Podemos cuestiona la condena de los 25 saharauis de ‘Gdeim Izik’

El pasado 13 de marzo comenzó en Marruecos el proceso judicial contra los activistas saharauis en el Tribunal de Primera instancia de Salé tras haberse producido una serie de aplazamientos inexcusables que han demorado su celebración a lo largo de siete años, y que ha concluido con duras condenas, varias de ellas a perpetuidad.

Han pasado siete años desde la detención y encarcelamiemto ilegal de los 25 activistas de Gdeim Izik, la protesta que dio pie a las primaveras árabes, tal y como relata Abdelaziz Meftah, fundador del campamento de refugiados saharauis Gdeim Izik creado el 10 de octubre de 2010 con el objetivo de pedir demandas sociales.

El Intergrupo del Sáhara Occidental del Parlamento Europeo en un acto de solidaridad con los presos saharauis de Gdeim Izik
El Intergrupo del Sáhara Occidental del Parlamento Europeo en un acto de solidaridad con los presos saharauis de Gdeim Izik

Meftah no solo fundó este campamento situado a 15 kilómetros de El Aaiún en medio del desierto en territorios saharauis, sino que organizó y coordinó a los 28 000 saharauis que, durante un mes, formaron parte del mismo. Esta superficie, ocupada por Marruecos desde 1976, hizo que el Sáhara Occidental fuese el último territorio de África aún pendiente de descolonización. Por eso, el control y los ataques por parte de los militares marroquíes han sido continuos desde entonces.

El 8 de noviembre del mismo año, este campamento fue desmantelado de manera brutal por el Ejercito Marroquí y la Policía. Durante los disturbios murieron cinco saharauis: dos durante el desmantelamiento, dos antes y una después. Algunos de ellos eran menores de edad. Durante el desmantelamiento también murieron, supuestamente, once miembros de las Fuerzas de Seguridad Magrebí de los que no existen ni cuerpos ni certificados de defunción.

El pasado 13 de marzo comenzó en Marruecos el proceso judicial a los activistas saharauis de Gdeim Izik en el Tribunal de Primera instancia de Salé. El juicio sufrió una serie de aplazamientos inexplicables, después de que la primera sentencia contra los 25 de Gdeim Izik, hace casi siete años, fuera anulada por haber sido dictada por un tribunal militar.

Celebrado esta vez en un tribunal civil, el juicio ha carecido de nuevo de garantías de sujeción al derecho internacional ya que los hechos se produjeron fuera de Marruecos. La extraterritorialidad con la que se celebra el juicio es motivo suficiente para que este sea inválido.

También se ha tratado de un juicio opaco en el que el único sustento probatorio ha sido un video aéreo en el que resulta imposible reconocer a los hoy condenados, y en el que tampoco se presentaron pruebas dactiloscópicas, ni ADN, ni detalles de dónde se encontró a los procesados. Pese a que los abogados defensores reiteraron que no podía considerarse una prueba válida, el vídeo fue utilizado por el juez y el fiscal como prueba incriminatoria pese a no haber sido sometido a peritaje alguno.

A pesar de que cuatro organizaciones internacionales, entre ellas ‘Amnistía Internacional’ y ‘Human Rights Watch’, firmaron el jueves un comunicado pidiendo la libertad de estos presos o bien, un nuevo juicio con un juzgado civil y a pesar de que un grupo de parlamentarios marroquíes del Partido que gobierna, el islamista Justicia y Desarrollo (PJD), solicitaron mediante misiva al rey Mohamed VI que indultase a estos presos políticos saharauis, los 25 acusados han sido condenados.

Además, las autoridades marroquíes pusieron trabas desde el inicio a las organizaciones internacionales como la ONU o la Unión Africana, y llegaron, incluso, a deportar al juez asturiano Jesús Martín a su llegada al Aeropuerto de Rabat, donde se había desplazado para acudir al juicio como observador. Es más, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, tras evaluar la situación, emitió una decisión en la que acusa a Marruecos de haber violado varios artículos de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, al respecto del interrogatorio al que fueron sometidos los acusados.

Por todo lo expuesto, Vanessa Angustia, senadora del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, ha registrado una serie preguntas en la Cámara Alta para determinar la responsabilidad e implicación del gobierno en los acontecimientos relatados.

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Preguntas

  1. ¿Tiene intención el Gobierno de España de emitir algún tipo de queja al Gobiemo Marroquí, ante la constante invasión del territorio saharaui, la violación de los Derechos Humanos e incumplimiento reiterado del derecho intemacional?
  2. ¿Qué explicación le merece al Gobiemo la deportación de un ciudadano español, el Juez Jesús Martín, a su llegada al Aeropuerto de Rabat, adonde se había desplazado para acudir al juicio de esto 25 ciudadanos saharauis? ¿En su caso, qué medidas ha tomadolel Gobiemo español ante estos hechos?
  3. ¿Cuál va a ser el posicionamiento del Gobiemo español en la reunión del Comité de Seguridad de la ONU en la que se decidirá la renovación de la Minurso, la Misión de Naciones Unidas establecida para la descolonización del territorio saharaui y que fue expulsada por Rabat tras la visita de Ban Ki- Moon a los campamentos de Tindouf?
  4. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobiemo español y su representación en la
    Unión Europea ante las sistemáticas expulsiones de sus ciudadanos y ciudadanas de los territorios ocupados o incluso de la capital marroquí como ha ocurrido en este juicio?
  5. ¿Considera el Gobiemo que mientras la Unión Europea mantenga unos acuerdos comerciales que arruinan a los pequeños productores y productoras a ambos lados del Estrecho y desarrolle una política migratoria basada en la extemalízacíón de fronteras, el Gobierno español debe seguir sin asumir su responsabilidad histórica y no trabajar por la autodeterminación del pueblo saharaui y la liberación de todos los presos políticos?
  6. ¿Tiene intención el Gobiemo de solicitar al Gobiemo Marroquí el indulto y la inmediata puesta en libertad de los presos saharauis, ante la más que evidente manipulación, violación de los derechos humanos, torturas y falta de las mínimas garantías de defensa procesal?
  7. ¿Para cuándo piensa el Gobiemo asumir la responsabilidad que le corresponde ante la situación del pueblo saharaui y de acuerdo a la legislación internacional?

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