La Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) ha publicado un comunicado el Día Nacional del Periodista y Comunicador Social en el que denuncia un paulatino detrimento de la realidad del ejercicio profesional, que no sólo atenta contra la integridad personal de los informadores, sino que también pone en riesgo la estabilidad económica, la dignidad humana, el ejercicio independiente del periodista y el derecho a informar y estar informado de todos los ciudadanos.
Una investigación científica desarrollada en los últimos años por la Universidad de La Sabana sobre las condiciones laborales y la satisfacción de los periodistas ya daba cuenta de la situación, y una encuesta elaborada por la Fecolper con más de 400 periodistas, evidencia un entorno desfavorable que se ha acrecentado, especialmente en las regiones apartadas de la capital, donde la informalización del trabajo es cada vez mayor, la disminución de los ingresos, la falta de seguridad social y de vivienda propia, entre otras problemáticas aquejan a los que tienen el deber de informar.
La presidenta de la Fecolper, Adriana Hurtado Cortés, asegura que “los diagnósticos señalan que el periodismo colombiano no sólo sufre por lo inseguro que es ejercerlo, sino por las condiciones laborales que cada vez son peores, ya que desde que el periodismo es oficio, no tiene dolientes y nuestras leyes son simples meros declarativos».
Algunas de las cifras que hacen parte de la investigación «Sistematización para el diagnóstico del daño» dan cuenta que la principal forma de vinculación de periodistas a los medios de comunicación, es a través de órdenes de prestación de servicios (23 %), contrato laboral (16 %), acuerdo / pacto verbal (13 %) y por medio de concesión (10 %); el (24 %) recibe un SMLV o menos por la actividad periodística mensualmente, la principal forma de obtener los ingresos se da a través de la venta de publicidad (32 %), salario (22 %), honorarios profesionales (18 %) otras formas (28 %), asegura Hurtado.
Un reciente hecho en el Diario del Cauca ratifica cómo el periodismo en Colombia está en crisis, al presentarse la renuncia masiva de siete periodistas de ese medio, de propiedad del empresario Hernando Suárez Burgos, del grupo editorial El Periódico SAS, que aglutina periódicos, agencias de noticias, radio y un canal de televisión, donde laboran más de 300 periodistas.
El hecho se produjo ante el abuso de poder del empleador al sobrecargar la jornada laboral de los comunicadores, quienes tras la previa renuncia de otros tres compañeros y la salida de vacaciones de uno más, le fueron distribuidas las tareas de los ausentes por el mismo salario mensual de 750 mil pesos (unos 240 euros) sin derecho a horas extras, que luego de su malestar sólo ofrecieron subirles $50 mil pesos en el mes, enfrentando además tratos denigrantes.
En la misma línea, la Fecolper insiste en llamar la atención sobre la responsabilidad de los medios de comunicación con sus trabajadores. El 16 de junio, la Fiscalía 197 de Bogotá le imputó al periodista Juan Esteban Mejía Upegui el delito de injuria, sin haber celebrado etapa de conciliación con el periodista y acusándolo de imputaciones deshonrosas en un artículo publicado en Revista Semana el 24 de octubre de 2011, cuyo texto original había sido cambiado por el medio y contenía algunas imprecisiones producto de la edición.
En su momento, Adriana Hurtado, presidenta de la Fecolper, expresó a medios de comunicación su sorpresa e indignación “Dado que las notas en la revista no se firman, nos parece preocupante que le hayan entregado a la Fiscalía, no sólo el nombre del autor sino datos como su dirección, ya que esto rompe con el sigilo profesional”, y añadió que “lo más grave es que la revista lo haya dejado solo, cuando según los documentos que tiene Juan Esteban, el problema no radica en el texto original sino en la edición que le hacen en la revista”.
La presión mediática y gremial, así como reunión conjunta que sostuvo el periodista, su familia y la Fecolper con la revista Semana, llevó a que el pasado 15 de julio, el medio rectificara la información y asumiera la responsabilidad por el error: “Su texto original estaba correcto y el error fue incorporado en el posterior trabajo colectivo de revisión, edición y corrección” señala la comunicación dirigida por Semana a la Fiscalía. Se espera que en próximos días la Fiscalía precluya la investigación contra el periodista.
Para la Fecolper es preocupante que los periodistas sean acosados judicialmente, generando graves consecuencias para la libertad de expresión cuando los comunicadores deciden silenciarse y autocensurarse: “es un caso de acoso judicial, y por lo que he sentido en este tiempo, estoy que no soy capaz de decir nada respecto a alguien porque ya me muero del susto de meterme en otro lío. Uno no quiere ni hacer un comentario medio crítico de alguien, y como periodista el único patrimonio que tiene es la credibilidad y el prestigio y esto se lesiona totalmente cuando hay una imputación de esta naturaleza”, señaló Mejía Upegui, al periódico El Mundo.
