Todos los años dan a luz 14 millones de adolescentes, debido principalmente a relaciones sexuales forzosas y embarazos no deseados
Millones de personas de todo el mundo ven su salud y su vida amenazadas por la falta de medidas de los Gobiernos para garantizarles sus derechos sexuales y reproductivos, señala Amnistía Internacional, que ha lanzado una campaña global sobre este asunto.
“Es increíble que en el siglo XXI haya países que consienten el matrimonio prematuro y la violación conyugal, o que criminalizan el aborto, las relaciones sexuales fuera del matrimonio y las relaciones homosexuales, llegando incluso a castigarlos con la muerte», ha señalado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
Ha agregado que “los Estados deben tomar medidas positivas, lo que implica no sólo anular las leyes opresivas, sino también promover y proteger los derechos sexuales y reproductivos; proporcionar información, educación y servicios, y poner fin a la impunidad de la violencia sexual.»
Ante estas violaciones constantes de derechos humanos, Amnistía Internacional lanza Mi Cuerpo, Mis derechos (#MiCuerpoMisDerechos), una nueva campaña global dirigida a defender los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas.
La organización ha publicado un documento de presentación de la campaña en el que pone de relieve la creciente represión que se ejerce contra los derechos sexuales y reproductivos en muchos países del mundo, que dan prioridad a políticas represivas a costa de los derechos humanos y las libertades básicas.
La campaña Mi cuerpo, Mis derechos tiene por objeto recordar a los líderes del mundo su obligación de tomar medidas positivas, incluyendo el acceso a los servicios de salud.
Con ocasión del lanzamiento de la campaña, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, se ha reunido con mujeres de comunidades rurales de Nepal, donde muchas niñas son obligadas a casarse y donde más de medio millón de mujeres padecen una extenuante dolencia conocida como prolapso uterino, o «caída del útero», debido a los continuos embarazos y al duro trabajo que desempeñan.
Khumeni vive en una de estas comunidades nepalíes. Tenía 15 años cuando sus padres decidieron que había llegado el momento de que se casara. Ha tenido 10 embarazos, y siempre la han mandado al establo de la vacas para dar a luz. Ha tenido que transportar pesadas cargas estando embarazada, y a veces apenas ha tenido una semana de descanso después del alumbramiento. Como consecuencia de ello, comenzó a padecer prolapso uterino, o «caída del útero», pero la tuvieron ocho años sin tratamiento quirúrgico.
En el curso de esta campaña de dos años de duración, Amnistía Internacional publicará una serie de informes sobre varios países donde se niegan derechos sexuales y reproductivos.
Entre estos países figuran los del Magreb, donde se obliga a niñas violadas a casarse con su violador; El Salvador y otros países, donde se impide a las mujeres y las niñas abortar a pesar de que existan riesgos para su salud, e incluso para su vida, y Burkina Faso, donde se obliga a tener hijos a niñas de muy corta edad.
En Marruecos, Amina, de 16 años, se suicidó tras ser obligada a casarse con el hombre que la había violado. En ese momento, la legislación marroquí permitía que su violador no fuera procesado por su delito si se casaba con ella.
En Burkina Faso es tabú hablar abiertamente de sexo. No se puede disponer fácilmente de métodos anticonceptivos, y los embarazos no deseados con muy comunes. Hassatou tenía sólo 13 años cuando se quedó embarazada. No tenía ni idea de que tener relaciones sexuales suponía tener hijos. Cuando nació el bebé, su familia la echó a la calle con él.
En El Salvador el aborto es ilegal incluso en caso de violación o de riesgo para la salud o la vida de la mujer o la niña, y la violencia contra las mujeres y las niñas es un fenómeno generalizado.
En Irlanda, las mujeres y las niñas pueden ser condenadas hasta a 14 años de prisión por abortar si el embarazo no pone en peligro su vida.
Situación en España
Con respecto a España, Amnistía Internacional muestra su preocupación por el anteproyecto que restringe el aborto imponiendo una serie de barreras para el acceso al aborto legal y seguro difíciles de superar. La organización ha pedido la retirada del anteproyecto por considerar que pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres y las niñas. Se trata de una medida regresiva bajo el derecho internacional, y discriminatoria, porque afecta de manera desproporcionada a mujeres jóvenes y en situación de pobreza, así como a las que se encuentran en situación administrativa irregular.
Por otra parte, la organización reitera que son necesarios avances en la lucha contra la violencia sexual, como son dar respuesta al problema de la ausencia de información y datos sobre violencia sexual en España, a la falta de medidas de prevención, a la desigual distribución de los servicios de atención a víctimas o a la falta de especialización en la asistencia letrada y en el tratamiento judicial.
Una petición a los líderes mundiales
Amnistía Internacional cree que toda persona ha de poder decidir libremente si tener relaciones sexuales, cuándo y con quién; si casarse o tener hijos y cuándo, o cómo protegerse de las enfermedades de transmisión sexual, especialmente del VIH. Es por eso que la organización ha lanzado una petición global a los líderes mundiales, representantes permanentes ante las Naciones Unidas y organizaciones internacionales para que respeten, protejan y hagan realidad los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas y aborden la discriminación que perpetúa la violación de estos derechos.
“Con Mi cuerpo, Mis derechos, queremos contribuir a que la próxima generación tome conciencia de sus derechos sexuales y reproductivos y los reclame. Unidos, queremos transmitir a los gobiernos el mensaje claro e inequívoco de que este enorme control viola los derechos humanos y es inadmisible”, ha explicado Salil Shetty.
