Hasta el 31 de julio, una campaña de información pública, sugerencias ciudadanas y debates está en marcha en el departamento de Allier, situado en el centro de Francia.
Dicha campaña está organizada por la Comisión Nacional del Debate Público (CNDP), un ente estatal que existe desde hace un cuarto de siglo. De manera oficial, está encargado de velar por el derecho a la participación de la ciudadanía en proyectos públicos, en especial si tocan aspectos medioambientales.
Ese proceso de diálogo abierto apunta hoy hacia un gran proyecto de mina de litio impulsado por el grupo Imerys, una empresa global especializada en el procesamiento de minerales, que opera en medio centenar de países. Imerys explota en ellos al menos ciento quince minas de las que extrae una treintena de minerales diversos.
Lo que sucede es que la pretendida apertura del caso, por parte de la CNDP, sucede después de que el proyecto minero de Allier haya sido previamente incluido en una lista gubernamental de proyectos de interés nacional mayor.
Eso permite a los promotores beneficiarse de todo tipo de saltos administrativos que derogan en determinados casos buen número de las obligaciones legales habituales. Por ejemplo, los informes urbanísticos o los relativos a los recursos energéticos que haya que utilizar en las minas de Allier (u otras) podrán resolverse con rapidez. Añádase que en estos casos el Estado francés asume los permisos de construcción que, en circunstancias, normales, corresponderían a los municipios implicados.
En línea con lo anterior, en 2022, el ministro Bruno Le Maire firmó una subvención de cien millones de euros en beneficio del plan de Imerys en Allier.
El proyecto de extracción y transformación del litio se situaría en Échassières (población de menos de 400 habitantes), en una zona en la que se explota desde hace décadas un yacimiento de rocas de caolinita (caolín). Se trata de la mina de Beauvoir, a cielo abierto, un negocio que Emerys controla allí desde 2005.
El plan ahora es que el punto de almacenaje del litio se sitúe en Saint-Bonnet-de-Rochefort (unos 700 habitantes), que está a quince kilómetros de Échassières. El refinado tendría lugar en Montluçon (a unos 50 kilómetros).
Es importante señalar que todas las aportaciones y alegaciones ciudadanas que pasen por la agenda de la CNDP y relativas al proyecto de Imerys – aunque se refieran a los impactos sociales, económicos o medioambientales que apuedan afectar a la población local– tienen sólo un carácter consultivo.
En Francia, el mismo grupo empresarial controla un total de treinta y dos instalaciones industriales y mineras, pero ha declarado preferente la mina de Allier, conocida como Proyecto Emili (Exploitation de Mica Lithinifère par Imerys). Por su parte, las autoridades consideran Emili imprescindible para que Francia pueda reducir sus importaciones de litio, sobre todo las procedentes de China.
Como en otros sitios, la versión que avanzan los promotores habla de vehículos eléctricos, transición verde y de la creación de cientos de empleos directos e indirectos. Una música fácilmente reconocible.
El colectivo ciudadano StopMines23, que contesta tanto el procedimiento como todo el plan minero en sí mismo, afirma que «mediante este proyecto de extracción del litio, que va de la producción al consumo, de la mina a la fábrica de triturado [del mineral], implica canalizaciones de hasta 15 kilómetros que van hasta los previstos andenes de carga, luego a caminos de transporte que llegarán a la fábrica de refinado y terminarán en las megafábricas de baterías».
StopMines23 ha expresado su inquietud ante la contaminación potencial de las suelos y de las aguas, «en un departamento en el que escasean cada vez más los recursos hídricos». Emili amenaza con utilizar más de un millón de metros cúbicos de agua por año (1,2 millones) de los ríos de la comarca.
La respuesta de Imerys es que el 90 por ciento del agua utilizada vendrá de aguas recicladas «en circuito cerrado». Otra melodía conocida en conflictos controvertidos similares y en lugares situados bajo la sombra del oro blanco (litio), donde ese porcentaje resulta difícilmente creíble.
El ministro Le Maire ha calificado el proyecto minero del departamento del Allier como «ejemplar en el plano climático y mediambiental». Es decir: bla-bla-bla.
Imerys pretende convertir a Francia en el mayor productor europeo de litio. En octubre de 2023, la oficina estatal de investigaciones geológicas y mineras (BRGM, Bureau de recherches géologiques et minières) de Francia hizo público un amplio plan de exploración del territorio francés que llega hasta dos mil metros bajo el suelo, siendo sus zonas de actuación preferentes los macizos Central y Armoricano (en Bretaña).
BRGM utilizará medios distintos para explorar los posibles yacimientos en zonas determinadas de Francia (no será en todo el país): sobrevolando puntos precisos con aviones y helicópteros que dispondrán de rastreadores de minerales, mediante la medición de campos magnéticos y gravimétricos, de la radioactividad y la conductividad eléctrica de los terrenos, así como mediante el uso de camiones armados de vibradores para observar la propagación de las ondas sísmicas. Todo ello para elaborar una fotografía del conjunto de los potenciales recursos mineros del Hexágono.
La marcha hacia ese objetivo será lenta. Las primeras observaciones sobre el proyecto de Allier datan de 1960, mientras que los expertos citados por la Agencia France Presse señalan que entre la identificación de una zona con cobre explotable y el inicio de la verdadera explotación minera pueden transcurrir 17 años.
Hace dos años, Emerys hizo saber que el grupo podría explotar Emili a partir de 2028 para extraer unas 34.000 toneladas anuales de hidróxido de litio.
Enfrente, el colectivo StopMines23 plantea todo tipo de interrogantes sobre el uso masivo de recursos hídricos y energéticos que irían en aumento día a día, porque el litio es requerido no sólo por la industria del automóvil o de la informática, sino también por otros sectores como el armamentístico.
En su primera página el diario La Croix constata que el proyecto Emili cuenta con el aval de buena parte de los representantes políticos locales, pero despierta la inquietud de los habitantes de aquella comarca por los daños medioambientales que puede provocar.
Quienes se oponen al proyecto Emili se interrogan sobre la utilidad social de todo ese entramado industrial y minero.
Piden un auténtico proceso de información pública y un cambio de las reglas legales que oscurecen los objetivos verdaderos y precisos de los intereses extractivistas.
El boletín oficial del Estado francés (Journal officiel) publicó el pasado 7 de julio un decreto que avala el marco general del proyecto Emili.
