La Administración General del Estado y los gobiernos autonómicos tendrán que reservar por ley un mínimo de contratos públicos en favor de centros especiales de empleo de personas con discapacidad, así como de empresas de inserción social de personas en riesgo de exclusión.
Una modificación de la ley de contratos del sector público operada por el proyecto de ley por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y también de la Economía Social acaba de ser aprobado por el Congreso y posteriormente continuará su tramitación parlamentaria en el Senado.
Según la legislacióna actual, los contratos del sector público era facultativo para las administraciones decidiendo al efecto el órgano contratante. Al entrar en vigor esta reforma, la reserva de un mínimos de contratos en favor de centros especiales de empleo y de empresas de inserción pasa a sre obligatoria. Será el Consejo de Ministros y los órganos de gobierno de la Comunidades Autónomas los que mediante acuerdo, determinen el mínimo de contratos que se reservan a estas empresas sociales.
El CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) considera positiva esta medida en tanto que refuerza la dimensión social de la contratación pública y espera que se avance en esta dirección en la nueva ley de contratos del sector público.
