Decenas, o probablemente centenares, de legisladores y figuras en altos cargos del poder ejecutivo de Brasil saben que ya empezó a caer la guillotina sobre sus carreras políticas, pero siguen ejerciendo el poder como misión y posibilidad de salvación, escribe Mario Osava[1] desde Río de Janeiro.
Ya están en la cárcel algunos de sus colegas enjuiciados por corrupción sin la protección de un mandato parlamentario o de ostentar altos puestos ejecutivos, lo que otorga un fuero por el que solo pueden ser juzgados por el Supremo Tribunal Federal (STF), en un proceso mucho más lento.
Los encausamientos se hicieron masivos y concretos con la disposición de colaborar con la justicia por parte de 77 directivos de Odebrecht, la principal constructora brasileña, con obras en otros 25 países y ramificaciones en las industrias petroquímica, de armas, petrolera y agroindustrial.
Ese batallón de denunciantes ya prestó los testimonios iniciales que la Procuraduría General de la República entregó este lunes 19 al STF, para que sean validados, posiblemente en febrero, tras la evaluación de un equipo de jueces durante las vacaciones judiciales de enero.
La perspectiva de que en la práctica quede demolido el sistema político alimenta la confrontación entre los poderes del Estado.
El bicameral Congreso legislativo trata de contener la ofensiva judicial con una ley que castiga los «abusos de autoridad», después que un magistrado del STF intentó destituir al presidente del Senado y otro anuló una decisión de la Cámara de Diputados que «desnaturalizó» medidas anticorrupción propuestas por el Ministerio Público (fiscalía).
Los parlamentarios no podían alterar el contenido básico de un proyecto de ley que emana de una «iniciativa popular», suscrita por más de dos millones de electores, según el fallo de Luiz Fux, cuyo dictamen preliminar del 14 de diciembre obliga a un nuevo trámite de la propuesta por los diputados.
Cámara y Senado recurrieron al STF, pidiendo reconsiderar el fallo de Fux, con el argumento de que viola la independencia y los poderes del Poder Legislativo. Además el proyecto fue «formalmente» presentado por cuatro diputados, ante la dificultad de validar las firmas populares.
Es una cuestión que el Supremo Tribunal solo dirimirá tras su receso del 20 de diciembre al 2 de febrero.
Fallos individuales, provisionales y pendientes de ratificación por el pleno de los 11 «ministros» (magistrados) del STF, se hicieron frecuentes. En esta crisis están provocando corrosión en la autoridad del máximo tribunal brasileño, como última instancia judicial y guardián de la Constitución.
«Viene de lejos esa fragmentación de su jurisdicción, manifiesta en la exacerbación de decisiones ‘monocráticas’ (individuales dentro de un cuerpo colegiado). Cada ‘ministro’ actúa como si representase la propia Corte», en una tendencia que ahora «alcanzó su apogeo», comentó Oscar Vilhena, director de la Escuela de Derecho de la Fundación Getulio Vargas en São Paulo.
Mencionó como los últimos ejemplos los fallos de Fux y otro de Marco Aurelio Mello, quien marginó provisionalmente de la presidencia del Senado a Renán Calheiros, ante cargos por presunto desvío de dinero público para pagar la pensión de una hija extraconyugal.
Un procesado penal no puede ostentar la presidencia de la República, dicta la Constitución, y por tanto no puede encabezar el Senado, porque en esa función podría sustituir al jefe del Estado en caso de su eventual ausencia, arguyó Mello.
Dos días después, el 7 de diciembre, el STF desautorizó en sesión plenaria ese dictamen que no llegó a acatarse. El fallo generó protestas populares y dividió aún más al supremo tribunal.
Los fallos individuales, sin urgencia que los justifique, fueron criticados públicamente por el magistrado Gilmar Mendes, como dictatoriales e «ilegales». Mendes es conocido por anticipar opiniones sobre materias aún por debatir en el STF y polemizar de forma agresiva con sus pares.
Pero fue también autor de decisiones «monocráticas» controvertidas, como anular el 18 de marzo el nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como jefe del Gabinete Civil (equivalente a ministro secretario de la Presidencia), por sospechar que él buscaba escapar a las investigaciones de corrupción en su contra.
Los miembros del gabinete ministerial son parte del grupo que goza de un fuero especial por el que solo pueden ser juzgados por el STF.
Mendes también demoró el dictamen del STF que prohibió el financiamiento empresarial de campañas electorales, al pedir tiempo para examinar mejor el tema, en abril de 2014 y emitir su voto solo un año y medio después. Su posición fue claramente dilatoria, porque el fallo ya tenía una mayoría de seis votos a favor.
«Es comprensible que los ministros deseen ejercer el máximo de poder posible, es la naturaleza humana. Pero el desplazamiento del poder del colegiado para los gabinetes individuales sobrepasó los límites razonables, provocando hendiduras en la autoridad del STF. Llevará tiempo reconstruirla», evaluó Vilhena a IPS.
Un contragolpe del Senado fue aprobar una ley prohibiendo sueldos que sobrepasen un límite fijado por la Constitución, afectando principalmente el Poder Judicial, cuyos miembros reciben abultadas remuneraciones.
Jueces anticorrupción
La cruzada contra la corrupción, encabezada desde 2014 por un juez de primera instancia, Sergio Moro, y un grupo de fiscales, ya condenó con penas de prisión y abultadas multas a 118 personas acusadas dentro de la Operación «Lava Jato» (autolavado de vehículos) del Ministerio Público y la Policía Federal.
Con la colaboración de los 77 dirigentes de Odebrecht, dobla la cantidad de reos que optaron por la llamada «delación premiada» para lograr reducción de sus penas.
Más de 200 políticos estarían entre los presuntos sobornados por el grupo empresarial, según trascendidos. El primer testimonio conocido, de Claudio Melo Filho, exdirector de Relaciones Institucionales de Odebrecht, denunció que 48 políticos recibieron dinero de la empresa para favorecerla en licitaciones y leyes.
Un tercio de los acusados pertenece al ahora gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que encabeza desde hace 15 años el presidente Michel Temer, dos de sus ministros y otros dirigentes parlamentarios.
La sobrevivencia de muchos políticos depende de la lentitud del STF, que se agravaría ante la avalancha de casos para investigar y de juicios, ante insuficiencia de pruebas, irregularidades que anulen procesos y posibles iniciativas políticas, como acuerdos de amnistía, por ejemplo, para quienes usaron dinero ilegal solo en campañas electorales.
Mientras, otros dirigentes luchan por sobrevivir a otros procesos e la justicia ordinaria. Lula, por ejemplo, afronta cinco causas por supuestas compras de apartamentos y de la sede para el Instituto Lula, con ayuda financiera de distintas empresas.
Michel Temer, mencionado 43 veces en el testimonio del primer colaborador de Odebrecht, está protegido por la Constitución que solo admite la inhabilitación del presidente de la República por «delitos de responsabilidad» cometidos en el ejercicio de su mandato.
Pero su elección como vicepresidente en 2014, en la fórmula encabezada por Dilma Rousseff, destituida como mandataria por el Senado el 31 de agosto, puede ser anulada si el Tribunal Superior Electoral comprueba ilegalidades durante la campaña.
Los directivos de Odebrecht ya aseguraron que la empresa aportó recursos ilegales para esa campaña.
Además la frustración de expectativas económicas, le está mermando respaldo del sector empresarial y de legisladores, alimentando dudas sobre su permanencia en el poder hasta el último día de 2018.
- Editado por Estrella Gutiérrez
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
