La deforestación, al parecer agrandada por la corrupción en los órganos ambientales que deberían combatirla, se suma a la desastrosa gestión de la pandemia como factor del hundimiento del gobierno de extrema derecha en Brasil, informa Mario Osava (IPS) desde Río de Janeiro.
Bajo y achaparrado, en contraste con sus colegas militares, el general Eduardo Pazuello puede convertirse en símbolo de esta ruina, como el inepto ministro de Salud que agravó la mortandad por la COVID-19 y por eso fue destituido el 23 de marzo, tras diez meses en el cargo.
Su intento de eximir al presidente Jair Bolsonaro y a si mismo de responsabilidades en la tragedia sanitaria que ya provocó más de cuatrocientas mil muertes, según registros oficiales, le hizo negar hechos conocidos, documentos y sus propias declaraciones, al prestar testimonio ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado, el miércoles 19 y este jueves 20 de mayo de 2021.
Mientras, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, conocido por su activismo antiambiental, amplía su corrosión ahora contra su propio gobierno, al convertirse en el objetivo de una operación policial contra la exportación ilegal de madera del que sería el máximo facilitador.
Salles ya estaba acusado de destruir la política ambiental y permitir el aumento de la deforestación de los incendios forestales en los dos últimos años, por razones ideológicas. Pero nuevos indicios apuntan ahora a la corrupción y complicidad con el contrabando de madera.
Por eso la Policía Federal allanó el miércoles 19 las oficinas de una empresa de servicios jurídicos de la que es socio, en São Paulo y Brasilia. También intervino sus cuentas bancarias que serán examinadas, ante operaciones inusuales del equivalente de 2,7 millones de dólares en los últimos nueve años.
Los indicios son consistentes y numerosos.
El 10 de enero de 2020 el Servicio de Pesca y Vida Salvaje de Estados Unidos identificó un cargamento de madera brasileña en el puerto de Savannah, en el estado de Georgia, sin la autorización de la autoridad ambiental de Brasil.
La cooperación entre autoridades de ambos países descubrió varias ilegalidades y las empresas involucradas en el contrabando, la base para la Operación Akuanduba de la Policía Federal que investiga funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), órgano gubernamental de control.
Además, el ministro Salles y el órgano oficial de control adoptaron varias medidas para facilitar el negocio maderero. En febrero de 2020 se eliminó la exigencia de autorización del Ibama para la exportación, por una decisión del presidente del Instituto, Eduardo Bim, contra la opinión de sus técnicos.
Desde entonces, otras medidas dificultaron el trabajo de los inspectores del Ibama, hasta que se les quitó la autoridad para punir violaciones de las leyes ambientales, con multas, por ejemplo. Jefes del servicio fueron destituidos, otros dejaron la institución o denunciaron la impotencia a que fueron sometidos.
Por todo eso, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) a cargo del caso, Alexandre de Moraes, restableció la exigencia de autorización ambiental para las exportaciones y determinó la investigación policial sobre el ministro Salles, incluso con incautación de sus computadoras y teléfonos celulares, y la suspensión de sus funciones a diez funcionarios del Ibama y el Ministerio.
Las acusaciones contra Salles no se limitan a ese caso. El comisario Alexandre Saraiva, quien era entonces jefe de la Policía Federal en el norteño estado de Amazonas, denunció al ministro ante el juez del STF, el 14 de abril, por obstrucción de las investigaciones policiales y defensa de intereses privados ilegales.
La razón fue que Salles intentó liberar doscientos mil metros cúbicos de madera que la Policía Federal había incautado en Amazonas por extracción ilegal. El ministro se personó en el lugar, conversó con los empresarios y se opuso a la acción de sus funcionarios, sin siquiera consultarlos.
Si se comprueba su soborno en algún caso, cae por tierra la alegación del presidente Bolsonaro de que en su gobierno no hay casos de corrupción, además de ampliar el rechazo nacional e internacional a su política de desactivación de las exigencias ambientales.
