Bajo el lema, No juzgues mi Discapacidad #MiVotoCuenta, centenares de personas han protestado ante el Tribunal Constitucional para exigir el derecho al voto de todas las personas con discapacidad. La concentración fue organizada por el CERMI, Down España y Plena Inclusión y reclamaron el derecho al voto de casi 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo que actualmente no pueden ejercerlo debido a la sentencia que modifican su capacidad legal para ser autónomos.
El fallo en contra del Tribuna Constitucional a un recurso de amparo presentado por una joven con discapacidad intelectual que lucha para poder ejercer el derecho al voto ha sido el desencadenante de esta manifestación ya que la negación del derecho al sufragio universal por el hecho de tener una discapacidad supone una discriminación y vulnera la Convención de la ONU sobre los Derechos de las personas con Discapacidad ratificada en España en 2008.
Los asistentes corearon el lema, «con mi voto no se juega» o «queremos votar» y portaron pancartas en donde rezaba, «mi voto cuenta». Para el presidente del CERMI, D. Luis Cayo Pérez Bueno, «la experiencia del sector social de la discapacidad con el Tribunal Constitucional es de permanente frustración y decepción, pues no ha asumido, ni conoce, ni practica, la dimensión de derechos humanos con la que ha de abordarse la realidad de las personas con discapacidad»
“Y en esta cuestión del derecho al voto, el TC mantiene un enfoque antediluviano en la consideración de las personas con discapacidad, como seres débiles, frágiles e influenciables, sometidos a instancias ajenas a sí mismas, que no pueden ejercer sus derechos como cualquier otro miembro de la comunidad, y sanciona su privación”, ha señalado Pérez Bueno.
La decisión del Constitucional –ha señalado José Fabián Cámara- presidente de DOWN España, vulnera los principios de igualdad de la Constitución y de la Convención de la ONU. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la que es una de las violaciones más flagrantes que se están produciendo en nuestro país. «Necesitamos alzar la voz para denunciar este hecho y reclamar que en nuestro país se respeten los derechos civiles de toda la población, con o sin discapacidad.”
“Además, necesitamos que se modifique cuanto antes la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Obligar a los jueces a realizar un examen para constatar la capacidad de comprensión de las personas con discapacidad para poder votar supone segregar a nuestro colectivo y someterlo a un proceso denigrante, en cuanto no se le solicita el resto de la sociedad”, ha zanjado Cámara.
El presidente de Plena inclusión, Santiago López Noguera, ha afirmado que cada uno debemos asumir nuestra parte de responsabilidad: el Gobierno, no demorar la reforma de la LOREG; la Junta Electoral, facilitar los procesos para ejercer el derecho al voto; los partidos políticos, facilitar el acceso de las personas con discapacidad a su organización; los jueces, no perder de vista el artículo 29 de la Convención de la ONU a la hora de interpretar la Ley.
«A las personas con discapacidad les toca tomar conciencia, con la ayuda de la accesibilidad cognitiva y el acceso a la información. Los familiares somos el siguiente escalón y debemos estar muy atentos en todo el proceso y no transigir con usos y costumbres instaurados. Para todo ello es imprescindible el apoyo y la información que recibimos de cada una de las 900 entidades que formamos Plena Inclusión”.
