Plan Condor: sentencia histórica en Argentina

Este 27 de mayo del 2016, la justicia de Argentina dictaminó su decisión con relación a una causa promovida por las víctimas y familiares de víctimas del denominado «Plan Cóndor«. Es la primera vez en la historia que los responsables nacionales de la «Operación Cóndor» reciben una condena en América Latina.

Kissinger y Videla
Henry Kissinger con Jorge Videla. Imagen extraída de artículo  sobre el Plan Cóndor

La sentencia fue leída a partir de las 15:30, hora en Argentina y pudo seguirse la transmisión en vivo en este enlace. Varias sedes diplomáticas de Argentina ofrecieron la transmisión en vivo desde una pantalla gigante (fue por ejemplo, el caso de la legación diplomática de Argentina en Asunción así como de todas las embajadas de Argentina en los demás Estados miembros del Mercosur).

En esta nota publicada pocos minutos después de leída la sentencia por el periódico Clarín, se indica que:»A continuación, el listado completo de condenados y las penas impuestas:

  1. Santiago Omar Riveros: 25 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
  2. Miguel Angel Furci: 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
  3. Reynaldo Benito Bignone: 20 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
  4. Eduardo Samuel De Lío: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
  5. Humberto José Román Lobaiza: 18 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
  6. Enrique Braulio Olea: 13 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
  7. Luis Sadi Pepa: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
  8. Rodolfo Emilio Feroglio: 20 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
  9. Carlos Caggiano Tedesco: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
  10. Antonio Vañek: 13 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
  11. Eugenio Guañabens Perelló: 13 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
  12. Felipe Jorge Alespeiti: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
  13. Manuel Cordero Piacentini: 25 años de prisión.
  14. Néstor Horacio Falcón: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
  15. Federico Antonio Minicucci: ocho años de prisión.
  16. Juan Avelino Rodríguez y Carlos Tragant fueron absueltos».

Como bien se sabe, el «Plan Cóndor» inició con un acuerdo suscrito en 1975 entre los cuerpos de inteligencia de seis Estados (Argentina, Bolivia Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay). Con la ayuda de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, su objetivo consistió en coordinar los esfuerzos en la denominada «lucha contra la subversión» (ver nota de prensa).

La demanda ante la justicia argentina

La demanda de los familiares de las víctimas fue interpuesta inicialmente en Buenos Aires en 1999 y no fue sino en el 2013 que fueron convocadas las primeras audiencias ante jueces argentinos. En este documento oficial de una reunión celebrada entre altos funcionarios de Estados Unidos y de Argentina el 10 de junio de 1976, se puede leer que para el representante de Estados Unidos: «If there are things that have to be done, you should do them quickly. But you should get back quickly to normal procedures«.

Uno de los acusados, el exmilitar argentino Santiago Omar Riveros, cuenta con 92 años de edad. En la precitada nota de Clarín, se indica que «Los jueces Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante y Pablo Gustavo Laufer y el juez sustituto Ricardo Angel Basílico comenzaron en 2003 este juicio oral donde había 32 acusados, de los cuales solo 17 llegaron vivos al momento de la lectura del veredicto«.

La ONG argentina CELS, fundada por Emilio Mignone (1922-1998), fue la entidad que inició la recopilación de testimonios durante más de quince años en distintos lugares, y la que presentó, con otras entidades, varias demandas ante los juzgados argentinos.

Actualmente, dos son las demandas en trámite ante la justicia en su fase final: una relacionada con el «Plan Condor» y otra denominada «Automotores Orletti» (ver detalles de cada una en las conclusiones de reciente seminario auspiciado en el 2015 en Oxford por la Open Society y la British Academy, entre otras entidades).

En el caso de la primera causa, cuya sentencia fue parcialmente leída hoy en Buenos Aires (parte resolutiva únicamente), de las 106 víctimas, 45 son uruguayas, 22 son chilenas, 15 paraguayas, 13 bolivianas, 10 argentinas y una es de nacionalidad ecuatoriana. La Secretaría de Derechos Humanos, órgano del Estado argentino, también figura entre las entidades que apoyan las reivindicaciones de las víctimas.

La soledad de la justicia argentina en la región

Desde la perspectiva de los diversos logros obtenidos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, esta decisión leída este 27 de mayo representa un sustantivo avance en la lucha contra la impunidad por crímenes del pasado en América Latina. Una lucha en la que pareciera que la justicia argentina cuenta con herramientas legales mucho más efectivas y con jueces mucho más determinados que las de otros Estados afectados por esta misma operación regional. La resistencia de las estructuras judiciales no se limita a las de los Estados del Cono Sur: en febrero pasado tuvimos la oportunidad de analizar el caso de Timoteo Mendieta Alcalá, fusilado en 1939 en España. La exhumación efectuada en enero del 2016 de su cuerpo ubicado en una fosa común en España se debió a una solicitud realizada por una jueza desde … Argentina.

