La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha valorado las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de 34 periodistas de la redacción del periódico digital El Faro, de El Salvador, pero considera que deben ser extensivas a otros medios y periodistas de ese país que también son hostigados por el gobierno, como consta en los últimos informes y denuncias sobre la situación de libertad de prensa en el país centroamericano.
La CIDH informó de que el 4 de enero aprobó la Resolución 12/2021, que otorga medidas cautelares a favor de 34 personas, tras considerar que «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo», al ser hostigadas, amenazadas, intimidadas y estigmatizadas –principalmente través de redes sociales– por motivo de su actividad periodísticas. Si bien la entidad interamericana dijo que el Estado adoptó acciones para remediar la situación, aclaró que «a la fecha no se estarían implementando medidas de protección con el propósito de mitigar su situación de riesgo».
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, coincidieron en «elogiar la resolución de la CIDH, que tiene la intención de proteger la integridad física, frenar el riesgo y garantizar la continuidad del ejercicio periodístico de los afectados».
«Venimos denunciando ataques frontales, estigmatización contra periodistas y el intento de desestabilizar a El Faro y otros medios independientes, por parte de la presidencia de Nayib Bukele y sus funcionarios, por lo que consideramos que las medidas cautelares de la CIDH son una severa llamada de atención al Estado y debería también cobijar a otros reporteros y medios que han sido atacados», subrayaron Canahuati, presidente de Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, del diario La Voz del Interior, de Argentina.
Los directivos de la SIP recordaron que el año pasado congresistas estadounidenses expresaron a Bukele su preocupación «por la creciente hostilidad de su gobierno hacia los medios independientes e investigativos en El Salvador». La Asociación de Periodistas de El Salvador registró 98 agresiones contra periodistas en 2020, y ante los crecientes ataques y amenazas contra medios y periodistas independientes, la Asamblea Legislativa nombró una comisión especial para investigar el acoso y los atropellos del gobierno, según registró el informe de la SIP.
La petición ante la CIDH fue interpuesta por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) el 6 de noviembre 2020, explicó El Faro.
La resolución de la CIDH pide al Estado que:
a) Adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de las personas beneficiarias identificadas;
b) Adopte las medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos;
c) Concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y
d) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelares y así evitar su repetición.
