En el marco de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma (que establece desde 1998 la Corte Penal Internacional – CPI), que se reúne desde el pasado 8 hasta el próximo 17 de diciembre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, la Asamblea acordó otorgarle a Palestina el estatuto de Estado Observador, según reporta la misma prensa en Israel (ver nota del Jerusalem Post).
Otra nota más detallada de otro medio israelí (Haaretz) indica que esta decisión se tomó sin ningún tipo de objeción por parte de los 122 delegados presentes a la cita: el número corresponde al de los Estados Partes al Estatuto de Roma (ver listado oficial) a la fecha. Se trata de un primer respaldo obtenido por Palestina, que viene a completar un largo recorrido de Palestina ante la CPI en favor de la plena aplicación de justicia penal internacional en su territorio.
A este respecto, vale la pena recordar que la Oficina del Fiscal de la CPI rechazó en el mes de abril del 2012 una solicitud para que se investigaran las acciones armadas de Israel en Gaza (ver nota de abril del 2012 en francés y en inglés ): el rechazo se debía en aquel momento al hecho que Palestina no ostentaba la calidad de «Estado» reconocido como tal por las Naciones Unidas. Obtenido el estatuto de «Estado No Miembro Observador» por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas el 29 de noviembre del 2012 (Nota 1), y con ocasión de la visita del jefe de la diplomacia de Palestina a la CPI, la misma oficina del Fiscal de la CPI indicó en agosto del 2014 la imposibilidad que se investigara lo ocurrido en Gaza en julio/agosto del 2014, precisando que Palestina debía proceder de nuevo a reconocer la jurisdicción de la CPI (ver nota de comunicado oficial de prensa en francés y en inglés de la Oficina del Fiscal).
Como bien se sabe, el derecho penal internacional es un ámbito del derecho internacional que tiene profundamente preocupado a Israel y a su aliado norteamericano. Palestina depositó el 21 de enero del 2009 de una declaración de aceptación de la jurisdicción de la CPI la cual omite precisar la nacionalidad de las víctimas y de los “autores y cómplices de actos perpetrados en el territorio de Palestina desde el 1 de julio del 2002” (traducción libre de: « the Government of Palestine recognizes the jurisdiction of the Court for the purpose of identifying, prosecuting and judging the authors and accomplices of acts commitied on the territory of Palestine since July 2002 » (Nota 2). Este acto de Palestina en favor de la justicia penal internacional fue considerada por el servicio jurídico del ejército israelí como una nueva forma de terrorismo, desconocida hasta entonces: el «terrorismo legal» (Nota 3). Un cable confidencial de la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv del 23/02/2010 (ver texto completo ) dado a conocer por Wikileaks en el 2011 ya indicaba el gran temor que generaba a la diplomacia israelí la CPI y la necesidad de contar con el respaldo de Estados Unidos, en los siguientes términos: «Libman noted that the ICC was the most dangerous issue for Israel and wondered whether the U.S. could simply state publicly its position that the ICC has no jurisdiction over Israel regarding the Gaza operation”.
Menos confidencial, recientemente se leyó en un artículo titulado: «US is ‘absolutely adamant’ that Palestine not go to ICC and wreck the peace process — Power que para la diplomacia de Estados Unidos, «The ICC is of course something that we have been absolutely adamant about. Secretary Kerry has made it very, very clear to the Palestinians, as has the President. I mean, this is something that really poses a profound threat to Israel” (sic). Debe ser la primera vez en la historia del derecho internacional que se afirme públicamente que una jurisdicción penal internacional constituye una verdadera amenaza para un Estado considerado como un aliado: un hecho que amerita ser recalcado y analizado. Algunos podrían hasta ver en esta manifestación pública algo que se asemeja a una confesión. No sería la primera vez: la edición del The Washington Post del 29 de Noviembre 29 del 2012 refiere a otra inédita manifestación pública, esta vez proviniendo de la diplomacia del Reino Unido: Reino Unido estaba dispuesta a votar en favor del texto que reconoce a Palestina el estatuto de Estado No Miembro Observador, siempre y cuando Palestina diera garantías de no accionar los mecanismos de la Corte Penal Internacional (CPI): “The U.K. suggested that it might vote “yes” if the Palestinian Authority offered assurances that it wouldn’t pursue charges in the International Criminal Court, but apparently came away unsatisfied” refiere The Washington Post, un medio usualmente bien informado.
En el mes de febrero del 2010, eminentes especialistas del derecho internacional publicaron una carta pública en la que consideraban que, desde el punto de vista jurídico, la CPI estaba plenamente facultada para investigar lo ocurrido en Gaza y en Cisjordania (ver texto integral de esta carta pública en francés), contrario a lo argumentado en aquel momento por la temerosa Oficina del Fiscal de la CPI.
Notas
- Nota 1: Véase nuestra breve nota publicada en La Nación (Costa Rica), el 19/12/2012, disponible aquí.
- Nota 2: Con relación a los efectos de esta declaración de Palestina desde el punto de vista jurídico, véase PELLET A., « The declaration of Palestine and the jurisdiction of the International Criminal Court », 8, Journal of International Criminal Justice, Issue 4 (2010), pp. 981-999.
- Nota 3: Véase FERNANDEZ J., La politique juridique extérieure des Etats- Unis à l´égard de la Cour Pénale Internationale, Paris, Pedone, 2010, p. 325. Declaraciones del jefe de la delegación norteamericano David Scheffer después de la conferencia de Roma de julio de 1998 en la que se adoptó el Estatuto de la CPI revisten desde esta perspectiva cierto interés, al reconocer que Estados Unidos « endoso» los temores de Israel: « En ce qui concerne Israël enfin, David Scheffer reconnut après Rome que la délégation américaine avait endossé la crainte d´Israël d´être victime d´accusations devant la future Cour en raison de sa politique dans les territoires occupés » (p. 172).
