocidio, a la desaparición de los indígenas como etnias propias.
Indígenas representan preservación ambiental
El reconocimiento del derecho indígena a la tierra y a «su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones», como fija la Constitución, así también al papel ambiental de los indígenas, refleja una nueva actitud del gobierno hacia la naturaleza, particularmente en la Amazonia, y la biodiversidad.
Brasil buscará «la deforestación cero y el carbono cero» en su gobierno, prometió Lula, al reconocer que territorios indígenas demarcados contribuyen a esa meta.
En este país de 215 millones de personas hay trece áreas ya reconocidas como de ocupación tradicional indígena, con todos los estudios hechos, que solo necesitan de homologación presidencial para convertirse en tierras reservadas a sus pobladores.
La diversidad es una peculiaridad de ministerio que compuso Lula para gobernar hasta el fin de 2026.
Además de haber creado el Ministerio de los Pueblos Indígenas, once de sus 37 ministros son mujeres, una participación de treinta por ciento, un récord en la historia del país. En el gobierno anterior, de Bolsonaro, solo hubo dos mujeres en el inicio, en enero de 2019, a las cuales se sumó una tercera en marzo de 2021.
Lula había descartado desde antes de las elecciones de octubre el reclamo de paridad de género en su eventual gobierno. Seria imposible forzar tal equilibrio en la compleja composición de un ministerio que trata, en primer lugar, de asegurarle la gobernabilidad, es decir respaldo parlamentario.
El triunfo electoral solo fue posible por la alianza con variados partidos y fuerzas que se sumaron a la campaña de Lula, en una especie de frente amplio en defensa de la democracia, ante las amenazas golpistas de Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército apoyado por los militares.
Para consolidar ese frente y asegurar un respaldo parlamentario indispensable, Lula aumentó la cantidad de ministerios de 23 a 37 y pudo así acomodar representantes de nueve partidos, entre los veintirés que eligieron diputados y senadores en octubre.
Asegurar la mayoría para aprobar sus propuestas será un desafío permanente a Lula.
