En México el debate sobre las drogas no se ha abierto con la resolución de la Suprema Corte sobre el derecho a cultivar y transportar mariguana para consumo propio, señala el senador Pablo Gómez en este artículo de opinión, en el que sostiene que el punto ha sido tratado durante muchos años y que, a partir de la crisis de violencia en México, el asunto se convirtió en algo verdaderamente urgente. Por ello, la culminación de este debate debe hacerse pronto y arrojar soluciones efectivas.
Pablo Gómez Álvarez1
Sería perder el tiempo seguir con la discusión sobre los posibles daños de la mariguana a la salud de los consumidores. Nadie muere por sobredosis de cannabis ni se ha demostrado que fumar esa hierba produzca adicción. Si la mariguana no puede ser tratada de igual forma que el alcohol y el tabaco –extendidos problemas de salud– mucho menos debe mantenerse prohibida.
El problema que hay que plantear es el control del Estado sobre la producción, transporte, distribución y comercio de la mariguana. Lo que se debe buscar es que se termine con la actividad ilegal, pero no para desregularla. La Corte considera que la gente puede cultivar su propio cannabis, lo cual implica que también se puede asociar para tal fin. Aunque la mariguana puede cultivarse hasta en macetas, sería difícil tratar de resolver el problema con la pura resolución judicial, pues el comercio ilegal se mantendría casi en el mismo nivel que hasta ahora.
De lo que se trata es de sustraer la mariguana del nefasto comercio de drogas que tanto daño ha hecho al mundo, no por las drogas en sí, sino por la delincuencia violenta que ha prohijado la prohibición y por el carácter corrupto del Estado que forma parte de este esquema. Cierto es que en el futuro cercano deberá acabarse con la prohibición en general, mas, por lo pronto, la mariguana es un buen comienzo, porque es la más consumida entre las drogas actualmente prohibidas.
La experiencia holandesa debe ser analizada, y seguir con atención lo que ocurre en Uruguay y en varios estados de la Unión Americana. Pero lo más urgente es que el tema entre en la esfera de la política, que los partidos definan posiciones y el Congreso aborde el problema sin maniobras distraccionistas o dilatorias que no conducirían más que a dejar las cosas como están. El tema no será resuelto en los tribunales, sino en el Poder Legislativo como se desprende del sistema político de la Constitución.
Ahora bien, los obstáculos a un cambio efectivo en este tema se derivan del miedo a que se relajen las buenas costumbres y a que el Estado termine promoviendo el consumo de drogas. Este miedo no se va a eliminar con una discusión sensata, porque, sencillamente, no proviene de la sensatez. Los bandos de opinión a este respecto no coinciden exactamente con la derecha y la izquierda, ya que hay gente muy conservadora en materia política y social que combate la prohibición, mientras que personas de izquierda tienen miedo y se muestran defensoras de una ley que ha demostrado su naturaleza inicua en el plano social, económico y jurídico. Aunque existe una mayoría de derechistas que defienden el pernicioso sistema actual, no todos lo hacen, ni son los únicos en hacerlo.
Otro problema sobre este tema es que bajo el Estado corrupto, la desregulación no supera necesariamente la “mordida” (soborno). Como se trata de despenalizar para controlar con certeza y probidad, puede ser una nueva amenaza la generalizada falta de honradez de la autoridad y, por tanto, la violación organizada de las leyes. Hay que admitir que la lucha contra la prohibición es parte de la lucha contra el Estado corrupto, pero sólo en un sentido general. Como la persecución legal del negocio de las drogas es parte integrante del sistema de corrupción que impera en México, con la sola regulación de la producción y distribución de la mariguana no se va a reformar el gobierno. Esto quiere decir que se requeriría la más amplia y solidaria participación vigilante de los consumidores para evitar que las autoridades abran un nuevo mercado paralelo ilegal.
Ninguna reforma se realiza sin generar problemas nuevos, pero éstos se pueden resolver con el mismo ímpetu con el cual fue posible realizar tal reforma. Con ese espíritu habría que acometer esta tarea. Pero hay algo indispensable: que no se cuelgue nadie de las malintencionadas tesis de que este tema no es importante o que primero debe votarse en plebiscito. Por un lado, no sólo los más grandes problemas deben resolverse. Por el otro, las libertades y derechos humanos no son materia de consultas populares o, al menos, no deberían de serlo.
- Pablo Gómez Álvarez es senador mexicano por el PRD.
