La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denuncia una sistemática persecución judicial a periodistas en el país a causa de sus opiniones o por la difusión de informaciones que revelan actos de corrupción en gobiernos locales, regionales o autoridades del ámbito nacional.
La ANP ve con especial preocupación las querellas presentadas contra los periodistas Rafael León, del Semanario «Caretas» y Fernando Valencia, exdirector de «Diario 16». La primera iniciada por la exeditora general del diario «El Comercio», Marta Meier Miró Quesada y la segunda por el exmandatario Alan García Pérez, ambas con la clara intención de coartar los derechos de información y opinión.
Rafael León ha sido citado para la lectura de sentencia el 3 de mayo, irónicamente Día Mundial de la Libertad de Prensa. La querellante exige una reparación civil de 5 millones de soles. León podría ser sentenciado a tres años de prisión efectiva por una columna de opinión que publicó en «Caretas», en abril del 2014.
Fernando Valencia compareció el lunes 18 de abril ante el 7° Juzgado Penal de Lima para la lectura de sentencia. La querella por difamación contra Fernando Valencia no tiene sustento jurídico ya que se le acusa de reproducir declaraciones del presidente Ollanta Humala contra el querellante Alan García Pérez. La jurisprudencia nacional en los casos por difamación es clara: la reproducción de declaraciones citando la fuente no constituye delito imputable.
La ANP tiene registro de más de un centenar de querellas contra periodistas en los cinco últimos años, impulsadas la mayoría de veces por funcionarios públicos con el fin de generar una atmósfera de temor en torno a la investigación y divulgación de determinados hechos. Todos los casos responden a un patrón general, la posibilidad de cárcel efectiva para los periodistas y la demanda de reparaciones millonarias que de aplicarse llevarían a la quiebra a medios de comunicación y silenciaría periodistas.
En razón a ello, desde hace más de dos décadas la ANP lleva adelante una campaña para «Despenalizar los denominados delitos de prensa», con el objetivo de eliminar la posibilidad de cárcel para periodistas en casos de injuria, calumnia y difamación y prevé el tratamiento de estos casos en el ámbito civil, replicando la experiencia de otros países de la región y acorde con una legislación moderna.
Para la ANP las leyes de calumnia e injuria en lugar de proteger el honor de las personas son utilizadas para atacar o silenciar el discurso que se considera crítico.
Finalmente, y en el espíritu que no se repitan casos como los de los periodistas Rafael León, Fernando Valencia y otros de esta naturaleza, la ANP demanda al Poder Legislativo que cumpla con el deber de derogar aquellas normas penales que solamente han servido para imponer la censura y coartar la libertad de prensa. Del mismo modo, alienta fraternalmente a todos los periodistas para que se sumen a esta tarea de lograr la despenalización de los delitos de prensa.
