Como tal vez tendremos elecciones en Guatemala y hay que ser optimistas, guardamos la esperanza de que el Congreso impulse de manera acelerada las reformas urgentes y necesarias previas a este proceso. Si no lo hace, los diputados recibirán el repudio generalizado que los pondrá en verdaderos aprietos.
Los partidos políticos estarán en salmuera, pues la repugnancia que se ha expresado ante la corrupción develada los obliga a asumir una actitud más respetuosa y responsable, acorde con la responsabilidad que tienen ante sus electores, a los que usualmente han estafado, pero que en esta nueva coyuntura los que tienen acceso a información ya no serán engañados.
En el ámbito municipal, las corporaciones son el primer referente de la autoridad, porque deben atender las demandas locales de servicios públicos. Y como el sistema ha sido tan perverso, el pleito por los recursos y su respectiva malversación, aprovechándose de la facultad que les otorga la Constitución de obtenerlos y disponer de ellos, ha sido una constante en la mayoría de los casos. Veamos lo siguiente: decenas de alcaldes han convertido sus cargos en mecanismos de enriquecimiento ilícito, por lo que, según se ha dicho por diferentes fuentes, cada cuatro años invierten millonarias cantidades de dinero, para ser reelegidos.
Un monitoreo de medios escritos efectuado por Cerigua entre 2014 y mayo del 2015, publicado recientemente, muestra quiénes son estas autoridades locales que han sido acusadas de incurrir en delitos durante sus gestiones, la mayor parte vinculadas con la corrupción.
El Partido Patriota, con el mayor número de alcaldías del país (183) es, al mismo tiempo, el que tiene más alcaldías señaladas de cometer actos reñidos con la ley, con 22; aunque esta cantidad solo representa un 12 por ciento de sus comunas.
Datos del Ranking de gestión municipal 2013, presentados en marzo pasado por la Secretaría de Planificación (Segeplán), reportó que 258 de las 334 municipalidades hasta ese momento, en todo el país, presentaban una gestión media baja y baja; es decir, un 77.25 por ciento de las comunas, la mayoría, tenían una gestión débil.
En el monitoreo aparecen 54 municipalidades con cuestionamientos, el más común relacionado con el mal manejo de fondos, que se repite en 28 casos (un 52 por ciento); el resto de acusaciones se reparten en señalamientos como: abuso de poder, falta de transparencia, uso de obras con fines electorales, negación de información pública, entre otros.
La UNE, en 2012, logró 25 alcaldías, de las cuales, en el período analizado, aparecen 15 con señalamientos; lo que significa, en porcentajes, que en el 60 por ciento de municipios donde ejerce el poder local existe algún nivel de corrupción. Hay casos de alcaldes o exalcaldes condenados o procesados.
Los periodistas, principalmente departamentales, corren altos riesgos por publicar hechos como los referidos.
