FACUA insta a las CCAA a multar a las principales compañías por negarse a liberar los móviles
FACUA-Consumidores en Acción ha remitido una batería de denuncias contra Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo ante las diecisiete autoridades autonómicas de protección al consumidor en España, en las que les insta a multar a las compañías por negarse a liberar los móviles de sus clientes o cobrarles por ello.
La venta de terminales bloqueados para que no puedan utilizarse con otras compañías es una práctica ilegal, por lo que las operadoras deben liberarlos de forma gratuita y sin hacer esperar a los usuarios a que finalicen sus contratos de permanencia.
Así lo advierte un informe elaborado por el Gobierno y las comunidades autónomas tras la denuncia presentada por FACUA en enero de 2012 ante el Instituto Nacional del Consumo (INC) y las autoridades de consumo de Andalucía, Madrid y Cataluña.
El documento, aprobado por la Comisión de Cooperación de Consumo, señala que las prácticas de las compañías pueden ser objeto de sanción al implicar cláusulas abusivas que vulneran el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En dicha organismo están representadas las autoridades de protección al consumidor del Gobierno y las comunidades autónomas.
Ahora, ante la negativa de las principales compañías de móvil a acatar el informe de la Comisión, FACUA reclama a las diecisiete autoridades de consumo que apliquen sanciones proporcionales a las dimensiones del fraude que vienen cometiendo con el sabotaje de los terminales.
Asimismo, FACUA ha elaborado un modelo de reclamación para que los usuarios presenten denuncias ante las autoridades de consumo de sus comunidades autónomas para pedirles que insten a las compañías a liberar sus móviles y les impongan multas. Los que hayan pagado a las operadoras por el desbloqueo de los terminales pueden exigir la devolución del dinero.
La venta de móviles bloqueados implica un sabotaje por el que se les ha introducido una restricción técnica, un defecto, que limita y restringe las posibilidades de uso del móvil que el consumidor adquiere.
Un terminal del que el usuario es titular y que además abonará de forma diferida a lo largo del periodo de duración del compromiso de permanencia que le obligan a asumir mediante el pago de un consumo mínimo mensual y unas condiciones tarifarias concretas.
Informe de la Comisión de Cooperación de Consumo
El informe de la Comisión de Cooperación de Consumo estima «la valoración como abusiva de la práctica que realizan las operadoras telefónicas de bloquear el terminal en los términos referidos».
Según el informe, «en el caso de que el cliente, dentro del periodo de permanencia, estando al corriente del abono de la factura y manteniendo el contrato durante el periodo de permanencia acordada, quiera hacer uso del terminal con una tarjeta de otro operador porque en un momento dado tenga condiciones económicas más ventajosas, el operador no puede negarse a liberar el terminal, limitando los derechos del consumidor si éste está cumpliendo con las obligaciones que contrajo en el momento de contratar».
Asimismo, «en el supuesto de que un usuario haya adquirido un terminal ‘subvencionado’ y haya finalizado el período de permanencia o, en caso de querer resolver el contrato, haya abonado la penalización correspondiente, teniendo en cuenta que por parte del consumidor se ha cumplido con las obligaciones contractuales, y la empresa, conforme a los requisitos que ella misma establece en el contrato, ha recuperado el importe del terminal subvencionado, el operador no puede negarse a liberar el terminal, cobrar al usuario por facilitarle el código para el desbloqueo o dilatar en el tiempo la entrega del código cuando el usuario ya ha cumplido con su parte del contrato».
«Las referidas prácticas constituyen infracciones en materia de consumo sancionables por las autoridades competentes de conformidad con el artículo 49.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios», concluye el informe.
El informe también señala que «con independencia del carácter abusivo de este tipo de prácticas, debe valorarse también su posible carácter desleal para los consumidores, ya que parece existir una falta de transparencia generalizada en las ofertas de las operadoras telefónicas, que en muchos casos no informan al usuario, entre otros aspectos, del bloqueo del terminal, del procedimiento para desbloquearlo, ni tampoco de la penalización por baja anticipada, y el cliente no tiene la opción de comparar la oferta del móvil subvencionado con lo que le costaría ese móvil libre».
