Periodistas asesinados en América Latina: balance catastrófico

En el primer semestre de 2016, Reporteros sin Fronteras (RSF) registró 21 casos de periodistas asesinados en América Latina, 14 de ellos en México y Guatemala. Un balance desastroso que se explica por la falta o por las deficiencias de mecanismos de protección, pero sobre todo, por el alarmante grado de violencia, corrupción e impunidad en la mayoría de los países de la zona, que se ha convertido en una de las más peligrosas del mundo para el ejercicio profesional.

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Protestas en Guatemala por el asesinato de periodistas

Desde el 1 de enero de 2016, 21 periodistas han sido asesinados en América Latina. Como en 2015, México sigue estando a la cabeza de esta triste lista, con 9 asesinatos. Le siguen Guatemala (5), Honduras (3), Brasil (2), Venezuela (1) y El Salvador (1).

Ninguno de estos países se encuentra oficialmente en guerra. No obstante, padecen una fuerte violencia estructural, relacionada en parte con la omnipresencia de grupos armados, como los cárteles en México o las pandillas de Maras en América Central. En la mayoría de los casos registrados aún se desconoce con exactitud cuál fue el móvil del crimen.

A menudo las investigaciones judiciales –cuando se abren– se estancan o se ven obstaculizadas por autoridades corruptas. Más que nunca, la impunidad de estos crímenes sigue estando en el centro de un círculo vicioso y de una desvalorización permanente de la profesión periodística.

El contexto en el que ocurren estos asesinatos suele ser muy similar: se trata de regiones alejadas de las grandes ciudades y de periodistas –a menudo locutores de radio o corresponsales locales– que cubren temas locales judiciales, sociales o relacionados con el crimen organizado y la corrupción, que son asesinados por sicarios en la calle, cerca de su domicilio o de su trabajo. En ocasiones las víctimas ya habían denunciado haber recibido amenazas tras hacer investigaciones o después de difundir o publicar información.

Cuando se cierne la duda, las autoridades policíacas y judiciales descartan lo más rápidamente posible que el móvil del crimen esté relacionado con la profesión de la víctima, ponen en tela de juicio la calidad de su trabajo periodístico e incluso pueden decir que existían nexos entre la víctima y grupos criminales locales.

«Este balance de asesinatos de periodistas realizado a mediados de año augura que 2016 será un año terrible en América Latina”, señala Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de Reporteros sin Fronteras. “Esta oleada de violencia en el continente, particularmente en México y América Central, ha hecho que esta región se encuentre entre las más peligrosas del mundo para ejercer la profesión periodística. Si a esto se suman las innumerables agresiones, los secuestros, las desapariciones forzadas, las amenazas y los casos de hostigamiento judicial, podrá constatarse el clima de terror que viven los periodistas y en el que, evidentemente, estos no tienen cabida. Ante este sombrío balance, es muy importante que los dirigentes de la zona tomen consciencia de su responsabilidad y hagan su mayor esfuerzo para parar esta espiral mortífera”, añadió.

Recordemos lo que contempla la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA): «El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Algunos Estados de la OEA parecen haber olvidado estos principios, pues aún no consideran la protección de periodistas una prioridad. Así, en toda la zona, sólo Colombia y México han puesto en marcha mecanismos nacionales de protección. Estos dispositivos, si bien tienen el mérito de haber sido creados, no logran cumplir su función principal y carecen de recursos financieros, humanos, así como de independencia frente al poder político.

En Guatemala, bajo la fuerte presión de organizaciones de la sociedad civil y de asociaciones de periodistas, se está elaborando un mecanismo. En Honduras, frente a la impunidad casi total de los crímenes cometidos contra periodistas,

RSF incita a la creación de un organismo independiente de investigación, competente, con personal bien capacitado y calificado, que pueda identificar claramente si existe una relación entre el asesinato de los periodistas y su actividad profesional, y darla a conocer públicamente.

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