Son 23 horas al día en una celda sin luz natural y una para pasear en un patio de siete metros por cuatro. Pablo González, periodista independiente hispano-ruso, lleva casi un año de confinamiento solitario en Polonia, informa Karlos Zurutuza (IPS) desde Nabaniz (España).
González fue arrestado durante la noche del 27 al 28 de febrero de 2021 en Przemysl, una ciudad polaca fronteriza con Ucrania. Como periodista especializado en el espacio postsoviético, el reportero tenía pensado cruzar la frontera para cubrir la invasión rusa del país iniciada el 24 de ese mismo mes.
Tres días después de su arresto, el gobierno polaco difundía una nota en la que aseguraba que su Agencia de Seguridad Interior (ABW) había capturado a González «bajo sospecha de haber desarrollado operaciones en beneficio de Rusia, aprovechándose de su condición de periodista».
«Decían que tenían ‘pruebas irrefutables’ de que era un espía, pero nadie las ha visto. El secretismo es total», explica a IPS en su residencia en Nabarniz, en el País Vasco, en España, Oihana Goiriena, pareja de González.
Tras la última prorroga de tres meses concedida por el tribunal que lleva el caso, las autoridades polacas siguen sin hacer públicas las pruebas que aseguran tener en contra del periodista y a sus abogados polacos se les prohíbe hablar. No hay fecha para el juicio; de hecho, ni siquiera existe una acusación formal contra el periodista.
«Ha perdido mucho peso, pero lo que peor lleva es el régimen de aislamiento, el no poder hablar con nadie en todo el día», explica esta vasca de 47 años. Lo sabe porque le pudo visitar el pasado 21 de noviembre en un encuentro supervisado por un agente de la seguridad polaca.
A González se le niega el derecho a hacer llamadas telefónicas por lo que solo quedan las cartas para comunicarse con el exterior. Al tener que ser traducidas y filtradas por la seguridad polaca, son cuatro meses para obtener respuestas, «dos para que le lleguen las cartas y otros dos para recibir las suyas», recuerda. Sus tres hijos «no han visto a su padre en todo este tiempo».
La madre califica de «tibia» la respuesta del gobierno español: «A día de hoy solo hemos tenido contacto con el cónsul español en Varsovia, no nos ha llamado nadie más para tranquilizarnos o darnos alguna explicación», asegura.
¿Que cuáles son las razones que arrastraron a González hasta esa celda polaca? Goiriena piensa que los dos pasaportes (ruso y español) del periodista pudieron hacer saltar las alarmas en Varsovia.
Hijo de dos rusos y nieto de dos exiliados de la Guerra Civil española (1936-1939), el periodista nació en Moscú en 1982 bajo el nombre de Pavel Rubtsov. Cuando sus padres se separaron, el pequeño quedó bajo la custodia de su madre, quien lo registro con el equivalente castellano de su nombre, y su apellido, González, a su llegada a España.
«Por otra parte, Pablo había trabajado mucho en el país (Polonia), cubriendo historias como las protestas antigubernamentales, las presiones sobre el colectivo LGTBI o la crisis migratoria en la frontera bielorrusa, donde se dejó morir a gente de frío en la tierra ‘de nadie’ entre ambos países. Es un periodista incómodo», recuerda Goiriena.
«Creo que se les fue la mano deteniendo a Pablo y ahora no saben cómo salir de esto», analiza.
Silencio administrativo
Si bien se contrataron los servicios de un abogado polaco en abril de 2022 y la asesoría de un gabinete de penalistas del país el pasado octubre, el abogado de González desde que fuera detenido es Gonzalo Boye.
Este chileno residente en España desde hace décadas es experto en Derecho Internacional europeo ha participado en procesos de gran relevancia mediática como el de los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid o el de Edward Snowden, entre otros.
Boye habla con IPS vía telefónica desde Madrid sobre algo que, dice, no tiene precedentes en el seno de la Unión Europea (UE): «Es un caso insostenible, uno de esos en los que se detiene a alguien y se investiga después», denuncia este abogado a quien aún no se ha permitido visitar a su defendido.
«Ni Bruselas ni Madrid han movido un dedo, solo responden con el silencio», esgrime el letrado. Ante la indiferencia institucional frente a lo que describe como «una especie de Guantánamo dentro de la Unión Europea», ha decidido enviar una solicitud de protección al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas.
«Europa se ha alineado sin ambages con Ucrania y Polonia es clave en el conflicto. Pablo González es una víctima más de esa guerra», zanja Boye, en un intento de encontrar una lógica al arresto de González en Polonia.
Además de una plataforma que busca visibilizar el caso, varias personalidades y profesionales de la comunicación y el Derecho han pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores de España una mayor implicación para su resolución.
Tras varias llamadas telefónicas y correos electrónicos de IPS, ese Ministerio de Asuntos Exteriores respondió por correo electrónico que la Embajada de España en Varsovia «está al corriente del caso y haciendo un estrecho seguimiento del mismo».
Asimismo, recuerda que han venido brindando la oportuna asistencia consular, y han visitado a Pablo González en hasta siete ocasiones, «estando prevista la siguiente próximamente».
«En todo momento se ha hecho hincapié a las autoridades polacas en la necesidad de respetar sus derechos. Se han hecho, adicionalmente, gestiones a distintos niveles en relación con su caso, trasladando el mismo mensaje», subraya el Ministerio en su respuesta.
Los daños
La guerra de Ucrania ha convertido a Polonia en el principal punto de entrada de todo tipo de suministros (desde alimentos básicos hasta armas de última generación) hacia Ucrania, y de salida para millones de refugiados que huyen de la guerra.
Se trata de un país central en un conflicto cuyas consecuencias se dejan notar a nivel global, lo cual no impide el progresivo deterioro de su salud democrática.
En su informe de 2022, la oenegé estadounidense Freedom House reveló que Polonia registraba el declive más rápido de la democracia en los veintinueve países de Europa Central y Oriental y Asia Central que monitorea entre las llamadas «Naciones en Tránsito».
«No recuerdo un caso similar al de Pablo González en la Unión Europea», dice a IPS por teléfono Alfonso Bauluz, presidente de Reporteros sin Fronteras (RSF) en España. Bauluz recuerda desde Madrid el «complicado escenario» que plantea la guerra de Ucrania, y también que Polonia es «uno de esos países de la UE que han endurecido medidas contra la pluralidad informativa».
«Son ya ocho años de caída consecutiva en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que elaboramos en RSF», subraya. Aparece en el puesto 66 (justo por detrás de Chipre, Mauricio y Montenegro) de una lista de 180 países.
El 10 de enero, RSF España volvía a pedir el «fin del ensañamiento carcelario» de Pablo González, que se respete su presunción de inocencia y que se den «todas las garantías para un juicio justo».
«Yo lo que quiero es un juicio lo antes posible, público o privado, pero cuanto antes», dice Oihana Goiriena. Si bien la pareja del periodista confía en que se acabe finalmente probando su inocencia y este quede en libertad, también recuerda que el daño ya está hecho.
«El mes que viene cumplirá un año de prisión. Además, pagar abogados y costes nos ha endeudado para mucho tiempo, eso por no hablar del daño profesional que supone para un periodista especializado en el espacio postsoviético», sentencia.