En el caso de Pazuello, su degradación, que se acentuó durante su comparecencia ante la CPI, afecta el gobierno y las Fuerzas Armadas, ya que se trata de un general activo del Ejército. Además, nombró decenas de militares para funciones técnicas y de jefatura durante su paso por el Ministerio.
El área de salud fue donde más aumentó el número de militares, de 642 en 2016 hasta 1249 en 2020, según datos del Tribunal de Cuentas de la Unión, órgano del bicameral Congreso Nacional para monitoreo de los gastos públicos, que identificó 6157 militares en el gobierno central en 2020, más del doble de cuatro años antes.
Tal como hicieron otros testigos, la condición en que todos comparecen ante la CPI por ahora, varios senadores tildaron directamente de «mentiroso» al exministro de Salud, pero este se mantuvo firme en negar hechos evidentes y documentados.
Afirmó que el presidente no tuvo la mínima influencia en la gestión ministerial, aunque le ordenó, por ejemplo, cancelar un acuerdo con el gobierno del estado de São Paulo para la compra de la vacuna Coronovac, de la industria farmacéutica china Sinovac, que se manufactura en una institución de esa región.
La orden fue pública, difundida por los medios de comunicación convencionales y digitales, en octubre de 2020. Fue una humillación para el ministro, como suelen ser las correcciones públicas y airadas de Bolsonaro.
Dos días después el presidente visitó a su entonces ministro de Salud en el hospital donde se trataba de la COVID-19, en un elocuente gesto de desagravio. Pazuello reconoció que uno manda, otro obedece. Todo grabado en videos y difundido públicamente.
En la CPI, sin embargo, el exministro negó que recibió un mandato presidencial, con el argumento de que las declaraciones públicas o por redes digitales son manifestaciones políticas, pero no configuran órdenes formales, de valor administrativo.
Tampoco reconoció que el Ministerio durante su gestión haya recomendado o estimulado el uso de medicamentos ineficaces contra la COVID-19, considerados además nocivos, porque pueden producir efectos colaterales, como cloroquina y el antihelmíntico ivermectina.
Pero Pazuello asumió el cargo en sustitución de Nelson Teich en mayo de 2020 porque precisamente este se negó a aceptar el llamado tratamiento precoz, que incluye la cloroquina y otros medicamentos, incluso antibióticos y anticoagulantes, calificados de peligrosos por los especialistas.
El general negó también haber recomendado ese tratamiento, pese a numerosas declaraciones grabadas suyas y documentos de su gestión comprobando todo al revés.
La tragedia que marcará su reputación y la del gobierno empieza en la arrogancia de aceptar la jefatura del ministerio, sin tener calificaciones para la tarea, más aún en medio de una pandemia y sin rodearse de expertos sanitarios, sino de otros militares.
El colapso del sistema de salud en Manaus, capital del Amazonas, donde murieron centenares de personas por falta de oxígeno en los hospitales durante la segunda quincena de enero, fue la peor prueba de ese fracaso y lo hizo reo en un proceso judicial que le puede costar caro, al igual que las conclusiones de la investigación de la CPI, que comenzó sus labores el 4 de mayo.
Además de esa adversidad, el gobierno de Bolsonaro sufre varios conflictos internos. Son rebeliones del Estado contra el Estado, definió Maria Cristina Fernandes en su columna en el diario Valor de 20 de mayo, porque se trata de peleas entre distintos sectores públicos.
La adquisición del sistema de procesamiento de datos Pegasus, que permite el espionaje, de origen israelí, por el Ministerio de Justicia, molestó a la Agencia Brasileña de Inteligencia, excluida del proceso por maniobras de Carlos Bolsonaro, hijo del presidente, según el portal de noticias UOL.
La denuncia de contratos para reformas de instalaciones del Ministerio de Salud en Río de Janeiro, por un valor equivalente a 5,4 millones de dólares, se convirtió en otro escándalo, esta vez divulgado por la red de TV Globo.
Las obras, encargadas a empresas sin calificación e involucradas ya en otras ilegalidades, fueron contratadas por un coronel retirado, George Divério, superintendente local del Ministerio, nombrado por Pazuello.
