Los grupos titulares de medios de comunicación en Malasia han lanzado una campaña dirigida a la opinión pública para que les ayude a tutelar el derecho a la libertad de expresión, tras la suspensión de una página de información digital y dos periódicos locales por publicar artículos relativos a un escándalo financiero en el que está implicado el primer ministro del país, informa Mong Palatino en la publicación Global Voices Online.
El 19 de julio de 2015 apareció bloqueado Sarawak Report, un sitio informativo, como resultado de las diligencias abiertas por la Comisión de Malasia para la Comunicación y los Multimedia (Malaysian Communications and Multimedia Commission, MCMC), que le acusa de difundir “acusaciones no verificadas” sobre los negocios de 1Malaysia Development Bhd (1MDB), una sociedad de inversiones gubernamental y dice que el bloqueo se ha llevado a cabo “tras recibir quejas de la opinión pública”. La semana siguiente, el Ministerio del Interior suspendió la licencia de los periódicos The Edge Financial Daily y The Edge Weekly, también por publicar documentos y reportajes de investigación sobre 1MDB.
El caso 1MDB se refiere a algunas dudosas transacciones financieras efectuadas por la entidad, que habrían costado miles de millones de dólares a los contribuyentes. En los primeros días de julio de 2015, el estadounidense Eall Street Journal publicó un informe denunciando la transferencia de 700 millones de dólares a diversas cuentas bancarias del primer ministro de Malasia, Najib Razak, a través de la sociedad 1MDB. De momento, el gobierno malasio dice que está investigando los movimientos de la compañía y el ministro niega las acusaciones.
Por su parte, el digital Sarawak Report mantiene no haber cometido ningún delito y exige que el gobierno presente pruebas acerca de los manejos llevados a cabo por 1MDB, en lugar de censurar la información: “Este nuevo atropello a la libertad de los medios no hace más que desacreditar a una Administración que está demostrando no ser capaz de enfrentarse a la evidencia”. El bloqueo de Sarawak Report ha inspirado a muchos internautas malasios, que no cesan de comentar lo sucedido en las redes sociales.
En cuanto a los periódicos censurados, el Ministerio del Interior ha declarado que dos de los artículos publicados en The Edge sobre 1MDB podían “presumiblemente, suponer un peligro para el orden público y la seguridad, y sembrar la alarma en la opinión pública”.
El Centro para el Periodismo Independiente (Center for Independent Journalism, CIJ) ha emitido un comunicado afirmando que el gobierno tiene que investigar las acusaciones de corrupción en lugar de atacar a la libertad de expresión: “El CIJ manifiesta su enorme preocupación por la última vuelta de tuerca en torno a una cuestión de interés público, que niega la capacidad de todos a buscar información, discutir sobre ella y formarse una opinión. El CIJ reitera su exigencia de que se investiguen las cuestiones de actualidad y se niega a aceptar ningún tipo de regulación o censura en Internet”, lo mismo que en los medios convencionales.
Malaysiakini, página informativa alternativa, ha publicado un editorial denunciando la actuación del gobierno, al que acusa de “pérdida de credibilidad”: “Cuando unos representantes políticos que no tienen nada que ocultar silencien u n medio de comunicación ponen en duda su credibilidad. Esta suspensión lo que hace es enviar al pueblo el mensaje de que el gobierno tiene algo que ocultar”.
Para el Club de Corresponsales Extranjeros de Malasia (Foreign Correspondents Club of Malaysia ) “la idea de que el gobierno pueda suspender, o revocar la licencia periodística mina cualquier defensa que se haga de la libertad de prensa. Y suspender un periódico por publicar informes que nadie ha podido demostrar que sean falsos, es algo absolutamente contrario al concepto de justicia natural”.
La asociación de defensa de los derechos humanos Suaram ha exigido al gobierno verdad y transparencia. El grupo de juristas Lawyers for Liberty ha asegurado que la suspensión de Sarawak Report tiene un “efecto escalofriante” en la prensa: “Es necesario recordar a las autoridades que el periodismo no es un delito. La libertad de prensa es un componente indispensable en una sociedad moderna y democrática, como medida de control y equilibrio para los excesos del gobierno. Un comportamiento autoritario envía a la prensa un espantoso mensaje de autocensura”.
Los juristas malasios aseguran también que investigaciones como la publicada por The Edge deberían verse “animadas” por las autoridades, para garantizar un buen gobierno.
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