El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, pidió órdenes de arresto este lunes 20 de mayo 2024 contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y contra los líderes del movimiento palestino Hamás, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, informa la IPS desde La Haya.
«Tengo motivos razonables para creer que Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, el ministro de Defensa, tienen responsabilidad penal por los crímenes de guerra y crímenes contra actos de humanidad cometidos en el territorio del Estado de Palestina», dice la declaración del fiscal.
Asimismo, Khan declaró que «sobre la base de las pruebas reunidas y examinadas por mi oficina», tiene motivos razonables para imputar por cargos semejantes a Yahya Sinwar, jefe de Hamás; Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, comandante del ala militar (Brigadas Al-Qassam) e Ismail Haniyeh, jefe del buró político.
Los crímenes imputables a los líderes de ambos bandos en la actual contienda en el Medio Oriente tienen como escenario principal a la Franja de Gaza y Cisjordania, territorios palestinos ocupados, así como a Israel.
Los líderes de Hamás, cuyos milicianos atacaron el sur de Israel el pasado 7 de octubre, lo que causó la muerte a más de 1100 personas y la captura de unos 250 rehenes, «tienen responsabilidad penal» por asesinato, exterminio y toma de rehenes, entre muchos otros crímenes, indica la declaración.
También hay motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant «son responsables de otros crímenes y crímenes de lesa humanidad, cometidos en el territorio del Estado de Palestina».
Los crímenes atribuibles a los mandos israelíes incluyen «hacer morir de hambre a civiles como método de guerra», así como «dirigir intencionalmente ataques contra una población civil y exterminar y/o asesinar».
Israel respondió al ataque de Hamás con una ofensiva militar sobre Gaza que ha cobrado más de 35.000 vidas y dejado más de 79.000 heridos, según fuentes gazatíes, además de destruir viviendas e infraestructura y desplazar de sus hogares a la inmensa mayoría de los 2,3 millones de habitantes de esa Franja.
Khan señaló que su oficina entrevistó a víctimas y supervivientes de los ataques terroristas de Hamás, y en su opinión los líderes de ese movimiento «planearon e instigaron la comisión de crímenes y, a través de sus propias acciones, reconocieron su responsabilidad por esos crímenes».
«Al hablar con los sobrevivientes, escuché cómo el amor dentro de una familia, los vínculos más profundos entre un padre y un hijo, se distorsionaban para infligir un dolor insondable a través de una crueldad calculada y una insensibilidad extrema. Estos actos exigen rendición de cuentas», añadió Khan, ciudadano británico.
Sobre la responsabilidad de los altos funcionarios israelíes, Netanyahu y Gallant, el fiscal de la CPI alegó «el hambre como método de guerra».
Ese y otros crímenes de lesa humanidad se cometieron «como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina de conformidad con la política del Estado» israelí.
Khan citó «entrevistas con sobrevivientes y testigos presenciales, material de vídeo, fotografías y audio autenticados, imágenes satelitales y declaraciones», mostrando que «Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas partes de Gaza de objetos indispensables a la supervivencia humana».
Según el fiscal, Israel restringió durante períodos prolongados el acceso de suministros esenciales –incluidos alimentos y medicinas– a través de los cruces fronterizos y su asedio también cortó las tuberías de agua y electricidad hacia Gaza.
Destacó la advertencia del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, de que «1,1 millones de personas en Gaza se enfrentan a un hambre catastrófica: el mayor número de personas jamás registrado, como resultado de un desastre enteramente provocado por el hombre».
Khan insistió en que aunque Israel tiene derecho a defenderse según el derecho internacional, «causar intencionalmente muerte, hambre y grandes sufrimientos» a civiles es una clara violación de la carta fundacional de la CPI, que entró en vigor en Roma en 2002. Israel no es signatario del Estatuto de Roma, mientras que Palestina lo es.
El ministro israelí de relaciones exteriores, Israel Katz, reaccionó considerando «escandalosa» la petición del fiscal, y la equiparó al ataque mismo del 7 de octubre.
La milicia Hamás criticó la petición de la fiscalía ante la CPI para detener a tres de sus líderes y pidió que sea retirada, pero celebró la solicitud de una orden semejante sobre Netanyahu y Gallant, aunque «llega siete meses tarde».
La CPI, integrada por 124 Estados miembros, procesa actualmente una acusación sudafricana contra Israel por el presunto genocidio en Gaza. Como medida cautelar, Sudáfrica ha pedido que se ordene al gobierno israelí detener su ofensiva militar en la Franja.