Se lee en el sitio del CELS que: «El Plan Cóndor fue un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur que funcionó desde mediados de la década del setenta hasta iniciados los años ochenta para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña. Su acta de fundación está fechada el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, durante la clausura de la Primera Reunión de Inteligencia Nacional, y lleva las firmas de los representantes de Inteligencia de la Argentina (Jorge Casas, capitán de navío, SIDE), Bolivia (Carlos Mena, mayor del Ejército), Chile (Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la DINA), Uruguay (José Fons, coronel del Ejército) y Paraguay (Benito Guanes Serrano, coronel del Ejército)«.

Los «Archivos del terror» y los documentos secretos desclasificados en Estados Unidos

Para documentar las acciones cometidas de manera coordinada por los aparatos de inteligencia, se procedió a establecer un Proyecto de Documentación del Plan Cóndor, un archivo que incluye una gran cantidad de documentos desclasificados de los servicios de inteligencia, y que fueron presentados a los jueces argentinos hace unos años. Las entidades públicas en materia de derechos humanos del Cono Sur por su parte también procedieron a organizar, a sistematizar y a poner en línea un fondo documental de archivos sobre el Plan Cóndor (ver sitio). En el 2008, la UNESCO, a solicitud de Paraguay, declaró patrimonio documental de la humanidad la gran cantidad de documentos encontrados en un cuarto en la localidad de Lambaré en Paraguay, en su mayoría relativas al Plan Cóndor, así como a la represión política en los 80 en Paraguay. Este inédito hallazgo se debió a un juez paraguayo, quién actuó a solicitud de una víctima de la represión paraguaya en los años 80, Martin Almada: un educador torturado por personas con distintos acentos del Cono Sur en los años 80 y quién demostró al mundo cuán persistente se debe de ser en el Cono Sur cuando de lucha contra la impunidad se trata. El 22 de diciembre de 1992, los denominados «Archivos del Terror« vieron la luz del día: «no quiero ser desagradable» debió externar el juez ante la resistencia del oficial a cargo de mantener bajo custodia de estos documentos

Leer también las declaraciones de Martin Almada en este reportaje de ABC Color del año 2012, al celebrarse veinte años desde este importante hallazgo para la causa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.

En la declaratoria para la nominación por parte de la UNESCO de los «Archivos del Terror» como patrimonio documental de la humanidad (ver texto completo), se indica el cuidado extremo con el que las entidades de la sociedad civil y las autoridades paraguayas reunieron, clasificaron y pusieron a disposición del público estos documentos: «The classification process of the Archives started in early 1993. The Supreme Court of Justice and the District Attorney’s Office of the State instructed the officers to collaborate with the professional staff specialized in documentations. These specialists were provided by two non-governmental organizations, the Center of Documentation and Studies (CDE) and the Churches Committee for Emergency Assistance (CIPAE). These two NGO’s also represented victims and victims´ families of the dictatorship. In March of 1993, the Supreme Court of Justice created the Center of Documentation and Archives for the Defense of Human Rights (CDyA), which is located in the Palace of Justice. This Center is open to public and researchers. The Center now has microfilm and a digitized system in order to protect the documents. These improvements were made possible by their own resources and with the important cooperation of national and international organizations, universities and other public and private institutions«.

Ficha de Marta Landli Gil en los Archivos del Terror


Foto de la ficha encontrada en los «Archivos del Terror» de Marta Landli Gil, ciudadana argentina de 22 años quién escapó de la represión refugiándose en Paraguay, con cuatro compañeros más, en donde fueron capturados en 1977. Extraída de este artículo sobre Plan Cóndor. La ficha completa con mayores detalles está disponible aquí


 

Sobre los documentos secretos recientemente desclasificados en Estados Unidos, se lee en este artículo que: «Este archivo es uno de los lugares que guarda los documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre las dictaduras de la región. Osorio declaró diez horas en el juicio oral por el Cóndor que se hace en Buenos Aires y que la semana próxima entra en la etapa de alegatos. El investigador presentó un Excel de 900 documentos, 40 por ciento de los cuales provienen del acervo norteamericano y otro tanto del Archivo del Terror paraguayo. De los 900, seleccionó 100 para la audiencia. Su serie no empieza en 1975 con la sabida conferencia de Inteligencia en Chile, en la que se instituyó formalmente la coordinación de las fuerzas represivas bajo el nombre de Cóndor. Empieza en 1972, algo que es su clave de lectura sobre ese proceso. Cuando los defensores vieron en la pantalla de la sala la primera pieza, uno levantó la mano alarmado y objetó lo que le parecía fuera del objeto de juicio. El presidente del Tribunal Oral Federal N° 1 Oscar Amirante lo interrumpió: “Usted tiene conocimiento de cuándo empezó el Plan Cóndor –le dijo el juez–, el tribunal todavía no”.

