Nueva pena de muerte por blasfemia en Pakistán

Un grupo de ocho relatores especiales¹ de Naciones Unidas ha hecho público un comunicado contra la pena de muerte impuesta por un tribunal pakistaní al profesor universitario Juanid Hafeez, por una acusación de blasfemia, y calificó el veredicto como una “caricatura de la justicia”.

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Cartel de Amnistía Internacional contra la pena de muerte

La sentencia al académico se dictó pese a que los expertos de la ONU en derechos humanos ya habían llamado la atención al Gobierno de Pakistán en un juicio también por blasfemia a Asia Bibi, una mujer cristiana que pasó ocho años en la cárcel esperando su ejecución. En esa ocasión, habían señalado la falta de argumentos que sostuvieran el caso y Asia Bibi fue finalmente liberada.

“La decisión de la Corte Suprema en el caso Asia Bibi debería haber sentado un precedente para los tribunales menores, que deberían descalificar cualquier caso de blasfemia que no haya sido probado más allá de la duda razonable”, apuntaron los expertos en un comunicado conjunto difundido este viernes 27 de diciembre de 2019.

Agregaron que a la luz del veredicto contra Hafeez, el proceso se puede calificar como una “caricatura de la justicia” y condenaron la decisión de imponerle la pena capital.

“Urgimos a los tribunales superiores de Pakistán a dar curso inmediato a la apelación, a anular la sentencia y a exculpar al acusado”, enfatizaron, recordando que el derecho internacional sólo permite la pena de muerte en circunstancias excepcionales que requieren una evidencia incontrovertible de asesinato intencional.

“La pena de muerte impuesta a Hafeez carece de bases legales o de evidencias, por lo tanto, contraviene las leyes internacionales. Aplicar la sentencia equivaldría a una ejecución arbitraria”, dijeron.

Asimismo, expresaron preocupación por las imputaciones de blasfemia que aún se presentan en ese país contra personas que ejercen legítimamente sus derechos a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y expresión.

Confinamiento en solitario

Juanid Hafeez es un académico universitario de 33 años que ejerce en la Universidad Bahauddin Zakariya en Multan. Fue arrestado el 13 de marzo de 2013 por presuntos comentarios blasfemos en sus conferencias y clases y en su cuenta de Facebook.

Su juicio empezó en 2014 y desde entonces se encuentra confinado en solitario, lo que ha afectado su salud física y mental. La sentencia de muerte la emitió un tribunal de Multan el 21 de diciembre pasado.

Los expertos subrayaron que el confinamiento en solitario podría considerarse tortura y trato degradante, cruel e inhumano.

Los relatores afirmaron que según los documentos presentados al tribunal, el caso nunca fue revisado por peritos independientes pese a las aseveraciones de que se habían fabricado pruebas y a que el abogado de Hafeez fue asesinado en 2014 sin que hasta ahora se haya esclarecido en crimen.

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Ahmed Shaheed, relator especial de la ONU sobre la libertad de religión. Foto de archivo: ONU/Jean-Marc Ferré

“Parece haber un clima de miedo entre los encargados judiciales del caso y eso podría explicar que al menos siete jueces hayan sido transferidos a lo largo de los años que duró el juicio”, subrayaron.

Los relatores especiales¹ firmantes del comunicado son Ahmed Shaheed, sobre la libertad de credo; Agnes Callamard, sobre ejecuciones extrajudiciales; Nils Melzer, sobre tortura; y los cinco expertos miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias: José Antonio Guevara, Leigh Toomey, Elina Steinerte, Seong-Phil Hong y Setondi Adjovi.

  1. Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
    Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de determinación de hechos y vigilancia del Consejo de Derechos Humanos que se ocupan de situaciones de países concretos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo.
    Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

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