Prostitución en Cuba: urge el debate público

Tras décadas de prohibición al negocio del sexo y duras condenas al proxenetismo y la trata, la compraventa de servicios sexuales amenaza con afianzarse en Cuba y urge el debate público al respecto, alertan especialistas, activistas y observadores consultados por IPS, escribe Ivet González[1] desde la Habana.

«La prostitución se ha convertido en un problema», aseguró la médica Marta Elena Herrera. «Y ya no es solo para el sexo femenino, ahora los hombres también participan y no como antes, cuando eran solo los chulos (proxenetas)», indicó en referencia a los trabajadores sexuales masculinos, llamados aquí «pingueros».

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Un grupo de jóvenes reunidos en el patio del Proyecto Cultural «Mejunge», uno de los espacios frecuentados por turistas foráneos, en la ciudad de Santa Clara, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

A juicio de Herrera, «la afluencia de turismo (internacional) es algo que impacta bien fuerte». Mientras la editora Idania Torres lamentó que «el tema casi desapareció desde el punto de vista social y público» en los últimos años, en un país con un tratamiento abolicionista y preventivo de esta práctica, según fuentes expertas.

La socióloga Reina Fleitas calificó a la prostitución de «brecha que refleja como aún no se ha logrado desmontar todo el sistema patriarcal que hace de una mujer una mercancía». Y Alberto Roque, activista «queer» (ajeno a las identidades sexuales convencionales), criticó que «los estudios académicos sobre prostitución son censurados sin ambages».

Roque, quien además de responder a IPS escribió al respecto en su censurado blog Proqueer, instó a la sociedad a no «condenar moralmente» a quienes ejercen esa actividad por ser sexual sino porque «es organizada por y para los hombres y se basa en la explotación violenta de mujeres, mujeres trans y hombres».

Además, el también médico apoyó la propuesta del estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) «de penalizar al cliente y de ampliar el debate académico y popular en relación a las causas, impactos y el análisis franco de los valores morales y sociales que se ponen en juego cuando de prostitución se trata».

Con una mirada inclusiva y de género, el Cenesex figura entre las instituciones cubanas con un trabajo desplegado hacia las personas que practican sexo comercial, con énfasis en la vulnerable población transgénero. Y organiza un inusual simposio internacional sobre estos asuntos polémicos.

La segunda edición del Simposio Internacional Violencia de Género, Prostitución, Turismo Sexual y Trata de Personas, se celebró del 23 al 25 de enero de 2017 en el habanero Centro Internacional de Salud La Pradera. En esta ocasión, se dedicó a «Berta Cáceres in memoriam», en homenaje a la luchadora ecologista hondureña asesinada en 2016.

El encuentro reunió a 80 participantes, entre ellos investigadores, activistas y académicos, de Alemania, Canadá, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Francia, México, Nicaragua y Suecia. Recibió más atención en la prensa local, toda estatal, que la primera edición hace cuatro años.

Tras la Revolución Cubana de 1959, declarada socialista en 1961, se prohibió el negocio del sexo y las entonces trabajadoras sexuales recibieron atención y capacitaciones para acceder a otros empleos. Con la crisis económica que comenzó en 1991 y la apertura al turismo internacional, la prostitución rebrotó hasta la actualidad.

La legislación vigente no tipifica la prostitución como delito pero castiga con confiscación de bienes y hasta 20 años de cárcel el proxenetismo, pornografía, trata de personas y corrupción de menores, que se agravan en casos de ser cometidos por agentes policiales, trabajadores del turismo y la salud, entre otros establecidos.

Faltan cifra oficiales sobre su extensión, aunque en 2015 el gobierno comenzó a emitir un informe anual sobre trata humana con casos relacionados con la prostitución, y el abordar este asunto resulta complejo por los prejuicios morales y divergencias hasta ideológicas que desencadena en este país insular de 11,2 millones de habitantes.

Por esa razón, la investigadora Rosa Campoalegre, con estudios sobre el fenómeno en el ámbito familiar y de delincuencia juvenil, resaltó en conversación con IPS «la audacia académica y ciudadana del simposio, al poner estos temas a debate con sus tensiones y diferentes enfoques».

En una conferencia ovacionada en el encuentro, esta experta del estatal Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas defendió que las personas en condición de prostitución deben ser atendidas con políticas de cuidados, «lejos de lo penal» y sin volver a victimizarlas.

Además, alertó que hoy aparecen nuevas formas de prostitución y se deben actualizar las estrategias de prevención a la cambiante realidad del país.

El cóctel de nuevos escenarios señalados durante el simposio incluye la mayor inserción de Cuba en la economía global, el crecimiento de la propiedad privada y cooperativa, el incremento de las desigualdades sociales y el boom turístico, que al cierre de 2016 alcanzó la cifra récord de cuatro millones de visitantes internacionales.

El despegue del turismo, segundo renglón de la deprimida economía cubana, constituye una «amenaza, que también es una oportunidad», contrapunteó Campoalegre, mientras destacó que esa boyante actividad «no es el único factor» que genera el comercio sexual.

Subrayó que «hay múltiples causas a enfrentar como sociedad», con respuestas de «estrategias y articulación, además de antídotos como información, educación, fortalecimiento de las familias y empoderamiento de las personas».

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Mariela Castro Espín, segunda por la izquierda, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), mientras presidía el segundo Simposio Internacional Violencia de Género, Prostitución, Turismo Sexual y Trata de Personas, realizado en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

La directora del Cenesex, Mariela Castro Espín, revisó en el simposio experiencias como las de Holanda y Bélgica, donde es legal el trabajo sexual. Ambas naciones aplican el enfoque, incluso con partidarios en Cuba, que considera la actividad como un empleo más y el derecho de las personas a ejercerlo con seguridad.

La sexóloga también compartió su visión sobre el caso de Suecia, que fue el primer país del mundo en condenar al cliente que paga por servicios sexuales. Se mostró a favor de aplicar en Cuba esta medida porque «convertirse en mercancía sexual quita derechos a las personas» y se llega a serlo debido a desventajas sociales.

Pobreza y otras vulnerabilidades encontró el investigador Rubén Herrera, del cubano Ministerio del Interior, cuando estudió a 82 mujeres que ejercían la prostitución con extranjeros en la capital cubana y sus familias.

Reveló en el simposio que ellas eran jóvenes mayoritariamente mestizas, seguidas por blancas y negras, provenientes de familias disfuncionales y permisivas, que viven en condiciones de hacinamiento y no pueden cubrir las necesidades básicas de alimentación, vestido y calzado. Además, indicó que en ellas se erosionaron los valores.

Una de cada tres mujeres se inició en la actividad antes de los 18 años, apuntó Herrera, quien alertó sobre la tendencia al adelanto en la iniciación. Y la mayoría refirió como motivo solucionar carencias materiales, porque cobran entre 50 y 200 dólares, dependiendo del servicio.

«El enfrentamiento al proxenetismo se ha podido incrementar en los últimos años gracias a las denuncias de las mujeres víctimas», aseveró el experto, que remarcó el carácter prioritario otorgado al asunto por el Estado cubano.

«Todo esto es resultado de alguna manera de carencias materiales pero también de información y valores», declaró a IPS la pedagoga Alicia González. Conminó a la escuela a fortalecer la prevención de «conductas de riesgo como relaciones precoces, no protegidas, sexo grupal y tener relaciones por interés económico».

  1. Editado por Estrella Gutiérrez
  2. Publicado inicialmente en IPS Noticias
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