La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, especificó en la presentación oral en el Consejo de Derechos Humanos de informes anuales sobre diversos países, que los sucesos violentos en Colombia contra comunidades rurales y líderes sociales en 2021 se produjeron en «un contexto de continua expansión territorial por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales».
Bachelet destacó que los grupos de población que sufrieron un mayor impacto de estas acciones fueron los pueblos indígenas y los afrodescendientes.
La Oficina de la Alta Comisionada documentó el año pasado 78 masacres y cien homicidios de defensores de derechos humanos. A este balance, le añadió los 54 asesinatos de excombatientes de las FARC-EP reportados por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y los 54 casos de privaciones arbitrarias de la vida por parte de la Fuerza Pública.
Bachelet llamó al Gobierno a «establecer con urgencia una presencia más integral de las autoridades estatales civiles en los territorios más afectados por esta violencia», y en consulta con la sociedad civil, «adoptar una política de desmantelamiento de las organizaciones criminales y fortalezca su respuesta a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo».
