La proyectada reforma del Poder Judicial con que quiere despedir su presidencia Andrés Manuel López Obrador amenaza los derechos ambientales en México, ya limitados por cambios en la Ley del Amparo, el instrumento más usado por comunidades y personas para afrontar situaciones y proyectos que los perjudican, informa Emilio Godoy (IPS).
Si el nuevo y bicameral Congreso de la Nación aprueba la iniciativa en septiembre, cuando comienza la nueva legislatura, podría limitar aún más el acceso a la justicia ambiental de grupos inconformes en un país asediado por conflictos socioambientales y cuyo último recurso son los tribunales.
La propuesta, enviada en febrero al parlamento, plantea que los jueces sean elegidos a partir de 2025 y su número de magistrados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pasen de los actuales once a nueve, y su periodo de quince a doce años. Además, el nuevo modelo aplicaría para los 1600 jueces del Poder Judicial.
Asimismo, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial sustituirían al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el actual responsable de la supervisión y disciplina de los jueces y garante de su autonomía.
El primero quedaría integrado por cinco miembros designados por el presidente y el segundo, por cinco integrantes elegidos por voto popular para investigar y sancionar a los servidores públicos judiciales.
Carlos del Razo, abogado especializado en temas ambientales del despacho privado Ecija, identificó un efecto inmediato y otro más disipado en caso de que la reforma se haga realidad, lo que se considera posible dada la amplia mayoría del gubernamental e izquierdista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el nuevo Congreso.
«Se prevé que ya no se pueda otorgar una suspensión o medida cautelar, cuando se analice la impugnación de una ley o norma que vaya a impactar en términos ambientales. Eso significa que, durante lo que tarde el juicio, estas leyes, aunque fueran inconstitucionales, van a ocasionar efectos irreversibles. Eso es lo más obvio y dañino», analizó para IPS.
El impacto restante se vincula con la elección popular. «Quizá alguien con o sin carrera, o con o sin experticia en derecho ambiental, va a estar en una posición de decisión», señaló Del Razo.
Victorias jurídicas
Una muestra emblemática de la utilidad judicial lo representa la lucha que desde 2014 habitantes de la cuenca del río Sonora, en el norteño estado del mismo nombre, han emprendido fuera y dentro de las cortes mexicanas por justicia ambiental frente al mayor ecocidio minero en la historia de México.
Martha Velarde, integrante de los no gubernamentales Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), que aglutinan a las personas afectadas por el desastre, recordó que desde 2015 interpusieron varios recursos de amparo, hasta el más trascendental de 2020 que concedió la SCJN.
«Se han ido logrando unos, perdiendo otros. Los tribunales nos han servido y nos han dado la razón, a la luz de las pruebas que hemos presentado», declaró a IPS la activista, desde el municipio de Baviácora, a más de dos mil kilómetros de Ciudad de México.
El 6 de agosto de 2014 ocurrió el derrame de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado proveniente de la mina Buenavista del Cobre, propiedad del privado Grupo México (GM), y que contaminó 271 kilómetros de cuerpos fluviales, incluyendo 190 del río Sonora.
Al mes siguiente, las compañías Buenavista del Cobre y la Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, filiales de GM, crearon el Fideicomiso Río Sonora, con la gubernamental Nacional Financiera. Estaba dirigido al monitoreo permanente de la calidad del agua de los pozos de las comunidades y diversos puntos de aguas superficiales del río durante cinco años.
Pero lo cerraron en 2019, sin completar las labores estipuladas, por lo que la SCJN determinó su reapertura y retomar esas actividades, lo que no ha ocurrido.
El vertido ha contaminado el agua, el aire y el suelo, y ha enfermado a la población circundante, debido a la ingesta de arsénico, cadmio, plomo y manganeso, mientras que las pérdidas acumuladas sumaban unos 1019 millones de dólares hasta 2022, según un dictamen de la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Residenciada a 1,5 kilómetros del río, Velarde, de 66 años, casada y madre de dos hijos, lamentó que esas decisiones judiciales aún no se traduzcan en medidas para la remediación de la zona, que en 2020 habitaban 956.000 personas.
«A más de cuatro años, no se ha podido ver que esa sentencia se pueda ejecutar. En el territorio no vemos absolutamente ninguna acción concreta. Lo atribuimos a la falta de voluntad política de autoridades de más alto nivel federales como estatales», criticó.
