La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Nicolás Humberto García, ocurrido el 10 de marzo de 2016 en el municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán, El Salvador, e insta a las autoridades a actuar de manera pronta y oportuna para investigar el crimen e identificar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales.
De acuerdo a la información disponible, García trabajaba en la radio comunitaria Expresa “Voces al aire” y fue atacado por pandilleros debido a su negativa a pertenecer a ese grupo y a permitir que utilizaran su espacio en la radio para comunicar mensajes de estos grupos criminales. El periodista tenía un programa dedicado a la prevención de la violencia y daba lugar en su programa a la Policía Comunitaria.
Este es el sexto asesinato de un comunicador en lo que va de 2016 en el continente americano. La Relatoría ha reiterado que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir la violencia contra periodistas, trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación y proteger a quienes están expuestos a un riesgo especial por el ejercicio de sus derechos fundamentales. Esta obligación resulta particularmente importante en países en los cuales existe un riesgo de que se produzcan estos hechos y en situaciones concretas en que las autoridades saben o deberían haber sabido que hay un riesgo real e inmediato de que se cometan tales delitos.
Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado esclarezca a la mayor brevedad posible la causa de este crimen y exhorta a las autoridades para que investigue de manera exhaustiva la hipótesis según la cual el crimen habría podido estar asociado con el ejercicio de la profesión del periodista. Asimismo, el Estado deberá identificar, procesar y sancionar a los responsables, y adoptar medidas de reparación justas para los familiares de la víctima.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
