Jueces para la Democracia detecta indefensión ante la banca

Jueces para la Democracia ha celebrado unas Jornadas de Derecho Privado para evaluar la situación en España de las que se concluye que hay insuficiente protección jurídica de los consumidores ante los bancos, debido a la existencia de numerosas cláusulas abusivas impuestas por las entidades financieras en los contratos, en ausencia de regulación pública y la falta de sanciones ante prácticas bancarias contrarias a la buena fe.

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Bankia: salida a bolsa con Rodrigo Rato

Estas circunstancias lleva a Jueces para la Democracia a instar al Gobierno de España y de las Comunidades Autónomas, a los partidos políticos y al poder legislativo, en el ámbito de sus respectivas competencias, a:

  1. Controlar mediante inspecciones preventivas las prácticas de las entidades financieras en la contratación con consumidores, ejerciendo la potestad sancionadora frente a las que incurren reiteradamente en el uso de cláusulas abusivas.
  2. Adoptar medidas dirigidas a que los organismos de control como el Banco de España, CNMV y el FROB, actúen con transparencia, facilitando información de sus actividades, inspecciones y expedientes, exigiendo a sus consejeros, vocales y consejos rectores que den cuenta de sus actividades y retribuciones por todos los conceptos, con un rígido sistema de incompatibilidades antes y después de su ejercicio.
  3. Adoptar medidas dirigidas a controlar a personas y entidades que sin estar sujetas a la fiscalización del Banco de España o de la CNMV, se dedican a actividades de préstamo, imponiendo en muchos casos intereses usurarios o abusivos.
  4. Proscribir y perseguir la publicidad engañosa de las entidades financieras dirigida a consumidores, evitando que se disfracen como créditos fáciles y rápidos lo que son préstamos que rayan o incurren en la usura.
  5. Promover y en su caso imponer de forma obligatoria para el empresario, especialmente en el sector bancario, el sometimiento a mediación de las controversias, incumplimientos o interpretación de los contratos con consumidores, especialmente los que puedan comprometer la vivienda familiar o los ingresos mínimos de la unidad familiar, antes de acudir a la vía judicial.
  6. Establecer legalmente tipos máximos de interés moratorio en la contratación con consumidores.
  7. Promover normas imperativas del deber de información de las entidades financieras, en la contratación con no sólo con consumidores sino también con autónomos y pymes, similares a las que protegen a los destinatarios de servicios de inversión (realización de tests, exposición de escenarios, etc.).
  8. Realizar campañas divulgativas para mejorar el conocimiento por los consumidores de sus derechos.
  9. Conseguir una mejor independencia del cuerpo de notarios impidiendo su vinculación a entidades financieras, debiendo cumplir sus deberes de expulsión de cláusulas abusivas, como forma de garantizar la observancia por su parte del deber de protección del consumidor.
  10. Impulsar el efectivo y eficiente funcionamiento del fondo social de viviendas destinadas a las personas que han sido desalojadas de su vivienda, extendiendo el ámbito de su adjudicación a más colectivos (ejemplo familias monoparentales con un solo hijo menor o cualesquiera vulnerables con hijos menores), y efectuar un seguimiento público que permita conocer el real funcionamiento del fondo y el número de ciudadanos beneficiados y rechazados.
  11. Elaborar una ley que aborde las causas subyacentes en los impagos de los préstamos hipotecarios y que trate de evitar las ejecuciones hipotecarias, contemplando los cambios en las circunstancias económicas de los prestatarios, los cambios sustanciales en el valor de los inmuebles y el posible resultado de hipotecas inviables, manteniendo al mismo tiempo incentivos apropiados tanto para deudores como para acreedores y reduciendo al mínimo el posible riesgo moral, tal como han solicitado a España el Banco Central Europeo en su dictamen de 22-5-2013 y el Parlamento Europeo en su sesión de 11-6-2013.
  12. Elaborar una ley de sobreendeudamiento de los ciudadanos, que proporcione protección a los deudores de buena fe y les posibilite su recuperación económica.

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