Se puede leer, por parte del hijo de una de las víctimas de nacionalidad paraguaya, Federico Jorge Tatter Morínigo, que: «Como querellante en la causa y como representante de mi madre, Idalina Tatter, ya fallecida, quien puso mucho empeño en este juicio desde el inicio, estaré presente en el momento histórico en que se dé lectura a la sentencia. Esperamos que el veredicto honre este gran esfuerzo por la justicia» (ver nota de Ultima Hora, Paraguay).

El Plan Cóndor y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En varias sentencias sobre casos de desapariciones forzadas llevados a conocimiento del juez interamericano de derechos humanos, se hace mención de los efectos del Plan Cóndor.

En el caso Gelman contra Uruguay (Etapa de reparaciones, 2011) , la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió en los siguientes términos a la Operación Cóndor: «La mayoría de los gobiernos dictatoriales de la región del Cono Sur asumieron el poder o estaban en el poder durante la década de los años setenta24, lo que permitió la represión contra personas denominadas como “elementos subversivos” a nivel interestatal. El soporte ideológico de todos estos regímenes era la “doctrina de seguridad nacional”, por medio de la cual visualizaban a los movimientos de izquierda y otros grupos como “enemigos comunes” sin importar su nacionalidad. Miles de ciudadanos del Cono Sur buscaron escapar a la represión de sus países de origen refugiándose en países fronterizos. Frente a ello, las dictaduras crearon una estrategia común de “defensa”.

En este marco, tuvo lugar la llamada “Operación Cóndor”, nombre clave que se dio a la alianza que unía a las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur en su lucha y represión contra personas designadas como “elementos subversivos”. Las actividades desplegadas como parte de dicha Operación estaban básicamente coordinadas por los militares de los países involucrados. Dicha Operación sistematizó e hizo más efectiva la coordinación clandestina entre “fuerzas de seguridad y militares y servicios de inteligencia” de la región […] Para que la Operación Cóndor funcionara era necesario que el sistema de códigos y comunicaciones fuera eficaz, por lo que las listas de “subversivos buscados” eran manejadas con fluidez por los distintos Estados» (párrafo 44 de la sentencia – ver texto completo).

En otro caso dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Paraguay (caso Goiburú y otros contra Paraguay, Sentencia sobre fondo y reparaciones) se lee que:

«En el caso paraguayo, el Departamento de Inteligencia Militar estuvo a cargo de la coordinación operativa de lo relativo a la Operación Cóndor, cuyo responsable era el entonces coronel Benito Guanes Serrano. Los servicios policiales de inteligencia secundaban las directivas recibidas de dicho departamento, quedando la función operativa a cargo del Jefe de Investigaciones de la Policía, Pastor Milciades Coronel. El Departamento de Investigaciones era el “centro nervioso de la inteligencia política”. La recolección de datos era realizada por funcionarios policiales infiltrados en organizaciones políticas, sociales, sindicales, centros estudiantiles y todo tipo de organismos públicos o privados. 61.10 Sobre los pasos por seguir al detener a un presunto “elemento subversivo”, el Jefe del Departamento de Investigaciones, Pastor Milciades Coronel, manifestó que había tres caminos: 1) Aplicación de la Ley, 2) Desaparición Física y 3) La Alternativa Aplicada.» (párrafos 61.9 y 61.10 de la sentencia- ver texto completo)

Conclusión

La sentencia leída este 27 de mayo en Buenos Aires constituye sin lugar a dudas un hito histórico para la lucha contra la impunidad en América Latina, y puede abrir un precedente para proseguir la labor en otros Estados de la región: sus aparatos judiciales no han logrado ofrecer lo que la justicia de Argentina brinda a las organizaciones de víctimas y de familiares de víctimas en Argentina. Esta sentencia también permitirá reorientar algunas investigaciones sobre hechos ocurridos en los 80. Por ejemplo, hace unos pocos días, se anunció que Argentina, Brasil y Paraguay ayudarán a las autoridades de Ecuador en la investigación relacionada al accidente sufrido por el Presidente Jaime Roldós en 1981: ello a raíz de un reciente documental que sugiere que el Plan Cóndor no es para nada ajeno a este «accidente aéreo» (ver nota de prensa).

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Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

1 Comentario

  1. Muy significativa foto con la presencia del mayor criminal de guerra que anda suelto por el mundo, como lo definió el periodista Gore Vidal, y promotor del plan Cóndor. De Kissinger todavía hay una foto más clarificadora, con el dictador Augusto Pinochet, al que auspició al poder -cobarde que, como Franco, se unió a última hora al golpe-. Este criminal de guerra, paradojicamente, Nobel de la Paz, aún va por el mundo pretendiendo dar lecciones cuando debería estar en la cárcel.

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