El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha imputado a periodistas de ‘El Mundo’, ‘El País’, ‘ABC’, ‘El Confidencial’, ‘La Vanguardia’, ‘El Español’, la Ser y RTVE, por publicar informaciones de los sumarios sobre la detención de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) de Cataluña mientras la causa estaba secreta.
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha expresado su rotundo rechazo a la decisión del juez instructor, olvidando que ese delito lo cometerían los funcionarios, en su caso, pero no los periodistas, cuya obligación es informar a la opinión pública de un caso de interés general como éste. Esa citación, además de constituir un ataque a la libertad de información, es contraria a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que protege el secreto profesional de los periodistas.
La FeSP ha pedido a la Fiscalía que impugne esa decisión del juez para que, en el caso de que éste lo considere necesario para su investigación, les cite como testigos, teniendo siempre presente que las fuentes de información están protegidas por el secreto profesional.
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) también ha rechazado la citación como investigados de los doce periodistas de los medios citados, a quienes el juez instructor señala como «cooperadores necesarios» de dicha revelación de secretos, argumentando que quienes tienen que guardar silencio son los funcionarios y no los periodistas, cuyo deber es difundir información veraz y contrastada sobre asuntos de interés público.
En el momento de estas revelaciones, de evidente interés público y alusivas a los autos de prisión de los CDR investigados por terrorismo, el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se encontraba bajo secreto. Unas semanas después este secreto fue levantado y trascendieron en los medios de comunicación nuevas revelaciones sobre la investigación de este grupo presuntamente terrorista.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido remitir a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla la solicitud de las defensas de siete miembros de los CDR, en prisión por terrorismo, de que se investigara la «filtración masiva» a algunos medios de comunicación sobre la causa contra ellos a pesar de que estaba bajo secreto de sumario.
Denuncia por revelación de secretos
Según la Fiscalía, esos hechos deberían ser considerados como una denuncia por revelación de secretos, por lo que se trataría de un delito del que no es competente la Audiencia Nacional y tendría que ser investigado por un juzgado de instrucción de Plaza de Castilla.
Las defensas de los miembros de los CDR quieren que se investigue si esa «filtración masiva procede de la Guardia Civil o de la Fiscalía», a las que señalaban en su denuncia.
Criticaban, además, que mientras ellos no tenían «el más mínimo conocimiento de los hechos» y solo conocían la imputación provisional que se atribuía a sus defendidos, los medios habían publicado de forma «exhaustiva» los autos, incluidos vídeos de la Guardia Civil sobre los registros practicados.
Al conocerse la imputación de los periodistas, las defensas de los CDR han hecho un comunicado en el que aseguran que es una «cobardía» imputar a los informadores, puesto que la filtración «recae en el propio aparato del Estado».
