La crisis económica ha alterado sustancialmente la práctica bancaria en España y los problemas de liquidez no encuentran respuesta adecuada en tiempo y forma, problema que están solventando empresas de mini créditos con ofertas que pueden materializarse en pocos minutos a través de Internet.
Por la publicidad que llega a nuestros buzones de correo electrónico se advierte que en su mayoría son negocios orientados a solventar la tesorería de personas y profesionales autónomos, que siguen una política de clasificación del riesgo diferente a la banca tradicional, porque sí pueden conceder un crédito rápido a quien ha obtenido una negativa previa de su entidad financiera habitual.
Así, las posibilidades de anticipos de nómina o pensión que han dejado de otorgar bancos y cajas, la excesiva penalización de los descubiertos en cuenta corriente por pagos imprevistos, o la necesidad de reservar el saldo de las tarjetas de crédito para las compras cotidianas, así como sus altos intereses para el pago fraccionado, son circunstancias que ahora encuentran soluciones en webs como la aquí disponible, entre otras muchas que han aflorado en los últimos tiempos.
También suponen una solución para colectivos como jubilados y pensionistas que ven mermados sensiblemente sus ingresos familiares a partir de los 65 años y tienen que seguir haciendo frente a sus compromisos con la solvencia limitada de su pensión mensual, que resulta insuficiente para la banca comercial, o para quienes han sido incluidos temporalmente en registros de morosos por problemas con el recibo de la luz o el teléfono.
Disponibilidad rápida y clara
Los honorarios de estas empresas de créditos rápidos son altos, aunque la competencia les está obligando a afinar en sus tarifas, e incluso que lleguen a conceder el primer crédito gratis, pero puede resultar un coste asumible si, además de solucionar el problema sobrevenido de liquidez, nos evita una penalización en la cuenta corriente o dar explicaciones sobre problemas privados al gestor habitual de la entidad financiera con la que trabajamos.
Jueces para la Democracia (JpD) ha reclamado en España protección para los ciudadanos después de analizar la insuficiente protección jurídica de los consumidores ante los bancos, la existencia de numerosas cláusulas abusivas impuestas por las entidades financieras en los contratos, la ausencia de regulación pública y la falta de sanciones ante prácticas bancarias contrarias a la buena fe.
JpD ve la oportunidad de elaborar “una ley de sobreendeudamiento de los ciudadanos, que proporcione protección a los deudores de buena fe y les posibilite su recuperación económica”, y mientras estas circunstancias no se produzcan, las empresas de préstamos rápidos tienen un amplio mercado a su disposición, que en el caso de España se regula por la ley 22/2007 de 11 de julio que busca acatar la directiva 2202/65/CE del Parlamento Europeo.
