Resulta llamativo que un solo y pequeño Estado, la isla de Nauru, tenga de rehén al resto de partes de la convención internacional convocada por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, en inglés), con sede en Kingston, capital de Jamaica, informa la IPS.
El origen de esta situación proviene de la decisión de Nauru, un país con una sola isla, situado en Oceanía en el Pacífico central, de recurrir en junio de 2021 a una cláusula de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), que creó la ISA, para entregar en dos años licencias de exploración minera marina, aunque no existan regulaciones para esa actividad.
Con ese tic-tac encima arrancó este lunes 1 de agosto en Kingston la veintisiete Asamblea de la ISA, operativa desde 1994 y actualmente integrada por 167 países y la Unión Europea (UE), presidida por Noruega, ante la ausencia del embajador de Fiyi, a quien los representantes habían elegido para dirigir las labores.
Costa Rica, Chile, España, la Federación de Estados de Micronesia y Palaos apoyan una moratoria sobre la exploración minera, en lo que consideran «el elefante en la sala», que todos han visto pero del que nadie quería hablar.
Para debatir en esta veintisiete Asamblea, que concluiría el viernes 5, Chile presentó en junio una propuesta de moratoria por quince años de la explotación de los fondos marinos.
Brasil, Costa Rica y España respaldaron la moción en la apertura de los debates, mientras que Nauru y Tonga la rechazaron.
«Más que tomar una decisión, necesitamos escucharnos, de modo tal de poder encontrar qué viene ahora. Consideramos que es el momento oportuno, y plantear nuestras ideas, qué queremos hacer», expresó la representante chilena en la 27 Asamblea, Constanza Figueroa.
En respuesta, Margo Deiye, embajadora de Nauru, dijo que su país, de unos doce mil habitantes, «se ha comprometido a todos los requisitos y obligaciones de un plan de trabajo, del ejercicio del principio precautorio. Ha hecho esfuerzos importantes para reunir los datos ambientales», aunque se desconoce esa información.
Por ahora, la Secretaría Ejecutiva de la ISA, presidida por el británico Michael Lodge, decidió la exclusión de la solicitud chilena por cuestiones procedimentales, como la falta de traducción de la propuesta a los idiomas oficiales.
Para obtener un permiso para explotar cualquier parte del fondo marino, una empresa necesita una alianza con un país parte de ISA. Nauru patrocina a la privada Nauru Ocean Resources, filial de la canadiense Metals Company, que ya ha previsto ingresos millonarios por el emprendimiento.
Ruta destructiva
Para Duncan Currie, asesor de la Coalición para la Conservación de las Aguas Profundas (DSCC, en inglés), con su base en Ámsterdam, se trata de una decisión binaria: aprobar o no la minería.
«La emisión de los estándares significa el desarrollo de proyectos mineros. ISA carece de mecanismos adecuados para resolver el tema. Debe aplicarse una moratoria», dijo a IPS el abogado, presente en la Asamblea de Kingston.
Esa polémica norma de los dos años parte de estipulaciones de la CNUDM para que un país pueda solicitar la emisión de una autorización de exploración en ese lapso, aunque no haya en firme directrices ambientales al respecto.
En este tipo de minería, grandes máquinas levantan el fondo del mar para separar las piedras conocidas como nódulos polimetálicos del lodo con un tubo gigante. Estas piedras, que contienen cobalto, cobre, manganeso y níquel, luego se bombardean a la superficie y se regresa el agua y sedimentos mediante otro conducto, de vuelta al mar.
El sedimento devuelto al agua contendría materiales tóxicos, lo que sumaría más impactos a esas zonas.
Las aguas profundas hospedan especies y ecosistemas que suministran bienes y servicios ambientales y cuyas condiciones son de alta vulnerabilidad, según estudios de las no gubernamentales Greenpeace y la división en Europa del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
De por sí, esas áreas enfrentan la subida de la temperatura, la acidificación del agua y la presencia masiva de plásticos.
Para Patricia Esquete, bióloga del portugués Centro de Estudios Ambientales y Marinos de la estatal Universidad de Aveira, el escaso conocimiento del fondo marino indica que el impacto de la minería será considerable.
«Son zonas de diversidad muy variable. El levantamiento del fondo marino acaba con todas las especies y altera el ecosistema. No nos satisface que se avance tan rápido sin el conocimiento básico de la protección marina. No se puede regular algo que no se conoce», dijo a IPS la especialista, presente en la Asamblea de Kingston e integrante del académico Proyecto de Administración del Fondo Marino.
Esquete enfoca su investigación en la Zona Clarion-Clipperton, un área en alta mar entre Hawái y México con una gran biodiversidad.
Allí, ISA ha concedido diecisiete licencias, de un total de 31 otorgadas hasta ahora, para la exploración de nódulos polimetálicos, sulfuros y costras cobálticas con veintidós empresas, incluyendo de Brasil, Cuba y Jamaica.
Varios gobiernos también han denunciado la falta de inclusión de los costos ambientales en las finanzas mineras de estos proyectos en los fondos marinos.
Frente a esto, aumentan los llamados a detener el proceso en ISA, que tiene diferentes métodos para sus decisiones. En las asambleas suele privar el consenso, pero en otras medidas necesita tres cuartas partes de los votos de su su Consejo y de cuatro comités especiales.
Un estudio publicado en abril, elaborado por treinta autores, reveló una brecha de conocimiento sobre los impactos potenciales de la minería marina.
Además, unos seiscientos científicos marinos y productores mundiales de automóviles y baterías eléctricas han hecho público sus preocupaciones por los riesgos y, en el último caso, supone falta de mercado, pues varias empresas no quieren vínculos con una explotación depredadora.
Para justificar las futuras explotaciones minerales, ISA diseñó un mecanismo de reparto de beneficios derivados de esa obtención y también le redituaría en ingresos, junto con las cuotas de los países miembros.
Para Currie, la solución pasa por renegociar la CNUDM, vigente desde 1982, y eliminar la cláusula de dos años: «El problema de fondo es la regla de dos años. Todo es posible si hay voluntad política», planteó.
Representantes de la academia y sociedad civil, incluidos periodistas, también han denunciado obstáculos a su presencia en las salas de debates y de secretismo en las conversaciones, como las del Consejo Legal y Técnico de ISA, integrado por embajadores, delegados empresariales y geólogos.
