El proceso en Marruecos contra cuatro periodistas y un senador acusados de difundir informaciones confidenciales[1] se aplazó hasta el próximo 8 de marzo, cuando el Tribunal de Primera Instancia de Rabat, ante la ausencia de uno de los procesados, el periodista Abdelah Sujair del portal informativo aljarida24.ma, decidió el aplazamiento.
El tribunal dedicó esa primera sesión, que duró menos de un cuarto de hora, a registrar los nombres de los abogados que representan a las dos partes del litigio. El resto de los periodistas procesados en este caso son Abdelhak Lachgar, del diario Ajbar al Yaum; Mohamed Ahaddad, del diario Al Masae y Kaoutar Zaki del portal informativo aljarida24.ma
Los acusados fueron denunciados por la Cámara de Consejeros (cámara alta, senado marroquí) que preside Hakim Benchamach del opositor Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), por publicar una parte de las conclusiones confidenciales de una comisión de investigación parlamentaria sobre un supuesto caso de corrupción en la Caja Marroquí de Pensiones (CMR, siglas en francés). Son acusados en base a los artículos 129 y 446 del código penal.
Por otra parte, el Tribunal decidió juzgar, por este mismo caso, al miembro de la Cámara de Consejeros por el sindicato Confederación Democrática del Trabajo (CDT), Abdelhak Hissan, por «revelar secretos profesionales» al facilitar, supuestamente, las conclusiones de la citada comisión a los redactores procesados.
El Sindicato Nacional de la Prensa de Marruecos (SNPM) mostró su protesta ante el tribunal por la acusación a los periodistas. Además, expresó su solidaridad con los acusados criticando que se procese «a periodistas por publicar informaciones veraces y se realice en base al código penal, que incluye penas de prisión, y no de la ley de prensa».
Añaden que en vez de solicitar una rectificación de acuerdo con la ley de prensa han preferido ir directamente a la justicia recordando que los periodistas «han cumplido con su misión de informar con datos precisos y exactos».
Los acusados se enfrentan a penas de entre uno y cinco años de prisión y multas de entre 1000 y 10 000 dirhams (entre 89 y 890 euros).
