La última vez que Jafar Behkish vio a sus hermanos Mahmud y Mohammad Ali, ambos activistas políticos encarcelados en Irán, sólo tuvieron 10 minutos para hablar a través de un cristal.
Ninguno imaginaba que iba a ser su último contacto, ni el horror de los meses siguientes, informa Amnistía Internacional.
Unas semanas después de aquella reunión en agosto de 1988, sin aviso de ninguna clase, las autoridades penitenciarias iraníes suspendieron todas las visitas familiares. Se retiraron aparatos de televisión y radio de los pabellones, se suspendió el reparto de periódicos y de repente los presos ya no tenían permiso para hacer ejercicio ni visitar la clínica de la cárcel.
Poco después, cientos de presos políticos fueron conducidos uno a uno a una sala especial, donde fueron interrogados en “nuevos juicios” especiales de carácter sumario.
Muchos pensaron que iban a ser indultados y liberados, ya que la mayoría estaban a punto de cumplir su pena. Pero lo que les aguardaba era su ejecución.
Según cálculos de las organizaciones de derechos humanos, entre 4.500 y 5.000 personas –hombres, mujeres y menores de edad– fueron masacradas el verano de 1988 en cárceles de todo Irán. El patrón de ejecuciones políticas cambió drásticamente, pasando de informes fragmentados sobre ejecuciones a una oleada masiva de homicidios que se prolongó varios meses.
Sin embargo, aún no se conoce el número real de muertos ya que las ejecuciones se realizaron en secreto. De hecho, muchos familiares no fueron informados en ningún momento de que la ejecución se había efectuado ni del lugar donde se había dado sepultura a su ser querido.
Un cuarto de siglo después de la masacre, las autoridades iraníes no quieren hablar de lo sucedido. De hecho, intentan borrar todo rastro de la “masacre penitenciaria”. Nunca se investigó aquella matanza multitudinaria y no se ha juzgado a ninguna de las personas que ejercían la autoridad en aquel momento; de hecho, algunos altos cargos de entonces siguen ocupando altos cargos en la actualidad.
Además, las autoridades han perseguido y acosado a las familias de las víctimas, entre otras cosas disolviendo concentraciones y deteniendo a familiares en la jornada conmemorativa anual que se celebra el viernes anterior al 1 de septiembre en el cementerio de Javaran, en el sur de Teherán.
En el 25 aniversario de la “matanza penitenciaria”, Amnistía Internacional vuelve a hacer un llamamiento a las autoridades iraníes para que lleven ante la justicia a los responsables de estas violaciones graves de derechos humanos, con independencia del cargo oficial que ejercían o ejercen.
Homicidios premeditados
La masacre se cometió cuando la sangrienta guerra entre Irán e Irak estaba en su etapa final. El Consejo de Seguridad de la ONU presionaba a favor de un alto el fuego y, en julio de 1988, el Ejército de Liberación Nacional, fuerza militar creada por la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, grupo de oposición con base en Irak, realizó una incursión armada en el oeste de Irán que fue repelida por el ejército iraní.
Poco después se llevaron a cabo las ejecuciones de los presos políticos en dos oleadas.
En los “nuevos juicios” a los que fueron sometidos, a los presos del primer grupo se les preguntó su filiación política y a los que respondieron “muyahidín” se los condenó a muerte. A algunos les preguntaron si estaban dispuestos a despejar campos minados para el ejército de la República Islámica. Al segundo grupo le preguntaron por su religión; quienes dieron la respuesta equivocada también fueron condenados a muerte.
En 1990, Amnistía Internacional publicó un informe en el que concluía que “la matanza de presos políticos fue una política coordinada y premeditada que tuvo que ser autorizada desde la máxima instancia de gobierno”.
“Estos juicios sumarios no se parecieron prácticamente en nada a un proceso judicial. Los comités decidieron a su antojo si miles de presos debían vivir o morir, basándose sus convicciones políticas o religiosas”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
Tras la masacre, las autoridades tardaron meses en informar de lo ocurrido a los familiares.
“A mi hermano lo mataron el 28 de agosto. Las autoridades nos llamaron a finales de noviembre […] y cuando mi padre se presentó en la oficina del Comité Revolucionario le dijeron que mis dos hermanos habían sido ejecutados, pero no le dieron ningún documento. No le explicaron por qué los habían matado, dónde los habían enterrado, por qué los habían sometido a otro juicio, cuáles habían sido sus últimas palabras… nada”, contó Jafar a Amnistía Internacional.
La lucha por la justicia
Entre 1981 y 1988, siete hermanos de Jafar perdieron la vida en prisión.
Al saber lo ocurrido a sus seres queridos, muchas familias, incluida la de Jafar, emprendieron una campaña para exigir respuestas a las autoridades.
“La gente en Irán estaba estupefacta. Yo estaba en Teherán y fui a visitar a las familias de varios ejecutados. Conocíamos a esas personas, éramos como una gran familia”, dijo.
Con el paso del tiempo, al no obtener respuestas ni justicia, muchos familiares empezaron a visitar el cementerio de Javaran, donde se habían descubierto unas fosas comunes clandestinas que presuntamente contenían los cadáveres de muchos de los ejecutados. Madres de luto empezaron a visitar periódicamente el lugar.
Pero las autoridades iraníes han hecho todo lo posible por impedir sus gestos conmemorativos.
“El hostigamiento de las familias ha sido continuo a lo largo de estos 25 años. Mi hermana [Mansoureh Behkish] estaba entre los objetivos del acoso. Este verano [como tantos otros], los servicios de inteligencia le pidieron que dejara de visitar Javaran, de hablar con los medios de comunicación y de escribir artículos y cartas. Ya la habían detenido en varias ocasiones para impedirle asistir a los actos conmemorativos. Me preocupa su seguridad”, explicó Jafar.
Mansoureh Behkish fue detenida en Teherán el 12 de junio de 2011 y estuvo recluida en la cárcel de Evín hasta el 9 de julio del mismo año, cuando quedó en libertad bajo fianza. El 25 de diciembre de ese año fue sometida a juicio por la Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán por cargos de “difundir propaganda contra el sistema” y “reunión y colusión con ánimo de perjudicar la seguridad nacional”.
Ahora se enfrenta a seis meses de cárcel después de que el tribunal de apelación haya anulado parte de la condena original. Actualmente se encuentra en libertad, pero podrían citarla en cualquier momento para que empiece a cumplir la pena.
A Jafar, que ahora vive en Canadá, le preocupa lo que pueda sucederle a Mansoureh ante la proximidad del 25 aniversario de la masacre.
“Estoy muy preocupado por mi hermana y otros familiares de víctimas. Realmente no sé lo que va a pasar. Han pagado un precio muy alto por hacer de este día una fecha histórica. Es un día muy importante en la historia de la lucha por los derechos humanos en Irán”, dijo.
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades iraníes que respeten y defiendan el derecho a obtener verdad, justicia y reparación de los familiares de todas las personas que perdieron la vida en lo que los iraníes seguirán llamando la “masacre penitenciaria”.
