La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha recordado que se han reducido ya 535 empresas públicas y ha dicho que el Gobierno aspira a que se supriman otras 728, entre mancomunidades y empresas públicas ahorrarán de 73 millones de euros. Con la reducción de empleados eventuales y cargos electos, otros 145 millones de euros, con la unificación de salarios entre los empleados públicos municipales unos 900 millones de euros.
Tras esto enfatiza que ha llegado la reforma de las Administraciones Públicas dependientes de Hacienda, un sacrificio de los políticos que se sumará al esfuerzo realizado por los ciudadanos durante los últimos tiempos debido a la crisis. Determinando el régimen jurídico del personal, para diferenciar el personal laboral del funcionario, quieren conseguir este ahorro sin ninguna otra medida adicional, la limitación salarial afectará a decenas de miles de funcionarios.
Siempre han querido hincar el diente en los 8.116 Ayuntamientos españoles que tienen contratadas a 526.248 personas (febrero 2013), de las que 190.169 son funcionarios y 304.005 personal laboral. Otros 32.074 trabajadores figuran con otro tipo de contratos.
Con las mismas promesas utilizadas en Sanidad, Educación, supresión de las pagas extras y sueldos a funcionarios, declaraciones diferentes de por si contradictorias por ser burdas mentiras: “los consistorios de las poblaciones de menos de 5.000 vecinos podrán recuperar la prestación de servicios en un plazo de cinco años, siempre que presenten un plan de viabilidad que incluya un aumento de los ingresos y un recorte de sus gastos”, o “el Gobierno confía, que muchos de los ayuntamientos que corren el riesgo de ser intervenidos el 1 de enero puedan revertir la situación en los siete meses que restan para finalizar el año”.
Pero cuando modifiquen los artículos 25 y 26 de Ley de Bases de Régimen Local eliminando las competencias municipales en educación, prestación de servicios sociales, promoción y reinserción o actividades como promoción de la mujer y sanidad, en definitiva la financiación correspondiente para estos servicios, diciendo a su vez que la reforma garantizará la dotación presupuestaria de cada servicio, algo difuso cuando añaden, “la financiación va con la competencia”.
Todas estas medidas afectarán a los 6.797 ayuntamientos de municipios de menos de 5.000 habitantes a partir del 1 de enero; perderán la gestión de sus servicios básicos que prestan a diario, es decir, residuos, limpieza viaria, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. Dejando en manos de las Diputaciones en un plazo máximo de tres meses buena parte de su poder de gestión, incluso de la capacidad de establecer tasas. También desaparecerán miles de entidades menores que no presentan cuentas ante la Administración central, y se limitarán salarios de cargos electos.
Qué ocurrirá con los concejales y alcaldes que se quedarán sin capacidad ejecutiva; siempre serán necesario interlocutores con las Diputaciones para vigilar la calidad de los servicios. Quienes representarán a los ciudadanos de esas 6.797 localidades y sus necesidades.
Están ocultando la realidad, la reducción de empleados eventuales es la excusa, harán algo parecido a Tele Madrid, la mayoría de los funcionarios de oposición y de larga trayectoria en la empresa son echados a la calle, mientras los asesores, personas de confianza o designados a dedo, con grandes sueldos se mantendrán en sus puestos. Por qué no empiezan eliminando a los hombres de confianza, asesores…, y acabar con esa práctica habitual, ocultada bajo un eufemismo, y que afecta a parte de los funcionarios que accedieron mediante concurso oposición, muchos de los casos verdaderos “apaño-oposición” con temas específicos, siendo estos elementos los que habitualmente desacreditan al funcionariado con su prepotencia de sentirse doblemente seguro; a esos elementos premian; hay casos de funcionarios analfabetos por el solo hecho de ser familiares o afín de político, todo en detrimento de las personas realmente preparadas que aprobando no logran plaza, debido a aquellos otros cuyo único mérito es estar años acumulando puntos hasta el momento idóneo, ocurre en la Administración general, autónomas, Diputaciones provinciales o Empresas públicas; por ejemplo el caso Boltó imputado por ejercer el enchufismo, pero más sangrante es en los Ayuntamientos, en los grandes se nota menos debido a la cantidad de edificios y departamentos, aunque de vez en cuando sale a la luz un caso por otras causas no menos deplorable, caso Carromero; pero en los pequeños municipios hay multitud de personas contratadas por el solo hecho de ser familia o pertenecer a grupo familiar más o menos largo, utilizando ese puesto de trabajo en la captación de votos para el partido político del Alcalde de turno en una próxima convocatoria electoral, los que vivimos en municipios pequeños conocemos de primera mano quién es quién en cada localidad y como han entrado.
Con las medidas que tomarán con la Ley de Bases de Régimen Local, tendrán las manos libres para ejecutar la privatización de todos los servicios públicos, este gobierno es el caballo de Atila del Bienestar Social, claramente al servicio de empresas que supuestamente han contribuido a financiar o financiaron a políticos del PP del gobierno actual y del anterior, privatizarán colocando a sus peones, para mantener los cargos de confianza, cuando no a empresas de familiares de ediles de otra localidad y su posible reciprocidad. Mientras tanto, a los funcionarios de carrera les obligarán a desplazarse forzosamente a otra localidad o provincia, siempre diciendo “provisionalmente debido al ajuste de la Administración antes de su consolidación”, pero no ocurrirá lo mismo con los designados a dedo, asesores o personas de confianza.
Y para colmo, la última encuesta realizada aun da mayoría en intención de votos a los actuales gobernantes. Como decía Erasmo de Rotterdam: Dudo que (el ciudadano) entendiera y menos llegara a captar alguna vez la sutileza que supone disponer de la llave de la ciencia sin poseer la ciencia.
