Entre 1983 y 2013, en México fueron asesinados 112 periodistas, 13 mujeres y 99 hombres; solamente en 2012 existe el reporte de 7 desaparecidos. La lista de agravios, despidos y hostigamiento a la libertad de expresión supera los mil casos.
En los primeros cuatro meses de este año perdieron la vida: Jaime Guadalupe Domínguez, en Chihuahua, el 3 de marzo; Alonso de la Colina, el 16 de abril, en Puebla, y el fotógrafo Daniel Alejandro Martínez este 24 de abril en Coahuila. Este domingo se cumplió un año del asesinato de la periodista Veracruzana, Regina Martínez, sin que a nadie satisfaga el remedo de investigación que se hizo sobre este crimen inaceptable.
Las expresiones de indignación superan todos los cálculos. Recordar que este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, proclamado oficialmente por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993, hace exactamente 20 años, nos obliga a señalar que esa proclamación por la libertad de circular ideas, para difundir escritos, para opinar, no ha detenido a los detractores de todos los tiempos que solamente pueden callar a periodistas matándolos.
Hoy de cara a la increíble tasa de impunidad de los crímenes contra periodistas, trabajadores de los medios y productores de medios sociales, la ONU llama a todos los periodistas del mundo a que inicien una larga jornada para poner en el centro del debate político el derecho a hablar sin riesgo: por el ejercicio seguro de la libertad de expresión en todos los medios.
La situación es crítica, sobre todo en casos de conflictos armados. Pero es asombroso que sin ese marco de conflicto armado o guerra declarada, en México superemos las cifras de homicidios contra periodistas, como un signo de la barbarie en que vivimos. Es tiempo de pararla. ¿Quién escucha?
La Casa de los Derechos de Periodistas (CDP), uno de los sitios de defensa y protección a comunicadores o comunicadoras en activo, que ha tenido que sacar fuerzas para exiliar a más periodistas de los que la imaginación cubre, está llamando la atención del gremio, pero principalmente de las autoridades para que sean efectivas las medidas de protección y se deje de simular. De nada sirven leyes y mecanismos de protección, si en la práctica las y los periodistas no la tienen y viven miedo y riesgo cotidianos.
La CDP ha concluido con las cifras disponibles que en 2012, el último de la administración calderonista, 15 periodistas perdieron la vida, el 50 por ciento en los estados de Veracruz y Chihuahua. Y de las más de 55 agresiones, 22 sucedieron en Oaxaca. O sea está muy claro el mapa y los lugares donde debían actuar las autoridades. Ya es tiempo de obtener respuestas de los gobiernos y de los congresos; de los mecanismos de protección que parecen papel mojado. Se agota el tiempo de la protesta epistolar y la conmiseración. ¿Entenderán los reformadores? ¿Podrán hacer algo? Se necesita una acción realmente preventiva y de respeto a las libertades fundamentales sustantivas y no demagógicas.
Lo que sucede a periodistas y el tamaño de la violencia general, evidentemente es resultado de la guerra desatada por los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, 12 años de cifras impresionantes: 75 asesinatos de periodistas. Un pálido reflejo de la violencia e impunidad que campea en todo el país, que ha puesto en claro, que en muy poco tiempo se impuso lo que el analista Eduardo Guerrero califica como “permiso para matar”, es decir, se ha definido culturalmente en México, un proceso donde hay permiso para agredir, violentar y matar. Es como un monstruo salvaje que salió de las catacumbas para mostrar el más terrible de los rostros de una sociedad y una nación en la cual el respeto a la vida no es más que una falacia y el estado de derecho otra.
Las demandas del gremio son elementales: que las autoridades hagan su trabajo, investiguen, castiguen, prevengan, pongan un dique a esta espiral de violencia que, además, afecta a otras miles de personas, familiares, ciudadanas y ciudadanos, que se levanta como un huracán incontrolable. En abril 3 colegas fueron asesinados. Los peores años 2006, con 12 asesinatos, y 2008 con cifra semejante.
México ha sido llamado a cuentas por los organismos internacionales. La defensa de periodistas, tal cual el caso del feminicidio con 38 mil mujeres asesinadas en esos mismos años, nos hace uno de los países significativamente violentos e impunes, donde no hay ley ni gobierno.
Ante ello, la CDP ha lanzado una demanda específica para que el gobierno de Enrique Peña Nieto muestre con hechos su deseo, su declaración de que en este país debe reinar el Estado de Derecho. Que este gobierno y su diligente Procuraduría General de la República haga algo y pronto. Detenga el asesinato, las agresiones y cumpla con lo estipulado en la Constitución. Ya es tiempo.
Urge poner en práctica, no sólo con recursos y discurso, la operación de las medidas de protección. Que las autoridades no se salgan por la tangente, señalando que esta situación es consecuencia del crimen organizado. Los análisis de asesinatos y agresiones señalan que el 62 por ciento de los lamentables hechos son atribuibles a funcionarios menores y mayores; a gobiernos estatales simuladores y corruptos; a excesos de la fuerza pública y a intereses locales, regionales o nacionales para quienes viven como incómodos el ejercicio de la libertad de expresión, de imprenta y el derecho de opinar.
La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, señalado en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y las constituciones de los sistemas democráticos también lo consagran. De ahí deriva la libertad de imprenta también llamada libertad de prensa.
El derecho a la libertad de expresión es definido como un medio para la libre difusión de las ideas, así fue concebido durante la etapa de la Ilustración. Para filósofos como Montesquieu, Voltaire y Rousseau la posibilidad del disenso fomenta el avance de las artes y las ciencias y la auténtica participación política: la democracia.
La libertad de opinar fue uno de los pilares de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos (Primera Enmienda), de la Revolución Francesa y de la Revolución Mexicana. Miles de perseguidos por sus ideas en la etapa porfirista dejaron testimonio de estos hechos; miles de perseguidos en la guerra sucia de los años 70 del siglo pasado igual. Hasta los magnicidios como el cometido contra el periodista Manuel Buendía, un 30 de mayo de hace 29 años, y hoy parece que fuera ayer. Nada cambia, todo permanece, dijera el filósofo, tirando de sus cabellos, asombrado por la barbarie humana, en la época de los grandes avances de la tecnología y la información horizontal. Ya es tiempo de poner freno a la estulticia.
