Periodismo en España: menos libre desde el 1 de julio de 2015

La entrada en vigor en España, el 1 de julio de 2015, de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “ley mordaza”, supone un serio obstáculo al ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de información, pilares fundamentales de todo sistema democrático, señala la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

La APM reitera su rechazo a la “ley mordaza”, como ya hizo cuando se aprobó en el Congreso con los únicos votos del Partido Popular, el pasado 26 de marzo, sobre todo en lo referido a la sanción de la toma de fotografías o la grabación de agentes y fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones.

Se califica como infracción grave y se penalizará con multas de un máximo de 30.000 euros “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respecto al derecho fundamental a la información”.

La APM vuelve a recordar que el artículo 8 de la Ley Orgánica del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen establece que no se reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas la captación, reproducción o publicación de imágenes de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, y la imagen se capture durante un acto público o en lugares abiertos al público.

La APM subraya que el pleno respeto a la libertad de expresión, a la libre difusión de ideas y al ejercicio del derecho a la información, fortalece la democracia y la previene contra posibles abusos de poder, procedan de donde procedan.

La APM considera que es deber del Gobierno crear las condiciones que permitan y garanticen el ejercicio de tales derechos constitucionales, que amparan tanto el ejercicio profesional del periodismo como el derecho del ciudadano a tener conocimientos de los hechos de interés general y público.

La APM deplora que el Gobierno haya tomado el rumbo contrario al promover normas que plantean serias amenazas a tales derechos, además de un horizonte de sanciones que pueden derivar en intolerables presiones a los medios.

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