La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) rechaza la norma del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenar a un medio de comunicación que deje de informar sobre el trabajo de un magistrado que considere perturbado su sosiego y ecuanimidad.
El anteproyecto, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, faculta al CGPJ a ordenar a «quien perturbe o inquiete” a los jueces “el inmediato cese en dicha conducta”, informa la APM en un comunicado.
«La continuación o reiteración de tal comportamiento tras recibir la orden de cese será constitutiva de delito contra la Administración de Justicia previsto y penado en el apartado 1 del artículo 464 del Código Penal», señala el anteproyecto.
Este apartado dice literalmente así: “El que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a veinticuatro meses”.
La APM considera que la mencionada norma atenta claramente contra los derechos a la libertad de expresión y a la información consagrados en la Constitución y pilares del sistema democrático.
La APM subraya que no puede limitarse el derecho constitucional a la información veraz y de interés público, sea cual sea la misma.
Los medios y los periodistas tienen derecho a dar a conocer al público cualquier información veraz y de interés de la que tengan conocimiento.
No se puede exigir a ningún medio que deje de publicar lo que conoce siempre que haya comprobado bien sus fuentes, aunque ello sea causa de que un magistrado considere perturbado su sosiego y ecuanimidad.
La APM alerta de que, si esta norma es aprobada y convertida en Ley, toda opinión sobre la actuación de un juez puede llegar a ser estimada por el CGPJ como un ataque a la independencia del magistrado, un ataque que puede tener consecuencias penales para los periodistas por el mero hecho de hacer su trabajo.
La APM sostiene que el Gobierno parece empeñado en promover y aprobar leyes con normas que limitan los derechos a la libertad de expresión y a la información, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Seguridad Ciudadana o la prevista Ley de Enjuiciamiento Criminal, olvidando que solo a través de una información libre y veraz se garantiza la existencia de una opinión libre, condición absolutamente necesaria para el correcto funcionamiento del sistema democrático.
