En los últimos seis años, la deuda de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha incrementado hasta alcanzar un 93 %, en cifras: un billón (con B) 493 382 millones de pesos, equivalente a casi 76 447 millones de euros, señala el senador mexicano Pablo Gómez, quien explica cómo han llegado a esa situación.
Pablo Gómez[1]
Hace muchos años que Pemex carece de déficit. Aun ahora, con los precios del crudo tan bajos, la petrolera estatal obtiene recursos suficientes para cubrir sus gastos corrientes y de inversión. Lo que ocurre es que el gobierno le quita dinero a Pemex y le obliga a contratar adeudos. Todo el pasivo de la paraestatal mexicana del petróleo es culpa del gobierno, incluyendo el relativo al fondo de pensión.
Pemex, logoAdemás, al arrebatar todos sus ingresos a Pemex, el gobierno hace un fraude a la Constitución. Como se sabe, la Carta Magna establece que los empréstitos no podrán contratarse más que para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo aquellos de regulación monetaria, operaciones de reconversión de deuda o los necesarios para encarar una situación de emergencia aprobada por el Congreso en términos del artículo 29 constitucional.
Los sucesivos gobiernos –del PRI al PAN y de regreso– han contratado créditos para cubrir sus gastos corrientes, lo cual está prohibido. Se le quita el dinero a Pemex y se le obliga a recurrir al financiamiento para cubrir sus inversiones. Así que la artificial quiebra de Pemex no es más que una maniobra gubernamental. Pemex no está en quiebra.
Los privatizadores que hicieron la llamada reforma energética adujeron que Pemex no servía, que ya no sirve aquel capitalismo de Estado que tantos subsidios innecesarios les otorgó para acumular grandes capitales a costa de la nación y, por tanto, se hizo “necesario” abrir a las trasnacionales la exploración y la explotación de hidrocarburos.
Lo que en realidad siempre se ha buscado es hacer negocio privado con el petróleo de la nación, por un lado, y cobrar con comodidad, por el otro, los derechos de extracción.
El precio del crudo ha bajado en dos tercios, por lo cual Pemex tiene ahora mayores dificultades, ya que la carga tributaria sigue siendo muy pesada. Pero desde la llegada de Peña Nieto al gobierno, en diciembre de 2012, la deuda financiera de largo plazo de la paraestatal ha aumentado un 93 por ciento. Además, la colocación de bonos de Pemex en los mercados extranjeros contiene una prima de riesgo demasiado alta: entre 5,5 y 6,9 por ciento de interés anual, cuando el rédito en Estados Unidos ha estado notablemente bajo.
No obstante esta difícil situación, el gobierno de Peña-Videgaray ha reducido el gasto de inversión de Pemex en cien mil millones de pesos (unos 5124 millones y medio de euros) para el presente año, lo que representa casi un tercio del recorte total del gobierno, mientras que el endeudamiento neto interno será de 110 000 millones de pesos (casi 5637 millones de euros) y el externo de 8500 millones de dólares (7732 millones de euros). Es decir, Pemex sigue sosteniendo parte de la operación corriente del gobierno federal, convirtiendo así a los hidrocarburos en gasto improductivo, lo que viene a ser la peor forma de usar el excedente petrolero.
La asociación de Pemex con empresarios privados en viejos y nuevos proyectos, así como la entrega de campos petroleros a compañías extranjeras asociadas con negociantes nacionales, no significa ninguna salida para Pemex, sino mayores complicaciones. La carga tributaria de la paraestatal no se va a modificar por estos hechos. Los inversionistas privados pagarán tasas fiscales diferentes, pero Pemex seguirá más o menos igual.
La conversión del organismo público descentralizado en “empresa productiva del Estado” no significó más que una disminución de sus operaciones propias y el inicio de un proceso de reducción industrial en todas sus actividades. En paralelo, empresarios que antes aplaudieron la privatización de la industria petrolera y la entrega de campos a las trasnacionales, ahora se quejan de que Pemex no cubre a tiempo los adeudos a proveedores. Sigan aplaudiendo.
Mientras tanto, la corrupción en Pemex no da muestras de amainar. La dirección sindical sigue en manos de las mismas personas que fueron perdonadas por haber sido el conducto delictivo del financiamiento al PRI por mil millones en el año 2006, de tal manera que, al final, ese “chiste” le costó al Estado mexicano 2000 millones (102 364 728 euros), pues a la directiva sindical se le entregó la misma cantidad dos veces: una para la campaña electoral del PRI, y otra para que la pagara a través de un convenio de largo plazo, con la consabida compensación fraudulenta. Esas cosas sólo ocurren en México.
La dirección sindical de Pemex es la mejor pagada del mundo, pues la paraestatal la compra anualmente a través de dinero contante y sonante como si no se tratara de la organización de los trabajadores sino de una oficina burocrática más. Sí, lo es. A esto se le agrega el tráfico de influencias de los líderes y ejecutivos para colocar contratos con su respectivo diezmo: otra rebanada del pastel.
No es tan sólo una ironía decir que la industria petrolera mexicana debe ser expropiada… por segunda vez.
- Pablo Gómez Álvarez es senador mexicano por el PRD.
[…] es el mayor veneno de las izquierdas. Sabemos que lo de Petrobras no es nada comparado con el inveterado saqueo de Pemex, el cual va mucho más allá de sucios negocios, como los denunciados en Brasil, pero el PRI es el […]