A pesar de las numerosas presiones internacionales y las reiteradas peticiones de libertad sin condiciones de la ONU y la Unión Europea, la justicia birmana se ha negado, el 11 de abril de 2018, a dejar sin efecto las denuncias contra los periodistas de la agencia Reuters Kyaw Soe Oo y Wa Lone, detenidos el pasado 12 de diciembre de 2017 por investigar una masacre de rohinyás en el oeste del país, donde el ejército está acusado por organismo internacionales y organizaciones humanitarias de estar llevando a cabo una depuración étnica.
«El tribunal ha decidir rechazar la demanda de la defensa de dejar en libertad a los acusados», ha dicho el juez Ye Lwin ante una sala atestada de diplomáticos y periodistas, entre los que se encontraba el corresponsal de la Agencia France Presse, que inmediatamente ha difundido la decisión judicial.
Los periodistas están acusados de «atentado contra secretos de estado”, un cargo por el que pueden condenarles a 14 años de cárcel. La policía les inculpa por poseer documentos relativos a las operaciones de las fuerzas de seguridad en el estado de Rajine, zona de la que han huido más de 650 000 rohinyás desde el pasado mes de agosto de 2017.
Según informaciones publicadas en el digital francés L’Obs, distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos aseguran que este caso significa que Birmania está dando marcha atrás en la incipiente vía democrática emprendida en 2011, tras la disolución de la Junta Militar, y la abolición de la censura de los medios de comunicación en 2012. Según Amnistía Internacional (AI), siguen existiendo leyes que amenazan la libertad de prensa y según los propios periodistas birmanos siguen autocensurándose, sobre todo en cuestiones relativas al ejército o a la religión budista, mayoritaria en le país y, en cierto modo, impuesta por el gobierno actual.
Para James Gómez, director de AI para el Sudeste Asiático y el Pacífico, “La detención de estos periodistas es una maniobra clara de las autoridades para sofocar las investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos y los crímenes cometidos por el ejército contra los rohinyás, y para disuadir a otros periodistas de intentarlo”.
