Todos los electores con una cierta conciencia política deben recordar que el caso o la causa de los ERE es uno de los más sonados en España relacionados con la corrupción política.
El desvío de fondos con el que se benefició el Partido Psoista a costa de no destinarlo a ayudas sociolaborales -tan necesarias en aquella Comunidad- y mantener así la red clientelear del PSOE se cifró en 714 millones de euros. Implicados en el asuntos están veintiún ex altos cargos de la Junta de Andalucía, bajo el gobierno del citado partido, con los expresidentes Manuel Chavez y José Antonio Griñán a la cabeza.
Como hemos tenido un año muy electoral, desde las elecciones andaluzas del pasado mes de diciembre en las que el PSOE perdió por primera vez su reino, y como el Partido Psoista está al frente del Gobierno de la nación desde la moción de censura que defenestró a Mariano Rajoy, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia no acaba de dictar sentencia a lo que está visto para sentencia desde el pasado 17 de diciembre de 2018.
Puedo asegurar, con relación a la noticia que daba para el 26 de octubre la resolución de caso, que así como me parecía hacedero que la sentencia del procés se dictara antes del 10 de noviembre -ocasionando el clima menos idóneo para una cita con las urnas en Cataluña-, jamás creí que la de los ERE de Andalucia se conociera quince días antes de la cita electoral.
Tal como podemos ver en la ilustración que acompaña este comentario, hace unos días tuvimos noticia de que la investigación judicial sobre el robo del teléfono móvil de una colaboradora del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, seguirá siendo secreta al menos un mes más, hasta nueve días después de las elecciones generales del 10-N. El auto de prórroga del secreto firmado por el juez Manuel García Castellón, del Juzgado Central de Instrucción Seis, fechado el 18 de octubre de 2019, viene así a retrasar nuevamente que las partes -y los electores en general- puedan conocer los detalles de esta investigación.
El teléfono en cuestión apareció en el domicilio del excomisario Villarejo, sobre quien pesan acusaciones por múltiples delitos, y en la causa se investiga cómo y quién ejecutó el robo, y si el tal Villarejo actuó por su cuenta o por encargo del entonces ministro del Interior Fernández Díez y su policía política.
Como no podía ser menos, el partido afectado por la prórroga, Podemos, la ha considerado excepcional, subrayando que siempre se han dado coincidencias de este tipo en momentos electorales cruciales.
No encontrarán la lectura editorial que se desprende de las dos noticias comparadas en ningún medio de comunicación del bipartidismo mediático vigente. Se me ocurre como titular a ese editorial imposible el que doy a este artículo.