Contrapeso
Para sus críticos, la propuesta reforma es una respuesta de López Obrador al hecho de que la SCJN y en general los tribunales le han asestado importantes reveses durante su presidencia, iniciada en diciembre de 2018 y que concluye el 1 de octubre, cuando entregará el mando a su correligionaria Claudia Sheinbaum.
Entre esas derrotas del líder fundador de Morena destaca la declaración como inconstitucional de la reforma a la ley eléctrica de 2023, que pretendía reponer la preponderancia de mercado a la estatal Comisión Federal de Electricidad.
También sobresale el otorgamiento de amparos en contra de la construcción del Tren Maya, su megaproyecto más emblemático que recorrerá cinco estados del sur y el sudeste de México y cuyo primer tramo ya opera desde diciembre.
López Obrador ha reaccionado fustigando a los impartidores de justicia, a quienes acusa de corruptos y conservadores. Esos pronunciamientos llevaron a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, la estadounidense Margaret Satterthwaite, a cuestionar este acoso.
Además, advirtió en un reporte de 2023 que las normas sobre selección y nombramiento de jueces no pueden modificarse para priorizar la afiliación política sobre la capacidad y la integridad.
El proyecto de reforma ocurre en un país plagado de conflictos ambientales. El CJF identificó 4580 amparos relacionados con conflictos ambientales, entre enero de 2017 y mayo de 2023. Mientras, iniciativas académicas hallaron entre 315 y 434 disputas y de las cuales un tercio presentó defensas legales.
Hasta ahora, los inconformes o damnificados podían presentar un amparo ante cortes federales en cada estado o la SCJN, o un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Mientras el primero beneficia sobre todo a los actores afectados, la nulidad solo cubre al quejoso directo.
La iniciativa de la reforma amplia y profundiza la modificación de la Ley de Amparo, aprobada en abril y que a partir de entonces impide que se suspenda una ley o un proyecto mientras dura el juicio, lo que implica que los afectados pueden sufrir sus efectos, al no poderse establece medidas cautelares.
La propuesta reforma tiene mayor amplitud y alcance que la Ley del Amparo en fortalecer la supresión de esas medidas cautelares y otros mecanismos jurídicos, en beneficio de planes y proyectos gubernamentales, así como de empresas cuya actividad dañe a personas o comunidades.
El sistema de justicia de México adolece de problemas persistentes como indagatorias penales deficientes, investigaciones policiales inadecuadas y procesamiento judicial defectuoso. Sus consecuencias son la impunidad y el acceso limitado a la justicia, pues solo se resuelve 5,2 por ciento de los delitos denunciados.
Rechazo
La proyectada reforma ha suscitado críticas masivas. Universidades y organizaciones no gubernamentales, locales e internacionales, han alertado del riesgo de debilitar aún más la impartición de justicia, de politizar los nombramientos judiciales y de quebrantar tratados internacionales.
El intento supone una contravención al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, en vigor desde abril de 2021 y que toma su nombre de la ciudad costarricense donde se convino.
El tratado garantiza el acceso a la información y a la justicia ambientales, así como la participación pública en la toma de decisiones ambientales. En México su aplicación camina lentamente, pues falta una hoja de ruta para su cumplimiento y un grupo nacional multiactor que lo impulse.
Para Del Razo, el proyecto viola este acuerdo, la Constitución mexicana y la red de convenciones y tratados internacionales que México ha suscrito.
«Deja en la indefensión a las comunidades y colectivos para hacer efectivo su derecho a un ambiente sano. No se atiende el mandato de un acceso más adecuado y abierto a la justicia ambiental», subrayó.
En América Latina, el único país que usa un mecanismo de voto directo para el Poder Judicial es Bolivia, con resultados pobres.
Esa fue la conclusión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, constituido por acuerdo del gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2019 para investigar la violencia ocurrida luego de las elecciones presidenciales de ese año.
Desde Baviácora, Velarde lamentó la regresión legal y que el Estado no pueda «someter a una empresa al imperio de la ley y a que cumpla con lo que debe de cumplir».
«Nos perjudica en el ejercicio de exigir el cumplimiento de derechos humanos. ¿Cómo ya no va a haber suspensión? La impunidad no proviene del Poder Judicial, el Ejecutivo la fomenta, porque no actúa en consecuencia. El Poder Judicial tiene muchas cosas por reformar, pero no de la manera en que se propone», sostuvo.
